28 de mayo de 2013 11:30 hs

El juez penal Homero Da Costa Porto, archivó la investigación del homicidio de un joven de 25 años en barrio Marconi, durante un incidente, en octubre de 2012, con policías que pretendían efectuar el arresto de varios sospechosos de haber participado de una rapiña ocurrida en una panadería de la zona.

En su resolución, el magistrado señaló que está obligado a disponer el archivo del presumario porque así lo solicitó la Fiscalía, pero dijo discrepar “frontalmente” con los argumentos de la fiscal.

En opinión del juez el procedimiento policial fue “poco profesional” y estuvo marcado por graves errores. En esas deficiencias el juez señaló que uno de los efectivos “tuvo un ataque de pánico” mientras que otro “besaba las balas que iba recargando en su revólver diciendo a los detenidos que se iban a morir todos demostrando una falta de equilibrio emocional alarmante” para enfrentar la situación.

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El juez relató que un móvil policial, con tres policías en su interior, concurrió al barrio Marconi (calles Trápani y Artagaveytía) para indagar respecto de un dato proporcionado por un informante, quien indicó que en ese lugar se hallaba la moto y los ocupantes de la misma que participaron de la rapiña que se pretendía aclarar. “Al llegar encontraron a siete personas en torno a la moto y ninguna de ellas se hacía cargo de la propiedad” del vehículo.

“En lugar de intentar apresar a quienes poseían las características físicas de los autores de la rapiña, decidieron proceder a la detención de las siete personas que allí se encontraban, lo que dio comienzo a una situación que se les escapó de control”, expresó Da Costa. Eran tres policías para detener a un número de personas que los duplicaba y tenían solamente tres esposas para asegurar esas detenciones.

Las protestas iniciales generaron rápidamente una aglomeración de vecinos que comenzaron a insultar y empujar a los efectivos a fin de liberar a los detenidos. Luego comenzaron las pedreas y la situación se volvió insostenible. Se solicitaron refuerzos y la llegada de unos pocos policías más permitió enfrentar precariamente estos acontecimientos.

Da Costa señaló que, llegados los refuerzos, “se careció de un mando unificador que ordenara las acciones y cada policía se movía a impulsos individuales sin un patrón de actuación específico y concreto”.

A juicio del magistrado al agente autor del disparo mortal “se les debía exigir actuar con ponderación y con prudencia, como lo hicieron la mayoría de sus compañeros de infortunio”. En el mismo sentido añadió que este funcionario “era consciente de su obrar, sabía lo que hacía, y por su propio entrenamiento policial, tenía pleno conocimiento de que sus disparos podían herir a las personas que se hallaban a su alrededor” porque “al disparar en forma paralela al piso hacia un conglomerado de unas cincuenta personas era muy factible que a algunas de ellas podía alcanzar y abatir”.

“Sus disparos no eran como los que efectuaban sus demás compañeros, al piso o al aire, buscando no causar daños mayores en caso de que tuvieran la mala fortuna de herir a alguien”.

“Entonces, sí que era posible exigirle una conducta muy diferente a la que desarrolló en la ocasión”, concluyó el magistrado.

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