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Gobierno negó responsabilidad política en caso Marset y el FA apuntó a inconsistencias de su defensa
Fue una interpelación en dos tiempos. En el primero, el senador interpelante Mario Bergara, del Frente Amplio, y los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Cancillería) entablaron un apaciguado ida y vuelta sobre el procedimiento que desembocó en el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mientras se encontraba recluido en Emiratos Árabes Unidos. Bergara hizo sus preguntas, las autoridades del Ejecutivo dieron sus respuestas, y cuando el frenteamplista tuvo nuevamente la palabra sostuvo que el intercambio había dejado “luces y sombras”.
El segundo tiempo fue el de la disputa política: el del choque de interpretaciones, el de los chispazos entre legisladores, y sobre todo el que permitió a otros senadores frenteamplistas detenerse en los puntos flacos de la argumentación de las autoridades.
Heber y Bustillo –junto a sus respectivos equipos– se enfocaron esencialmente en resaltar dos puntos: que el procedimiento se ajustó a lo que obligaba la normativa y que las autoridades políticas estuvieron por fuera del trámite que culminó en el otorgamiento del documento para el narcotraficante.
Pero pese a que –según el gobierno– la normativa no permitía hacer nada distinto, los interpelados comunicaron que a raíz del caso se desplazó al subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, y se iniciaron investigaciones administrativas en ambos ministerios. Y al mismo tiempo que señalaron que el procedimiento no llegó a las manos de las autoridades políticas, desde el gobierno informaron que los subsecretarios Guillermo Maciel (Interior) y Carolina Ache (Cancillería) se comunicaron dos veces entre sí, a pedido de la Brigada Antidrogas, para hacer averiguaciones sobre Marset, y la vicecanciller recibió en su despacho al abogado del narcotraficante, Alejandro Balbi.
El Frente Amplio, por su parte, señaló que hubo responsabilidades políticas, fallos en el sistema de inteligencia y una falta de “sentido común” que llevó a una lectura del decreto vigente “en favor del narcotraficante” y no “del interés nacional”.
Desde el comienzo, y luego de que el senador Mario Bergara planteara diez grandes dudas sobre el polémico caso del pasaporte, tanto Heber como Bustillo plantearon que el decreto vigente desde el año 2014 no permitía otra cosa que el otorgamiento del documento.
Ese argumento fue discutido por la oposición, que señaló que había margen de discrecionalidad para actuar de otra forma. "Es más, si mañana el ministro se para con este decreto vigente, y pasa lo que pasó, ¡estoy seguro que al menos lo demora el pasaporte!", dijo por ejemplo el senador comunista Óscar Andrade.
Al mismo tiempo, mientras que desde el gobierno dijeron que no se trató de un trámite exprés, dado que en otros casos se llegó a procesar pasaportes en un par de días, desde el Frente Amplio advirtieron que en ninguno de esos casos se trataba de un narcotraficante detenido justamente por portar un pasaporte falso.
El canciller Bustillo dijo que es falso señalar que el pasaporte otorgado a Marset fue lo que lo "liberó" de la prisión, y que en caso de haber retornado a Uruguay hubiera podido moverse con libertad porque no había requisitoria hasta marzo de 2022.
El canciller también señaló que "no hubo responsabilidad política ninguna", sino que se trató de "un trámite administrativo". Sin embargo, durante la interpelación se informó que los subsecretarios Guillermo Maciel (Interior) y Carolina Ache (Cancillería) mantuvieron comunicaciones en dos ocasiones para intercambiar información sobre el estatus del narcotraficante, a raíz de una consulta de la Brigada Antidrogas.
Por su parte, ante los cuestionamientos por una descoordinación entre oficinas del gobierno, Heber dijo que la información de inteligencia respecto a Marset debía mantenerse siempre en reserva porque las investigaciones estaban –y siguen– en curso a cargo de la Fiscalía. Desde el Frente Amplio cuestionaron ampliamente ese argumento, citando otras instancias en las que la información de inteligencia llega a las autoridades políticas, incluyendo la proporcionada por el propio Heber meses atrás al Senado sobre los principales clanes familiares del narcotráfico en Uruguay, o lo actuado a raíz del caso del avión iraní.
"Falló el sistema de inteligencia. Existió un fallo de inteligencia. Un ministro del Interior maneja información de primera mano y su obligación es hablarlo con el presidente de la República. Si no lo hace está omiso", dijo el senador frenteamplista Charles Carrera.
La coalición de izquierda también apuntó contra Bustillo, luego que el canciller dijera que "cuando se gestionó el pasaporte" no se sabía que era un narcotraficante. Los senadores Alejandro Sánchez, Charles Carrera y Óscar Andrade citaron notas de prensa de octubre de 2021 en los que se informaba sobre su detención y se destacaba el prontuario que había tenido en Uruguay.
"Transcurrida toda esta sesión, no se puede seguir afirmando que no se sabía que era un narco", dijo el astorista José Carlos Mahía sobre la medianoche.
Al final de la sesión, el Frente Amplio promovió la censura de los ministros aunque no alcanzó los votos para aprobarla.
Investigaciones
Si bien señalaron que todo el procedimiento se ajustó a derecho, ambos ministros informaron que dispusieron investigaciones administrativas para revisar posibles apartamientos a la normativa.
Mientras se desarrollaba la interpelación, desde el Ministerio del Interior confirmaron que por este caso se cesó al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) Alberto Lacoste. En sala, Heber dijo que este sábado se enteró que existió una "instancia entre Identificación Civil y Policía Científica procurando apurar tres pasaportes, entre ellos el de (Sebastián) Marset". El ministro dijo que se dispuso un sumario e investigación de urgencia y se desplazó a Lacoste de su cargo por no haberlo informado antes acerca de esta comunicación.
Según informó Telenoche y confirmó El Observador, Lacoste intentó acelerar el trámite del pasaporte de Marset por pedido del abogado Balbi.
El subdirector mantuvo una reunión con Balbi, donde el abogado le hizo el pedido. El 24 de noviembre, después de esa reunión, el jerarca mandó un mail pidiendo acelerar el trámite. Heber dijo que no tomaron conocimiento de ese episodio hasta este sábado, cuando preparaban las respuestas para la interpelación, y por eso se le retiró la confianza al subdirector.
