Años después, la ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020 introdujo cambios. Esa ley estableció que el pago y entrega de dinero en toda operación o negocio jurídico podrá realizarse mediante efectivo hasta la suma de 1.000.000 de UI (unos US$ 153 mil a valores actuales), y el saldo con demás medios distintos al afectivo.
Reducción de tope máximo
Desde la oposición de gobierno se considera que es un monto demasiado alto, que favorece las operaciones habitualmente vinculadas al narcotráfico o el crimen organizado.
La semana pasada la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), presentó en el Parlamento un proyecto de ley que propone una reducción significativa del tope máximo permitido.
La modificación propuesta al artículo 218 de la LUC plantea que la utilización de dinero en efectivo se pueda realizar en pagos por una suma equivalente de hasta 80.000 UI (unos US$ 12.000 a cotización actual), según el texto al que accedió El Observador.
Los argumentos
La exposición de motivos dice que evaluaciones realizadas tanto por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como otras encargadas por la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y el Banco Central, han reconocido la incidencia positiva del tope de las transacciones en efectivo para la prevención del lavado establecidas originalmente en la ley de Inclusión Financiera.
“El Gafilat, en su evaluación de amenazas regionales de riesgo, destaca especialmente que una de las formas más habituales de las operaciones de lavado es el uso de efectivo. Si bien reconoce que el riesgo existe, y que las medidas dispuestas en 2017 por Uruguay no lo evitaban totalmente, si lo acotaba con la imposición del tope de 40.000 UI”.
En ese sentido, la bancada de senadores del FA sostiene que la normativa vigente aprobada en la LUC “implica el aumento evidente de los riesgos en materia de lavado de activos, especialmente en términos de transparencia, trazabilidad y probidad”, y “otorga una mayor discrecionalidad en las transacciones financieras, lo que podría facilitar prácticas cuestionables y dificultar el seguimiento de los flujos de dinero”.
“Esto representa un riesgo para la integridad del sistema financiero y socava la capacidad de las autoridades para detectar y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Además, la falta de claridad en las transacciones realizadas en efectivo también puede propiciar un ambiente propicio para prácticas económicas y financieras de dudosa legitimidad”, agrega el proyecto presentado la semana pasada.
“Nadie lleva US$ 150.000 en un maletín para comprar una casa”
El economista Martín Vallcorba señaló días atrás que el tope permitido actualmente de US$ 150.000 es "un disparate" e "imposible de defender racionalmente".
“Defender que la libertad llegue hasta US$ 150.000 es imposible de defender porque no hay cristiano que pueda hacer un negocio razonable con US$ 150.000 en efectivo. Nadie los tiene debajo del colchón”, aseguró en declaraciones a radio Camacuá.
El economista añadió que "nadie va a comprar una casa y lleva US$ 150.000 en un maletín. Los casos son excepcionales y son casos que se vinculan a operaciones en las cuales el origen de ese dinero es dudoso o sospechoso", dijo.
Vallcorba se desempeña actualmente como asesor del senador Bergara y fue coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas en el anterior gobierno.
“A contramano” del mundo
Por otro lado, en la iniciativa de ley se argumenta que el Estado “debe mantener un equilibrio racional” para el flujo de las operaciones financieras y la necesidad de prevenir el lavado de dinero, y que “las regulaciones estrictas y efectivas son fundamentales para detectar y prevenir actividades financieras ilícitas”.
En ese sentido, los senadores del FA dicen que “sin embargo, la LUC optó por el camino contrario, debilitando las medidas de debida diligencia establecidas previamente para el control de lavado de activos”.
Según sostienen, específicamente los cambios establecidos en la ley “impactan particularmente en el ámbito de la debida diligencia simplificada, y flexibilizan el enfoque de riesgos que los sujetos obligados no financieros deben adoptar frente a ciertas transacciones, lo que facilita operaciones de lavado de dinero por vía de conversión”.
Finalmente, la iniciativa sostiene que las modificaciones impuestas en la LUC “van a contramano” de la tendencia internacional tendiente a establecer mayores controles y disminuir los montos de las operaciones que pueden hacerse en efectivo.
“En Uruguay bastan 10 operaciones coordinadas para que el riesgo de lavado de US$ 1 millón se concrete”, dice el proyecto que lleva la firma de los senadores Mario Bergara, Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, José Nunes y Sebastián Sabini.
