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Jorge Chediak (Senaclaft)

Nacional > Rendición de Cuentas

Secretaría antilavado advierte por baja de investigaciones: "El Gafilat nos va a preguntar qué está pasando"

Con un descenso brusco en las operaciones sospechosas reportadas el gobierno procura incrementar acciones ya que Uruguay "tiene un problema"

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05 de agosto de 2021 a las 05:00

En su extenso articulado, la Rendición de Cuentas incluye una iniciativa que procura atender lo que para el Poder Ejecutivo constituye una necesidad: incrementar las acciones en torno al lavado de activos. Es que en el ordenamiento jurídico nacional hay que cada vez más delitos considerados precedentes de esta actividad ilícita. Sin embargo, cada vez hay menos investigaciones. 

La situación fue advertida en el Parlamento por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Gustavo Misa, asesor de esa dependencia, que gira en la órbita de la Presidencia, lo planteó sin vueltas: "el organismo que nos está supervisando, el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de América Latina), nos va a preguntar por qué está pasando esto". 

Pero la fórmula definida para para incrementar las investigaciones generó un cortocircuito entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación. 

El artículo 241 del mensaje presupuestal le otorgaba a las fiscalías departamentales competencia directa para tomar medidas "urgentes e impostergables" en relación a eventuales delitos vinculados al lavado de activos. Recién allí se establecía que las actuaciones debían ser remitidas a la Fiscalía Penal de Estupefacientes de Montevideo, que tiene competencia nacional para seguir las investigaciones. 

La redacción original fue duramente cuestionada por el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. “No fuimos consultados y no estamos de acuerdo”, había expresado el mes pasado en el Legislativo. . “No tiene en cuenta el funcionamiento normal de una fiscalía en el proceso penal acusatorio. Sería inconveniente para el resultado que se busca”. 

Es por eso que la Senaclaft y el Ministerio Público elaboraron un proyecto sustitutivo que reconoce el "principio de especialidad" y que investigaciones de este tipo, muy complejas, requieren personal idóneo, como es el caso de los fiscales de narcóticos. Se trata de una "vía intermedia" que prevé que los titulares de las fiscalías del interior puedan participar de la investigación por lo menos hasta que llegue la etapa de formalización. 

La nueva redacción ingresó este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí estuvo la Senaclaft encabezada por su presidente, Jorge Chediak. 

En su última modificación la ley Integral sobre Lavado de Activos elevó de 30 a 33 las modalidades consideradas delito precedente de lavado. Sin embargo, el número de formalizaciones y persecuciones penales exitosas vinculadas al tema es muy bajo. 

"La recomendación del Gafilat no pasa explícitamente por mantener una unidad de jurisdicción" aclaró Chediak, "sino porque haya investigaciones efectivamente exitosas, por lo que no estamos cumpliendo en la debida medida". 

El origen del problema está en la caída los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) durante el último año. Un informe en poder del Parlamento elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central indicó que en los primeros seis meses de 2021 hubo apenas 11 reportes, cuando a lo largo de 2020 habían sido 68. 

En el primer semestre de este año los escribanos presentaron cuatro reportes contra 20 del año pasado. Las inmobiliarias uno solo, cuando el año pasado habían elevado nueve ROS, mientras que sus operaciones crecían 41% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo período del anterior. 

A su vez y en todo 2020 esa unidad recibió 694 ROS, lo que representó una baja de 10,5% con respecto a 2019. 

La ley de Urgente Consideración (LUC) que entró en vigor en julio de 2020 incluía una serie de disposiciones relacionadas directamente con el sistema de Prevención del Lavado y del Financiamiento del Terrorismo. Por ejemplo, se elevó de 4.000 a 100.000 dólares el mínimo de una operación para que pueda realizarse con dinero en efectivo. 

Además abogados, escribanos en inmobiliarias, entre otros operadores, podrán apelar a la "debida diligencia simplificada" cuando los fondos de una operación pasen por el sistema financiero, con lo que solo deberían identificar a quiénes realizan esa operación, no el origen de los fondos.

Más allá de proponer la nueva redacción del artículo 241 de la Rendición, Chediak se mostró cauto sobre sus efectos. "No se puede hacer una aseveración escrita en piedra de que esto va a aumentar efectivamente el número de persecuciones exitosas en esta modalidad", adelantó. "Esperemos que sí". 

El titular de la Senaclaft reiteró que el país "tiene un problema" ya que "lo que le importa al Gafilat es que Uruguay persiga estos delitos con éxito y mejor de lo que lo estamos haciendo ahora". 

 

 

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