Nacional > DELITOS

En una década aumentaron diez veces los casos de explotación sexual de niños y adolescentes

Las autoridades afirman que ahora se denuncia más; los perfiles de víctimas y victimarios se repiten

Tiempo de lectura: -'

23 de mayo de 2020 a las 05:02

Las contactan por redes sociales, en un boliche o en la calle; les ofrecen dinero, ropa o drogas a cambio de sexo. En una minoría de los casos son las mismas víctimas las que hacen las denuncias, aunque generalmente es un familiar, alguien del entorno o de una institución el que percibe la situación.

Son múltiples las modalidades de explotación sexual que involucran a adolescentes y niños. En las últimas dos semanas hubo 11 imputados en el marco de la Operación Océano, liderada por la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, por presunta contribución a este delito.

Los hombres –entre los que se encuentran políticos, empresarios y profesionales de diversos rubros– estaban en listas de contactos del celular de una adolescente que realizó una denuncia, aunque fuentes de las investigación aseguran que hay varias menores de edad involucradas y, del mismo modo, otros hombres son investigados y eso podría derivar en más detenciones.

Entre los años 2007 y 2009, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), trabajó en 20 casos de explotación sexual de menores de edad. 

En 2019 fueron 240, algunos identificados y otros ya confirmados por la justicia con imputaciones. "Estamos mirando más y mejor", dice el presidente de Conapees, Luis Purtscher, señalando que no significa que hayan aumentado las situaciones, sino que se denuncia más, como sucede con el abuso sexual y la violencia doméstica.

Este delito está contemplado en la ley 17.815 de violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces. En el artículo 4 tipifica la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo –por el que fueron imputados la mayoría de los hombres–. que será castigado con pena de dos a 12 años de prisión.

En el artículo 5, en tanto, se castiga la contribución a la explotación sexual, con la misma pena de dos a 12 años de penitenciaría, con la posibilidad de elevarla de un tercio a la mitad "si se produjere con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de funcionario policial del agente".

En estos años, las formas de contactar a las adolescentes cambiaron. Hace una década era común la presencia en las calles, y años después la tecnología cobró protagonismo para "el primer enganche", y las recargas de celulares a cambio de fotografías o filmaciones pasaron a ser un factor común en muchas de las investigaciones, informó Purtscher.

La directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, explicó que tradicionalmente la explotación sexual se vinculaba con "captar adolescentes en vías públicas, rutas o localidades". Luego, los adultos comenzaron a acercarse a centros educativos y a ofrecer "carreras de modelos" o la realización de un álbum de fotos a las menores, y en el caso de las niñas, algunos vecinos que "ayudan" económicamente a la familia contribuyen a la explotación.

"En los últimos años las redes sociales han tenido rol protagónico porque genera muchas facilidades de contacto", señaló la trabajadora social. Tuana sostuvo que en "la mayoría de los casos" hay intermediarios, "aunque se trate de redes sociales".

Perfiles y excusas

En los casos que abordó Conapees en sus 16 años de trabajo en coordinación con varios organismos del Estado, los explotadores sexuales cumplen con ciertas características: son hombres, mayores de 35 años, con una situación de poder mayor que la adolescente explotada, de todas las clases sociales y en algunos casos con roles destacados en sus comunidades. "El explotador no es un monstruo que vive en una cueva, convive con nosotros en actividades cotidianas", enfatizó el presidente de Conapees.

En cuanto a las víctimas, Tuana explicó que aunque la mayoría son mujeres, también hay varones explotados. "Hay una mayor cantidad de adolescentes de sectores con desigualdades económicas, con mucha desprotección y falta de cobertura de necesidades", lo que las hace "más fáciles de captar".

El abogado penalista, Ignacio Durán, defensor del productor de eventos imputado por explotación sexual, dijo que su cliente no sabía que eran menores, y aclaró que el hombre tenía una relación de amistad con las adolescentes y no hizo ninguna retribución a cambio de un favor sexual.

Según Purtscher, el argumento que manejan algunos imputados por esta causa sobre el desconocimiento de que eran menores de edad "es la excusa más floja y utilizada en el mundo jurídico".

La fiscal de Flagrancia Sabrina Flores trabajó durante dos años y medio en investigaciones de delitos sexuales, primero en Maldonado y luego en Montevideo. En 2013 llevó a la justicia a un empresario gastronómico de Punta del Este por explotar sexualmente de una niña de 14 años, que fue procesado por este caso.

En su experiencia, coincide en que el argumento de "no sabía que era menor" es recurrente para defenderse. "Es el caballito de batalla", dijo. 

Para la fiscal es responsabilidad del adulto si mantiene relaciones sexuales con una menor de edad. "No podemos responsabilizar a personas que no tienen la capacidad legal para aprobar esa situaciones. La persona mayor de edad tiene que ser responsable de verificar que lo que está haciendo es legal y no puede haber excusas en eso", puntualizó.

Para Tuana, ese motivo "no debería admitirse en la justicia" ya que considera que los explotadores "buscan adolescentes para explotarlas", sabiendo la edad que tienen.

Señales oscuras

Hay casos de explotación que se vinculan con otros delitos o situaciones no muy claras que rodean a las víctimas. En octubre del año pasado, el juez de Pando Emilio Bacceli dio lugar al pedido de la fiscal Alicia Ghione, y procesó con prisión a tres hombres involucrados en la desaparición de Yanina Milagros Cuello, cuyo paradero se desconoce desde el 3 de diciembre de 2016.

La fiscal pidió el procesamiento de uno de los hombres por contribución a la explotación sexual infantil, mientras que a otros dos los acusó de un delito de retribución para cometer actos sexuales contra menores de edad.

Entre los procesados se encuentra el dueño de una cantina que permitió que entraran menores de edad, lugar en el que Milagros fue explotada sexualmente. 

El paradero de la joven es desconocido, pero tanto su familia como los investigadores del caso sostienen que se vincula con la explotación que sufría antes de su desaparición.

Por otro lado, la investigación que lleva a cabo la fiscal Viera se vincula a la desaparición de una joven de 17 años en marzo de este año, que fue encontrada muerta a orillas del arroyo Solís Chico cuatro días después. Lo último que se supo de ella es que iba a la terminal de Tres Cruces a tomar un ómnibus rumbo a Punta del Este.

La joven era amiga de la adolescente que denunció la situación y también era explotada sexualmente. 

Aunque la fiscal negó que este caso se trate de una red de explotación, en muchos casos funciona de forma similar. Tuana explicó que en general hay "redes organizadas" que incluyen el traslado de las adolescentes de una ciudad a otra. "Pareciera que esas adolescentes se toman un ómnibus y llegan a una ciudad, pero hay alguien que las capta, que hace el nexo con los explotadores, que las traslada y las lleva a la fiesta. Eso es trata", puntualizó.

Dificultades para reunir pruebas

Las denuncias de explotación sexual las realiza, generalmente, una institución (como INAU) que detecta la situación, familiares que denuncian o en un pequeño porcentaje, las propias víctimas.

La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, afirmó que al principio las adolescentes no se reconocen como víctimas del delito. “Se dan cuenta cuando no cumplen con algunas reglas y eso las empieza a incomodar”, por lo que comienzan a tener miedo “a las amenazas y la exposición” y piden ayuda. También sucede que en ocasiones, cuando otra adolescente desaparece o es agredida, quienes se encuentran en una situación similar, reaccionan.

La fiscal Flores afirmó que en estos casos hay veces que “se puede presumir” que la persona es explotada pero faltan elementos.

La debilidad de las pruebas en la investigación penal es un argumento esgrimido por la defensa de los presuntos sospechosos. Víctor Della Valle, uno de los abogados de los imputados, criticó este miércoles la investigación de la fiscal Viera al salir de la audiencia. Dijo que manejaba “pruebas escasísimas”, y que por esa razón apeló la imputación de su cliente.

REPORTAR ERROR

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 245 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 245 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...