Ollas populares, "relatos" y el derrame que no llega

Al mismo tiempo, se fue tejiendo rápidamente en torno a este tema una polémica centrada en el manejo del gobierno de la asistencia social, y la madeja fue creciendo al punto que se habla de “relatos”.

Del lado de la oposición, el relato se construye en torno a las siguientes y reiteradas aseveraciones:
“El Estado está ausente”
El Frente Amplio, el PIT-CNT y las organizaciones sociales de izquierda vienen repitiendo desde el peor momento de la pandemia que el Estado se ha retirado de las zonas más pobres. Ya en la marcha de la diversidad de hace un año (2021) la plataforma de la central sindical era marchar “porque el Estado está ausente: porque dejó de implementar programas en los territorios, porque redujo programas de vivienda que priorizaban a las poblaciones más vulneradas, porque la ayuda humanitaria no llega o lo hace de forma tardía, porque somos las organizaciones sociales y la sociedad civil quienes sostenemos la alimentación de miles de personas, porque los programas de canastas existentes están viciados de amiguismos con integrantes del gobierno”, decían en relación a la ONG Uruguay Adelante.
 “En Uruguay hay hambre”
Desde tiendas izquierdistas hacen hincapié siempre que pueden en que hay uruguayos pasando hambre. La intendenta Carolina Cosse decía el 20 de setiembre que la cantidad de personas que se alimentan en ollas populares "es una problemática": "Nos tiene que dar vergüenza que haya 300 ollas”, dijo a Bloomberg Línea. 
En junio se retomó en el Parlamento la Comisión Especial del Derecho a la Alimentación. En la presentación, la diputada frenteamplista y vicepresidenta de la comisión, Cristina Lustemberg, aseguró que la oposición está trabajando “para que Uruguay asuma que estamos en una situación de emergencia alimentaria”, aunque admitió que es un problema “estructural” que “ahora está agravado por la pandemia”.
El problema existe y lo padecen aproximadamente dos de tres uruguayos según el último reporte de Naciones Unidas de 2021. Ese estudio muestra que la prevalencia en Uruguay de inseguridad alimentaria grave o moderada es de 23,5%. (La inseguridad es moderada cuando una persona  omitió una comida y es grave cuando la persona está todo un día sin comer, varias veces durante el año).
 El gobierno se embarca en una "estrategia muy clara" de "humo para tapar polémicas"
Ante la innegable crisis en el gobierno por el escándalo del exjefe de la custodia del presidente, el hecho de que haya coincidido el enfrentamiento del Mides con la CPS esta semana motivó la frase de la senadora frentista Silvia Nane al plantear que el Partido Nacional “insiste” con el tema “porque tiene la necesidad de que se hable de otras cosas”, distintas a “la corrupción de la seguridad del presidente, los pasaportes (falsos de Astesiano), la seguridad de nuestros datos”. “Es muy clara esa estrategia. Tenemos que poder levantar la mirada y discutir los problemas en serio”, criticó Nane.

Del lado del oficialismo se responde:
 Que el Estado ha estado presente con políticas
El director de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, Antonio Manzi, resaltó que el gobierno ha duplicado en transferencias los recursos destinados a beneficiarios del Mides desde el inicio de la pandemia. Y se reivindica haber quitado el tope a las asignaciones familiares del Plan de Equidad, del que forman parte 198 mil familias, el Bono Crianza de $1.500 dirigido a hogares con niños de 0 a 6 años, que beneficia a 30 mil núcleos familiares, el Bono Social de UTE, que implica un ahorro de hasta 90% en el gasto de energía al que se adhirieron 118 mil hogares, el congelamiento del precio del supergas y un descuento del 50% en recargas para aquellos hogares de mayor vulnerabilidad, y la implementación de un IVA diferenciado para hogares beneficiarios de Asignaciones Familiares Plan de Equidad.
   Hay "disminución de las ollas"
Al comparecer en el Parlamento por la Rendición de Cuentas, el 20 de setiembre, el responsable de Uruguay Adelante Santiago Pérez dijo que la estimación de ellos habla de una sensible baja en la cantidad de gente que necesita ir a ollas y a merenderos: habrían pasado de 100 mil a 60 mil en el último año, aunque aclaró que se trata “una estimación”. Dijo que Uruguay Adelante atendió en forma directa a 40.808 personas, de las que 21.377 eran niños, una cifra bastante estable: en 2021 se habían atendido a 44.409 comensales, de los que 22.854 eran menores. Pérez dijo que su organización ha entregado en promedio 75 toneladas de comida por semana, y que estiman que unas 20 mil personas estarían en el universo de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS). Pérez lamentó que desde octubre del año pasado esa organización no aportara datos.
 Que los organizadores de las ollas hacen política
“Uno siente que, semana tras semana, aparecen algunos temas que tienden a construir falsos relatos de lo que pasa en la sociedad”, declaró la vicepresidenta Beatriz Argimón. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que la demora de la CPS en entregar la información sobre el universo de ollas populares deja "en evidencia" que "se intentó fabricar un relato falso en materia de alimentación”. Por su parte, el senador Jorge Gandini, declaró que las ollas en este país "existieron antes de la pandemia y antes de este gobierno".. "Estas son las ollas avaladas por el Frente Amplio. Tengo pruebas de que en plena pandemia para ir a retirar la comida había que participar antes de los talleres de información contra la LUC. Y el que no iba, no retiraba”, acusó.
 
Un cambio de “paradigma”

El cambio de signo político, trajo un “nuevo paradigma” de atención a la población vulnerable a través del Ministerio de Desarrollo Social que generó polémica, por que fue considerado por la oposición “una tercerización” con la intervención de una ONG “amiga”. Aunque olvidan que también hubo otras ONGs “amigas” actuando con las anteriores administraciones.

El convenio con Uruguay Adelante se dio a conocer el 15 de abril de 2021. El entonces ministro Pablo Bartol (que el 1 de mayo dejaría la cartera) lo valoró como “un apoyo histórico del Estado uruguayo a las ollas populares”. Un mes antes, Bartol había firmado la resolución para autorizar la compra directa por excepción. El convenio se tuvo que hacer a través de otra ONG porque esta no tenía personería jurídica. Ahora se conoció que su director cobra un sueldo cuando la ley no lo permite, otro aspecto que levantó críticas hacia la organización.

La ONG planteó que su objetivo es "ser un agente clave en el cambio de paradigma de un estado asistencialista a uno que acompañe, dé herramientas y empodere a sus ciudadanos". Su director —quien había encabezado el movimiento "Todos por Dolores" luego del tornado de 2016—, propuso al Mides dejar de “dar el pescado”, y profundizar la capacitación de sus ciudadanos “a la hora de pescar”.

Finalmente se montó un sistema de distribución que implica que Uruguay Adelante organiza el abastecimiento a las ollas y merenderos. La Coordinadora Popular y  Solidaria (CPS), con la Intendencia como intermediaria, iba a levantar los insumos almacenados en el galpón de la asociación.

El pasado fin de semana, luego de un ultimátum del Mides, la CPS entregó información. Tras analizar los datos el Mides anunció en conferencia de prensa “irregularidades”: que por lo menos 20 ollas y/o merenderos están duplicados, que hay 12 iniciativas a las que faltan datos sobre ubicación y días de actividad y que hay ocho ollas de Durazno, Rocha, Salto y Maldonado a las que la CPS destina insumos semanalmente, cuando el convenio establecido con Uruguay Adelante aplica solamente para el área metropolitana.

"Se ha perdido la confianza", dijo Lema tras decidir sacar a la coordinadora deje de actuar como intermediaria. Rápidamente el partido se subió al “escándalo”. Lema hizo la conferencia desde el Parlamento rodeado de los legisladores blancos y la presidenta de la departamental del PN, Laura Raffo calificó esos hechos de “muy graves”.

La CPS aclaró que los datos eran inexactos porque los habían recolectado en el apuro. "Somos una organización de ollas populares, de voluntarios, no una consultora", dijo Esteban Corrales, uno de los voceros. Aclararon que ofrecen 840 mil porciones cada mes.

Las ollas no deberían existir pero si el Mides decidió extender el apoyo estatal hasta febrero de 2023 es porque se necesitan. Como ordenador del gasto, el ministerio tiene derecho de organizar el sistema de distribución de los alimentos como lo considere mejor, siempre que sea transparente y que los alimentos lleguen a quienes los precisan. Por eso también para que ello se cumpla los actores que intervienen deben aportar la información.

Dejando afuera la política, es difícil evaluar cuánto impactan las medidas aplicadas por el gobierno en la economía doméstica de los más necesitados. Evidentemente el crecimiento económico y las cifras que han mostrado repuntes no derraman hacia abajo como lo demostró esta semana el dato de la pobreza que llegó a 10,7% en el primer semestre. Hacer que la plata alcance o al menos se estire es tarea de los gobernantes, lo de ahora y los que vendrán. Eso es procurar justicia: dar a cada uno lo que le corresponde.