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Fiscal del caso de adolescentes negó que haya una red de explotación sexual
La fiscal especializada en delitos sexuales Darviña Viera negó que el caso que viene investigando se trate de una red de explotación sexual, y defendió su decisión de no solicitar prisión preventiva para ninguno de los 11 hombres que han sido imputados hasta el momento porque no había méritos como para pedir esa medida cautelar.
Luego de lograr que la justicia imputara al segundo grupo de hombres, este miércoles de noche la fiscal se retiró de los juzgados de la Oficina Penal Centralizada sin hacer ninguna declaración porque la audiencia se había declarado "reservada". Viera explicó que lo pidió tanto ella como los abogados de los indagados, en el entendido de que hasta el momento se había "filtrado" información que afectaba a todas las partes.
Sin embargo, este jueves la fiscal accedió a responder algunas preguntas sobre el caso, aunque ninguna que violara la disposición impuesta por el juez Marcelo Malvar en la audiencia.
Ante la consulta de si las menores que sufrieron la presunta explotación fueron víctimas de una red sexual, la fiscal respondió que nunca había manejado esa información. "Yo no dije que fuera una red nunca. Hasta ahora, (eso es algo que) no nos surge", dijo.
En la primera de las dos audiencias, que tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, fue imputado un exjuez de Adolescentes, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto y un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Y en la audiencia de este miércoles, se divulgó que se trata de seis personas, profesionales y empresarios, y que entre los imputados se encuentra un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró "como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo", según un comunicado del sector en el que anunció la desvinculación del indagado del grupo político.
El delito tipificado para casi todos los imputados es el establecido por el artículo 4º de la ley 17.815: retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos. A su vez, a uno de los indagados se le imputó el delito de contribución a la explotación sexual. Ambos delitos tiene penas que van de dos a 12 años de penitenciaria.
Sin prisión
En ninguna de las dos audiencias Viera solicitó a la justicia que se dictara prisión preventiva como medida cautelar para los encausados. En cambio, la fiscal pidió que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia".
La justicia no aceptó ese pedido para los primeros cinco imputados –por una interpretación que dice que solo correspondería aplicarlo cuando recaiga condena–, pero sí accedió para los seis imputados de este miércoles. Para todos, se dispuso la fijación de domicilio y la prohibición y acercamiento a las víctimas.
Respecto a por qué la no se solicitó prisión preventiva, Viera respondió que "no están dados los supuestos procesales". Para la fiscal no existe ni fundado peligro de fuga, ni la posibilidad de que los imputados entorpezcan el desarrollo de la investigación o que haya riesgo para la sociedad o las víctimas del delito.
Víctor Della Valle, uno de los abogados de los imputados, este miércoles criticó la investigación de la fiscal Viera al salir de la audiencia. Dijo que manejaba "pruebas escasísimas", y que por esa razón apeló la formalización de la investigación penal contra su cliente.
