Operación Océano: por qué solo uno de los 18 imputados fue a prisión

Este hombre, de 48 años, es un empresario paraguayo, que la justicia entendió que podía tener facilidades para irse del país mientras se desarrolla la investigación. Además fue el primer denunciado por una de las adolescentes y los investigadores del caso tienen indicios de que su participación en los delitos podría ser mayor a la de otros imputados ya que oficiaba de intermediario para obtener beneficios económicos de la explotación sexual.

Fue imputado por un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, con reiterados delitos de proxenetismo –y delitos previstos en el artículo 277 bis del Código Penal que hacen referencia al contacto a través de internet con menores de edad "para cometer un delito contra su integridad sexual".

El imputado permanecerá en prisión hasta el 2 de agosto, y se le impuso la prohibición de comunicarse con la víctima.

El empresario tiene un antecedente por los delitos de estafa y falsificación de moneda del año 2009. En ese momento, la justicia de Maldonado lo procesó sin prisión luego de probarse que compró ganado en una zona rural de San Carlos y parte del pago ($ 6.000) lo hizo con billetes falsos. Junto a él fue procesado con prisión un cómplice por los delitos de estafa y coautoría de falsificación de moneda.

Antes de ser imputado por retribución a menores de edad, trabajaba como bróker, es decir, era intermediario en la compraventa de acciones en la bolsa.

Diez adolescentes, 30 hombres

La investigación por la que hasta el momento fueron imputadas 18 personas, liderada por la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, se inició con la denuncia que una adolescente realizó contra este hombre por abuso sexual en noviembre del año pasado, informó El País y confirmó El Observador.

En tanto, otro indagado presentó denuncia contra esa joven por difamación, ya que, según su versión, la adolescente publicó un video en una red social acusándolo de haber abusado de su amiga. 

Luego de las pericias realizadas a los celulares de las víctimas y del imputado surgieron datos de otras menores de edad presuntas víctimas de explotación sexual por parte de varios hombres mayores de edad, algunos de ellos ya imputados por la justicia.

Fuentes del caso informaron que en total hay aproximadamente diez adolescentes y cerca de 30 hombres involucrados, por lo que se prevé que las detenciones continúen en los próximos días.

Este miércoles fueron imputadas, además, otras dos personas a raíz de la investigación. Una mujer fue formalizada por contribución a la explotación sexual con reiterados delitos de proxenetismo y otro hombre por retribución o promesa de retribución a cambio de sexo.

La fiscalía había solicitado que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales  "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", aunque la justicia no aceptó ese pedido en todos los casos.

El grupo anterior de detenidos por esta causa fue juzgado este lunes. Ese día la justicia inició la investigación penal contra cuatro hombres por retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, el delito por el que fueron acusados casi todos los indagados, salvo en dos casos en que se imputó un delito de contribución a la explotación sexual. La promesa de retribución o retribución a menores para que ejecuten actos sexuales o eróticos tiene una pena que va de dos a 12 años de penitenciaria.

El contacto de los hombres con las adolescentes se inició a través de páginas web de citas o redes sociales, entre las que se encuentran Locanto (una página de clasificados), Tinder, Badoo y WhatsApp.

Hasta este miércoles, y al cabo de varios meses de indagatoria, fueron imputados un exjuez de menores, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto, un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo, además de varios empresarios, más profesionales, psicólogos y algunos docentes.

Entre los empresarios imputados se encuentra Ariel Pfeffer, directivo de Endeavor y uno de los promotores de la iniciativa empresarial "NoscuidamosEntreTodos", que este jueves emitió un comunicado a la opinión pública en el que afirmó tener la "certeza de que durante el proceso que se inicia quedará probada" su "absoluta inocencia".