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Partidos políticos cumplen de forma “irregular y despareja” con la normativa antilavado , según la Senaclaft
Si hubo alguna coincidencia en la reciente interpelación a dos ministros por el caso del polémico otorgamiento de un pasaporte a Sebastián Marset, es que el sistema político uruguayo continúa siendo inmune a la penetración del dinero de narcotráfico. Sin embargo, como modo de prevención, hubo unanimidad en la necesidad de una rápida aprobación de la nueva ley de financiamento de partidos políticos, que fracasó en el pasado gobierno y que en este está en discusión hace más de dos años.
Ese proyecto está a estudio de una “comisión especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia”, que funciona en la Cámara de Diputados, Hasta allí fue el jueves pasado una delegación de la Secretaría Nacional Antilavado (Senaclaft). Su titular, Jorge Chediak, dijo que los partidos políticos incurren en un cumplimiento “irregular y desparejo” de la normativa vigente de prevención.
Según informó Chediak a los legisladores, la junta antilavado lleva realizadas seis inspecciones a las formaciones políticas. Los equipos inspectores visitaron así las sedes del Frente Amplio y de los partidos Nacional, Colorado y Cabildo Abierto. En los casos de los partidos Independiente y De la Gente, el análisis se efectuó “a distancia”, en función de un “menor riesgo” evaluado previamente. Todos los expedientes generados por estas inspecciones están a estudio de la secretaría, a los efectos de determinar fehacientemente si los respectivos lemas cumplieron sus obligaciones de materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.
“Hablamos poco del financiamiento al terrorismo”, señaló Chediak ante los legisladores. “Básicamente porque en eso Uruguay está en una situación bastante privilegiada dado que, gracias a Dios, por ahora y sin perjuicio, es un peligro básicamente teórico”, dijo.
No obstante, Chediak adelantó una serie de conclusiones preliminares sobre las inspecciones. Entre los principales hallazgos, el cumplimiento “irregular y desparejo” de los partidos en la normativa antilavado está vinculado a las obligaciones generales que plantea la normativa, el nombramiento de los “oficiales de cumplimiento” previstos en la ley, los procedimientos de prevención y la la capacitación obligatoria a su personal.
Chediak remarcó que las principales fuentes de financiamiento permanente de la actividad política llega de los aportes que efectúan afiliados, adherentes y cargos electivos o políticos. Según la Senaclaft las donaciones directas registradas no son significativas, ya que según prevé la ley deben ser menores a las 4.000 unidades indexadas, equivalentes hoy a $ 22.142. Los egresos, en tanto, se conforman principalmente por el apoyo económico y el reintegro de adhesiones a los diferentes sectores. El pago de salarios y los gastos de administración no son significativos.
Una de las principales falencias detectadas, explicó Chediak, es que los partidos no realizan las debidas diligencias de las donaciones recibidas, que en muchos casos resultan ser innominadas. Sobre todo, apuntó, cuanto se trata de bonos colaboración o de campañas de financiación privada. Se trata, dijo el jefe de la Senaclaft, de una de las mayores debilidades que su secretaría ha encontrado: el financiamiento de cada uno de los sectores dentro de los partidos, cuyos ingresos no aparecen registrados.
Allí Chediak recordó que en la mayoría de los casos los sectores y agrupaciones carecen de personería jurídica funcionan de forma autónoma. Los partidos, en tanto, no controlan los ingresos de esos grupos. Tampoco su fuente de financiación y no les piden que rindan cuentas de los gastos que realizan con el dinero que les aportan.
Al respecto el jefe de la Senaclaft planteó que la nueva ley incluya la obligación para este tipo de grupos de contar con personería jurídica, de manera tal que deban rendir cuentas a sus lemas. Como alternativa, planteó que sean los partidos los que centralicen todos sus ingresos y luego los distribuyan en la interna.
Su comentario fue refrendado por el secretario de la Senaclaft, Gustavo Misa. “Si no hay una personería jurídica detrás, la inspección es muy complicada”, dijo. Si no hay personería, explicó, no hay un patrimonio de afectación y, probablemente, tampoco haya una centralización de ingresos. Esta carencia, advirtió el experto, podría llegar a ser peligrosa en épocas de campaña electoral, cuando existe una mayor inyección de capital.
Algunas sugerencias
Los partidos políticos están bajo la supervisión de la Senaclaft en función de su calidad de organizaciones sin fines de lucro y están dentro de los “sujetos obligados” a rendir cuentas en relación a la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se trata de uno de los pocos lugares en el mundo en donde eso sucede. Será así siempre que cuenten con ingresos anuales mayores a US$ 556 mil o que cuenten con activos por un valor superior a US$ 347 mil, en su equivalencia en unidades indexadas.
Al respecto, Chediak se permitió realizar una “sugerencia” a los legisladores: eliminar ese “umbral”, consagrado en un decreto vigente desde 2018, para que los partidos sean sujetos obligados en todos los casos.
Allí reparó en la situación del Partido Colorado: en determinados años es sujeto obligado porque supera ese umbral, en otros años queda por debajo. Así en años electorales, cuando hay ingresos extraordinarios, es sujeto obligado. A la mitad del período, cuando sus ingresos bajan, deja de serlo.
Chediak también propuso que, sin perjuicio de los umbrales, los sectores y agrupaciones puedan ser siempre considerados sujetos obligados y, por lo tanto, sometidos a fiscalización por parte de la Senaclaft. A su juicio la nueva ley debería prever además la obligación de la efectuar la debida diligencia a los aportes privados. Al respecto, el titular de la secretaría admitió que si eso sucede podría haber una superposición de funciones con la Corte Electoral, que es la que tiene la legitimación constitucional para fiscalizar este punto.
De todas formas, dejó allí una advertencia: si bien podría parecer más ajustado al derecho interno dejar el control en manos de la corte, esto podría ser interpretado como un “signo no positivo” en la próxima inspección del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Parecería “razonable” entonces, dijo, dejar ese control en manos de la Senaclaft.
Las donaciones anónimas
En su extensa exposición Chediak se refirió al riesgo que representan las donaciones anónimas. Están lejos de tratarse, insistió, de un factor relevante en el financiamiento de los partidos. El nivel de los controles, señaló, debe ser razonable. De lo contrario, advirtió, se produce lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) denomina “efectos no deseados”: cuando los controles son demasiado férreos, se produce el estrangulamiento de la actividad.
Chediak puso como ejemplo a las iglesias. Allí, dijo, hay determinado tipo de donaciones que no se puedan controlar. “No se puede exigir que manejemos que un sacerdote o un monaguillo, que durante la misa pasa el saco para que los fieles donen $ 50 o $ 100, tenga una lista les haga a los donantes firmar o poner su nombre", ironizó
“Allí hay que confiar”, dijo. “Los controles tienen que ser cumplibles, no tienen que ser espantosamente complicados”. No pueden terminar en soluciones, apuntó, como que por ejemplo se ponga un cartel que diga: “no se aceptan más donaciones en la misa”.
