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Por primera vez dos mujeres presiden la Suprema Corte de Justicia y el TCA

Bernadette Minvielle y Selva Klett asumirán la responsabilidad de ser voceras de los organismos

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03 de febrero de 2020 a las 05:00

Por primera vez en la historia dos mujeres presidirán los máximos tribunales judiciales: la Suprema Corte de Justicia (SCJ) encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes y de dirimir los casos que llegan hasta allí por vía de apelación, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), tribunal supremo de contralor de los actos administrativos. Este lunes, al levantarse la feria judicial de enero, asumirá Bernadette Minvielle, al frente de la Suprema Corte y Selva Klett al frente del TCA.

Si bien se trata en ambos casos de organismos colegiados integrados por cinco miembros, el presidente cumple con el rol de oficiar de vocero y de ser el representante en actos protocolares.

Ambas juezas llegaron a los organismos luego de una larga trayectoria judicial, y también tienen también experiencia en docencia: Minvielle es profesora de Proceso Procesal en un posgrado de la Universidad Católica y Klett es considerada por sus colegas una referente en el Derecho Procesal.

En el caso de Minvielle ingresó a la Corte en agosto de 2017 por un acuerdo entre los partidos políticos y para ocupar la vacante que dejó entonces el ministro Ricardo Pérez Manrique. Antes de ascender a la Corte se desempeñó como ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno.

Con el ingreso de Minvielle por acuerdo político se imposibilitó el ingreso de Klett, quién encabezaba en ese momento la lista de los ministros de los tribunales de apelaciones con mayor antiguedad en el cargo. Minvielle ocupaba el segundo lugar de la lista. Si los partidos no llegan a un acuerdo para votar las venias pasados los 90 días ingresa el juez que encabece esa lista por mandato constitucional.

El último ingreso en la SCJ fue el de Tabaré Sosa, quien ocupó en setiembre la vacante que dejó el ministro Jorge Chediak al retirarse luego de cumplir diez años en la corporación.

Klett, en tanto, ingresó al TCA desde el Tribunal de Apelaciones Civil de 6º Turno luego de que en junio muriera el ministro Juan Pedro Tobía

Es una activa defensora de la equidad de género y llegó a ser delegada de la SCJ para políticas públicas en el tema. También representó al organismo en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género e integró la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley sobre Crimen Organizado, que creó los juzgados especializados. Klett también fue directora del Centro de Estudios Jurídicos de Uruguay (CEJU) –donde se forman los jueces-. 

Por su parte, Minvielle ha estado en el centro de la atención de la Corte por las causas que involucran a militares. Luego de la destitución del comandante del Ejército y actual senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Minvielle fue entrevistada por Emiliano Cotelo en En Perspectiva y refutó las afirmaciones del militar retirado por las críticas que hizo a la justicia. “Discrepo en cuanto a que no hubo un juicio justo, que no tuvieron garantías; es más, tuvieron todas las garantías habidas y por haber, tuvieron un abogado, interpusieron excepciones de inconstitucionalidad, excepciones de prescripción, hicieron uso de cuanta dilatoria había, en el ejercicio legítimo del derecho de defensa”, declaró Minvielle en la entrevista del 20 de marzo pasado. “Algún juez debió haber parado el carro, pero no se les paró el carro, al contrario, se los dejó correr muchas veces, y con eso se iban los años”, agregó.

Los comentarios de Minvielle molestaron a los militares y días después varios de los que son indagados en causas penales presentaron recursos ante la Corte pidiendo que se apartara de las causas sobre la dictadura. Brecha informó el 5 de abril que los militares alegaron que Minvielle demostró falta de imparcialidad al referirse a los recursos de excepcionalidad y prescripción como “dilatorias”.

La ministra rechazó la recusación, pero según informó Búsqueda en setiembre, terminó por allanarse, es decir que aceptó apartarse de los casos pese a no compartir la acusación de “falta de imparcialidad”. En el escrito que presentó argumentó que accedía en “el entendimiento de que la oposición firme y categórica realizada en su momento ha devenido en una causa de dilación más a estos procesos tan entorpecidos, y nada hace preveer que dicha situación sea modificada en un futuro inmediato”.

 

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