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El empresario Martín Mutio, imputado por la Justicia tras la incautación de un histórico cargamento de droga trasladado de Montevideo a Alemania, se casó el sábado en Rosario, Argentina, luego de obtener una autorización de la Justicia para salir del país.
Mutio pidió una autorización y le fue concedida, informó a El Observador Javier Benech, director de Comunicacide la Fiscalía. A través de las redes sociales se viralizaron videos de la ceremonia.
Martín Mutio Ballester Molina se casó el sábado en Rosario-Argentina.Se lo investiga por coautoría de narcotráfico y lavado de activos (4.5 toneladas de cocaína-Hamburgo), y estafa y libramiento de cheques sin fondo. La Justicia debe explicar cómo salió del país. (Carlos Peláez) pic.twitter.com/WYO9oLFPUE— daniel figares (@danielfigares) February 1, 2022
Martín Mutio Ballester Molina se casó el sábado en Rosario-Argentina.Se lo investiga por coautoría de narcotráfico y lavado de activos (4.5 toneladas de cocaína-Hamburgo), y estafa y libramiento de cheques sin fondo. La Justicia debe explicar cómo salió del país. (Carlos Peláez) pic.twitter.com/WYO9oLFPUE
"Tenía una medida cautelar, que le impedía abandonar el país por un delito de presunta estafa. Sin embargo, solicitó una autorización judicial para contraer matrimonio en el exterior y esa autorización le fue concedida", explicó.
Además del caso que lo involucra por coautoría de narcotráfico y lavado de activos al ser el propietario del contenedor que llevaba 4,5 toneladas de cocaína hacia Hamburgo, Mutio también fue imputado en noviembre por estafa y libramiento de cheques sin fondos.
La solicitud luego incluyó un pedido para permanecer en el exterior y extender su estadía, pero la jueza y la fiscal decidieron negársela. Alejandra Domínguez, fiscal de Colonia que sigue el caso de estafa, aseguró que el imputado deberá volver a Uruguay y acreditar su presencia.
En consecuencia, la Justicia dispuso su fijación de domicilio, prohibición de salir del país con cierre de fronteras, entrega de documentación de viaje, y que no pueda tener comunicación con las víctimas por 180 días.
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