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Nuevo gobierno abre el juego de la ley de urgencia y da tres semanas para sugerir cambios

La administración electa quiere que a mediados de febrero se redacte el documento final 

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23 de enero de 2020 a las 05:00

Por primera vez desde que ganaron en la segunda vuelta el 24 de noviembre, los líderes de todos los partidos que integran el gobierno electo de coalición se sentaron alrededor de una misma mesa. Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón y Rodrigo Ferrés de un lado; Guido Manini Ríos, Ernesto Talvi y Pablo Mieres (en ese orden), del otro; y Edgardo Novick en una de las cabeceras, un poco alejado del resto. El motivo del inédito encuentro fue la presentación del esperado proyecto de ley de urgente consideración, un documento de 459 artículos que será enviado por el nuevo Poder Ejecutivo al Parlamento en los primeros días de marzo y que implicará varias semanas de discusiones y negociaciones.

Lacalle Pou, Ferrés y Argimón transmitieron durante la reunión con los demás líderes de la coalición que cada partido deberá enviar sus recomendaciones, críticas y sugerencias, y que el plazo para hacerlo vence a mediados de febrero. Ferrés, designado prosecretario de la Presidencia de la República y encargado de la redacción del proyecto de ley, será junto con Argimón el responsable de recabar todas las opiniones y en la segunda quincena de febrero redactaran el documento final, para poder remitirlo al Poder Legislativo a principios de marzo.

La reunión entre los socios de la coalición duró más de dos horas y consistió de una presentación genérica de los principales artículos que contendrá la extensa ley, a la que Lacalle Pou y su equipo gustan llamar “ley ómnibus” porque contiene diferentes temas. El presidente electo dijo este miércoles en Primera Mañana de El Espectador que los partidos pueden sugerir aumentar "a 600" o bajar a "200" los artículos, haciendo referencia a las sugerencias que se recibirán.

Aunque la tensión estuvo ausente en la reunión de este miércoles, según narraron sus participantes, el debate y las negociaciones sobre qué incluir en el texto ocurrirá mientras los socios de la coalición expresan algunas de sus diferencias. Las elecciones departamentales de Montevideo son un caso concreto en el que por estos días ponerse de acuerdo no le está siendo tarea sencilla a los partidos.

Cabildo Abierto opone resistencia a que se utilice el lema del Partido Independiente, algo que los demás partidos comparten,  y prefiere que se use el de su partido. De hecho, la ministra de Vivienda designada, Irene Moreira, dijo que Cabildo Abierto y el Partido Independiente había que “limar rispideces”.

Mieres, en tanto, sostuvo este miércoles que no creía que hubieran “rispideces” pero sí “diferencias ideológicas y políticas” que tienen y seguirán teniendo. “Las coaliciones son entre diferentes, no entre iguales”, señaló.

En tanto, Manini Ríos y Talvi se contradijeron por ese punto. “No es lo que corresponde (ir con el lema Cabildo Abierto). Obtuvo una votación muy sustantiva. Entonces la identidad de una coalición tiene que estar marcada por un partido más neutral en términos de su peso electoral”, señaló Talvi este miércoles, a lo que Manini Ríos retrucó, sin haber escuchado las declaraciones del líder colorado: “Cabildo Abierto también puede ser el lema que aúne a todos los partidos. Puede ser perfectamente, no veo por qué no considerarlo inicialmente”.

Lacalle Pou dijo en la noche de este miércoles durante una conferencia de prensa que en el correr del período "van a existir este tipo de tensiones y fricciones" entre los coaligados, las que consideró "lógicas". Según el presidente electo, "lo importante" es que sean en "buen tono" y que se cumpla con los acuerdos.

"Lo importante es el tono. El tono siempre ha sido bueno y de respeto. Ustedes han visto que coincidimos en lo central ¿Vamos a coincidir en todo? No. Vamos a coincidir en lo principal. Así se sostiene una coalición de gobierno", dijo. 

Argimón, en tanto, aseguró en otra conferencia de prensa que donde sí hubo acuerdo a priori fue en “considerar el proyecto de ley de urgente consideración como un instrumento muy útil para el inicio del gobierno”.

Diez secciones

El documento está dividido en diez secciones. La primera es sobre seguridad pública y consta de 94 artículos. Una segunda sección fue destinada a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que liderará Álvaro Garcé. Para ese capítulo destinaron siete artículos. En tercer lugar, el proyecto de ley incluye 67 artículos relativos a la educación y más de 100 para economía y empresas públicas. La quinta sección fue destinada a la eficiencia del Estado, con más de 60 artículos, la sexta para el sector agropecuario, con más de 30 y la séptima para relaciones laborales y seguridad social, con diez artículos.

Desarrollo social y salud ocupan la octava sección, con casi 40 artículos entre ambos temas y el noveno punto fue destinado a normativa específica sobre la emergencia en vivienda, con casi 50 artículos. Por último, hay nueve puntos que destinaron a “otras disposiciones”.

Pocos minutos después de haberle presentado el documento a los socios de la coalición, Argimón y Ferrés fueron hasta el anexo del Palacio Legislativo a reunirse con la bancada de legisladores electos del Partido Nacional para compartir una presentación que también hicieron para los líderes partidarios.

Argimón dijo a la salida del encuentro con legisladores blancos que se trató de una presentación “muy genérica” y remarcó que se trata de un “anteproyecto” porque se nutrirá de los aportes que hagan los partidos.

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. 

Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días.

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