Opinión > Editorial

Pauta salarial realista

Corresponde que el sector sindical actúe con realismo y sensatez, y acepte las pautas elaboradas por el gobierno
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14 de marzo de 2018 a las 05:00
El gobierno se ajustó a la realidad al mantener por segunda vez consecutiva el sistema de ajustes nominales para la próxima ronda de los Consejos de Salarios, como forma de combatir los decrecientes niveles de empleo. Desechó razonablemente la insistencia del PIT-CNT de volver a la indexación salarial, fórmula que en el pasado condujo a un considerable crecimiento del salario real. Este curso deterioró el empleo por la imposibilidad de muchas empresas de solventar el constante aumento de costos. Como consecuencia de su impacto la desocupación está trancada en un elevado 8% de la población económicamente activa y la tasa de empleo tiende a la baja, situación que preocupa agudamente al gobierno.

La decisión del Poder Ejecutivo corrige la errada largueza de los gobiernos del Frente Amplio en años anteriores al ceder una y otra vez a las presiones sindicales, con el resultado de deteriorar el empleo y de reducir la capacidad competitiva de la producción. El tope que ha fijado del 8,5% para aumentos salariales, que bajará uno o dos puntos para los sectores menos dinámicos de la economía, igualmente conlleva la perspectiva de un pequeño incremento del salario real si la inflación se mantiene en el entorno del 7%, como se pronostica para este año y el próximo, o baja algo más. La eventual mejora, de todos modos, está lejos de la exigencia de la central sindical de una corrección por la inflación más un aumento adicional acorde con la evolución de la economía. Como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) está previsto en algo más del 3% para 2017 y 2018, acceder al planteo del PIT-CNT hubiera supuesto aumentos salariales de entre el 10% y el 11%.

Todo incremento del salario real es conceptualmente deseable, ya que mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Pero solo es factible cuando lo permiten las condiciones globales de la economía. No es el caso de la situación actual, ya que la tasa de empleo no sube ni cae la desocupación pese al crecimiento del PIB. La razón es que, además de los costos salariales, las empresas retraen la contratación de personal debido a la pesada carga que le impone el Estado a través de impuestos directos e indirectos. La consecuente pérdida de rentabilidad incluso fue el detonante de la actual rebelión social iniciada en el agro pero generalizada a los demás sectores de la actividad productiva.

La posición del Poder Ejecutivo para la masiva ronda de más de 200 Consejos de Salarios este año, el último del actual período de gobierno, es respaldada por el sector empresarial. Corresponde que el sector sindical, que completa el consejo tripartito que negocia los salarios y las condiciones laborales, actúe con realismo y sensatez y acepte las pautas elaboradas por el gobierno. De lo contrario surgiría la perspectiva de una mayor conflictividad con la que todos pierden, tanto las empresas cono los trabajadores y la globalidad de la economía. En ese caso, será responsabilidad del Poder Ejecutivo, como árbitro final cuando no hay acuerdo entre empresarios y sindicatos en las diferentes ramas de actividad, confirmar aumentos nominales que apuntan a defender el empleo al restringir el aumento del salario real, aunque sin deteriorar su capacidad adquisitiva. l

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