23 de agosto 2022 - 9:37hs

“En todo momento [los ministros] actuaron conforme a derecho, respetando la normativa vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en estos procedimientos”, fundamentaron los senadores en el documento, al que accedió El Observador.

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Así, a su entender, tanto Heber como Bustillo contestaron las interrogantes planteadas por Bergara, “esclareciendo su actuación y demostrando que en ningún momento se constató irregularidad y que la situación que se ha vivido fue fruto de los defectos existentes en la presente normativa”.

La normativa a la que se hace referencia es el decreto 129/2014, aprobado durante el gobierno del frenteamplista José Mujica. Desde el gobierno de coalición se justificó que esta norma prácticamente ataba de manos a las autoridades e impedía hacer otra cosa que no fuera la expedición del pasaporte.

Por otro lado, los senadores blancos, colorados y cabildantes declararon que el gobierno “lleva a cabo una firme política” de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En este marco, defendieron —en el documento aprobado— que, “para evitar la reiteración” de casos como el de Marset, “debe implementarse un cambio de normativa que imposibilite casos análogos”, indicaron.

En último lugar, en el documento los legisladores reiteran su “voluntad de trabajar en la elaboración de políticas de Estado” en la lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, respaldaron lo actuado hasta ahora por parte del gobierno “para enfrentar este flagelo”.

¿Qué dice la moción del Frente Amplio?

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani compartió vía Twitter la moción de su partido, que no fue aprobada. De esta manera, la bancada consideró “insatisfactorias e inaceptables” las declaraciones de los ministros, por lo que entienden que “corresponde que den un paso al costado” de su cargo.

Según declaran los frenteamplistas, es “injustificable” que los ministros sostengan que “nadie sabía quién era” Marset previo a marzo de este año “a pesar de estar siendo investigado por la propia policía”. A su vez, el argumento en torno al decreto del gobierno de Mujica “es inadmisible” porque no obligaba a expedir el pasaporte.

Tanto esa norma como una aprobada en 1993 —que el decreto de 2014 derogó— “daban margen a las autoridades” de este gobierno a negar el pasaporte a Marset, esgrimieron los senadores frenteamplistas.

Finalmente, consideraron que, durante la interpelación, las autoridades “no se hicieron cargo del cúmulo de errores cometidos”.

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Ministerio del Interior Cancillería Sebastián Marset

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