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Oficialismo eludirá valoración política y ética de Cardoso
La coalición de gobierno eludirá hacer una evaluación política y ética de las acciones de Germán Cardoso en el Ministerio del Turismo, y defenderá que el exjerarca, cuestionado por una serie de presuntas irregularidades, siempre actuó amparado en la legalidad y que no pudo comprobársele ningún ilícito.
Esa es la conclusión principal a la que llegaron los legisladores del oficialismo en el final del trabajo de la Comisión Investigadora. “No hay elementos que ameriten la tipificación de ningún delito”, dijo el diputado Conrado Rodríguez, que tendrá a su cargo el informe en mayoría que el oficialismo promoverá en el pleno de la Cámara en una sesión extraordinaria el 9 de diciembre.
En diálogo con El Observador, el legislador colorado subrayó la diferencia entre estar o no de acuerdo con las decisiones de un ministro y el apego a la normativa que dicho ministro haya tenido en su gestión. “Lo que nos limitamos a hacer es verificar el cumplimiento de la normativa –dijo Rodríguez–. Eso era lo fundamental en la comisión. Y lo que vemos es que no hay nada que haya significado la tipificación de un delito”.
Se trata de una visión compartida en el resto de las fuerzas políticas que integran el oficialismo. “No estamos en condiciones de afirmar que hayan existido arbitrariedades o irregularidades”, coincidió el diputado blanco Juan Martín Rodríguez consultado por El Observador. “Sus decisiones pueden ser cuestionables, pero no quiere decir que implican una ilegalidad”, añadió.
Pese a que a título personal algunos conceden ciertos reparos a determinadas actuaciones del ministro, en el oficialismo no profundizarán en las valoraciones sobre la validez o el alcance de los cuestionamientos hacia Cardoso, más allá de lo estrictamente jurídico –terreno en el cual, por cierto, en la oposición sí entienden que también puede haber cuestionamientos–.
Juan Martín Rodríguez, que presidió la comisión, sostuvo que el trabajo del grupo permitió “confirmar” que, por la propia naturaleza del Ministerio de Turismo, en el que la mayor parte del gasto se produce en publicidad, las compras directas son la norma y no la excepción, y abunda la discrecionalidad. En el caso de Cardoso, según añadió, “evidentemente la discrecionalidad ha estado presente”.
El diputado nacionalista remarcó sin embargo que todo ello se dio al amparo de lo que dictamina el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que prevé “razones de urgencia” para admitir esa excepcionalidad.
Rodríguez apuntó a la “multiplicidad” de observaciones que el Tribunal de Cuentas (TCR) efectuó en anteriores administraciones y llamó a visitar la página web del Parlamento y verificar que el TCR envió a la Asamblea General , durante las últimas dos gestiones del Frente Amplio, 105 informes sobre gastos observados y reiterados durante la gestión de Kechichian. En 120 meses, apuntó, eso significó prácticamente una observación al mes, mientras que en la gestión Cardoso solo hubo tres observaciones reiteradas, una cada seis meses. Dos de ellas, además, fueron sobre gastos originados en la anterior administración, según remarcó.
En total, de acuerdo a los números del diputado blanco, Cardoso registró 673 observaciones durante su período. En los diez años anteriores, las administraciones frenteamplistas recibieron 9820. “Me parece que es un poco mucho”, apuntó Rodríguez.
El diputado nacionalista se refirió a otra de las acusaciones contra Cardoso: la falta de certificación, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de algunas de las compras directas por excepción. La explicación es que, las “circunstancias de urgencia” de determinados gastos vuelven imposible obtener esa certificación antes de comenzar a ejecutar el gasto. Una situación que apuntó, ocurrió y así está reconocido durante la gestión de Kechichian y que, además, “probablemente, sigue ocurriendo”.
Rodríguez sostuvo además que el propio TCR, en una resolución de 1998, habilita compras de publicidad sin certificación. La reflexión general en el oficialismo es que –desde el punto de vista administrativo–, si Cardoso cometió alguna irregularidad, necesariamente también lo hizo Kechichian.
Kirma y Elbio Rodríguez
El caso Kirma se convirtió en el eje central de los cuestionamientos a la gestión Cardoso, y los testimonios recabados por la comisión permitieron conocer que la propuesta de la empresa con sede en Estonia fue acercada y promovida por Elbio Rodríguez, un empresario amigo de Cardoso que colaboró a su pedido con la gestión en los primeros meses, pero que declaró haber sugerido a Kirma con intereses privados, más allá de que contaba con acceso a información del ministerio y varios funcionarios y mandos medios lo creían un “asesor honorario” del ministro.
Sin embargo, en la coalición de gobierno consideran que, legalmente,no nay nada que objetar en torno al rol de Rodríguez y el finalmente infructuoso intento de contratación de Kirma Services OU, que naufragó luego de que el Banco República impidiera transferir a la cuenta bancaria de la empresa en Bélgica por contravenir sus normas antilavado.
Rodríguez argumentó que Kirma existía previamente a la gestión Cardoso y así quedó demostrado cuando pretendió prestar servicios en las gestiones frenteamplistas. Al respecto, tanto el legislador nacionalista como Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, aludieron al testimonio del exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff ,ante la comisión.
“En algún momento, creo recordar que un mail que había llegado hablaba de una oferta”, fue la respuesta de Liberoff ante los legisladores cuando concurrió al Parlamento.
“La vinculación de Kirma con (Elbio) Rodríguez nadie la discute”, señaló el diputado nacionalista. “Él lleva la propuesta a la agencia que trabajaba con el ministerio, que termina determinando una oferta que, por una serie de factores, no se termina concretando”, dijo. Al respecto, el legislador adhiere allí a la visión de Cardoso: se trató de un tema “entre privados”, que no le ocasionó ningún gasto al Estado.
Eso pese a que el empresario fue “invitado” –en sus propias palabras– por Cardoso, que lo presentó puertas adentro como una persona que estaba para dar “una mano” en la gestión y el diseño del plan de medios digital, y también al hecho de que accedía a información interna del ministerio.
Entre los que le proporcionaron ese acceso está el director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien siempre vio a Elbio Rodríguez como un “asesor honorario” y no un operador privado. De hecho, en su declaración ante la comisión, Pérez Banchero –responsable de denunciar públicamente a Cardoso por las presuntas irregularidades– destacó el balance “positivo” que había dejado Rodríguez en su colaboración con el ministerio.
Juan Martín Rodríguez, sin embargo, dice que todo queda en el terreno de las “especulaciones”. “Si de especulaciones se trata, cualquiera puede armar una tenovela”, expresó. “Desde el punto de vista de la legalidad, no puedo decir que hubo algo apartado de la normativa”.
Sobre Elbio Rodríguez, la conclusión es que, al carecer de un vínculo funcional con el ministerio, la comisión no podría determinar ningún tipo de responsabilidades. “Si fuese ministro, hay cosas que no permitiría –señaló el diputado blanco–, pero eso va en cada persona”.
“No estamos acá para respaldar la gestión de Cardoso”, remarcó el presidente de la comisión, pero también abrió la puerta a ciertos matices en los juicios. “Después que pase todo esto, podré opinar sobre la gestión de alguien que le tocó ser ministro en medio de una pandemia. Salinas la tuvo difícil, pero ser ministro de Turismo en plena pandemia te la regalo”, concluyó.
Telaraña de intereses
El diputado Gustavo Olmos será el encargado de elevar el informe en minoría del Frente Amplio, que ratificará el contenido de la denuncia penal elevada a mediados de setiembre ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
Según señala, la actuación de la comisión “confirmó” la presunción de “graves irregularidades” en torno a una “teleraña de intereses pocos claros” que involucran a Cardoso y su círculo cercano. La oposición considera que la Justicia debería detenerse en particular en qué pasó en realidad con el intento de contratación de Kirma, así como el rol de Elbio Rodríguez en el ministerio; sobre todo en las contradicciones entre Cardoso y el empresario, que dieron versiones distintas en torno a cómo llegó allí y qué función fue la que efectivamente llegó a cumplir. l
