Presidente de la Caja de Profesionales: “Es pasar a un régimen más duro o nada”

¿Cómo llega la Caja de Profesionales a una situación crítica como en la que está ahora?

La caja tiene varias tensiones que no son ajenas a lo que está pasando en los regímenes de previsión social en nuestro país. Acá ha habido un aumento de expectativa de vida, una feminización del colectivo y un cambio en las formas laborales. La expectativa de vida es uno de los problemas que tenemos. Nos encontramos también con que se produce una feminización del colectivo, era 34% en el 1986 y hoy es 53% y ese dato no es menor por la diferencia de expectativa de vida que tienen las mujeres, que es mayor. También destacar que hubo cambios en la forma en la que los profesionales desarrollan su actividad. Hay quienes desarrollan su actividad en relación de dependencia y tienen a la caja como una opción de ahorro voluntario. Están los que desarrollan su actividad de forma independiente y deben aportar a la caja. Y también existen los que se encuentran en un régimen mixto, entre ejercicio libre y dependencia. La persona que trabaja en relación de dependencia y que está afuera del ámbito de aporte liberal, no tiene que pagar la caja. En el año 1986, el 72% de los afiliados tenía Declaración Jurada de Ejercicio (DJE). A día de hoy, de los 150 mil afiliados, solo el 45% aportan. Otro factor importante ha sido el aumento de altas de jubilación. Fueron 528 altas de jubilación en el 2000 y en 2020 fueron 1.239. Casi que se ha triplicado.

¿Cuánto promedian las pasividades y los aportes a día de hoy?

Es necesario ver la composición de las categorías que están aportando. El 65% está en las primeras tres categorías de aportes (1ª, 2ª y 3ª). Como tanta gente está en categorías bajas y los que se jubilan son los de la categoría diez (10ª), lo que pasa es que el aporte promedio es de $ 11 mil y la jubilación es de $ 63 mil. Entonces, hay cambios que se han sucedido y el sistema no se ha actualizado a tiempo. La gente vive más, puede trabajar más y para que esto de un equilibrio económico tendríamos que tener 5,7 aportantes para pagar un pasivo. Esto quiere decir que hay un problema estructural y de diseño en la caja. No es que se gaste más o menos, hay un problema de diseño donde el aumento de la expectativa de vida y los cambios en la relación laboral han generado una relación, la mejor del sistema entre activo y pasivo, pero que no cierra económicamente. Si tomamos tres aportantes, recaudás $ 33 mil y tenés que pagar $ 63 mil son $ 30 mil por uno, pero hay 18 mil, hay 12 meses y pagamos US$ 26 millones por mes. Entonces, el sistema ha aguantado estas tensiones desde el año 2010 y ya no las aguanta más.

En 2010, Deloitte, Saldain & Asociados y Equipos Mori hicieron una consultoría y una propuesta de reforma, pero no se adoptó. ¿Por qué?

Sí, eso se puede corroborar en el acta N.º 69 del 22 y 27 de diciembre de 2010. Ese año ya se comenzó a detectar esta situación en la caja y se contrató a este consorcio (por US$ 158.600), que produjo un documento de 810 hojas. El Directorio del momento no tomó decisiones sobre una reforma del marco legal. Siguió deteriorándose el balance operativo. En el 2013 se reeligió el mismo directorio, ese informe estaba sobre la mesa pero no se hizo la reforma. En el 2014 se pasó a un balance operativo negativo y desde ahí los ingresos de la caja no pueden pagar las jubilaciones. El motivo no es un problema de gestión, sino que es el déficit estructural que tiene la relación pasivo-activo, pero fundamentalmente el aporte promedio de cada activo que es $ 11 mil contra la jubilación promedio del pasivo que es $ 63 mil, ahí se genera una brecha que desde 2014 no se ha cerrado. En el 2016 ‘mejora’ el balance operativo porque se recortaron prestaciones extraordinarias. Aquí había cuatro prestaciones extraordinarias. La caja tenía una tasa de reemplazo del 60%, quiere decir que del salario ficto te tocaba el 60%, sacabas el 60% en ese trienio y tenía tu jubilación, eso se bajó al 50%. Se sacó el aporte de gastos en salud que es un promedio de tres mutualistas de Montevideo. Se sacó el complemento de salud que era una partida de unos $ 950 y se sacó la partida excepcional de fin de año que era como si fuera un aguinaldo. Esas cuatro prestaciones se retiran. Eso no fue una mejora, eso fue un recorte de derechos extraordinarios que significaron $ 1.200 millones de recorte a los pasivos.

¿Cómo se ha sostenido la Caja de Profesionales hasta ahora?

Desde 2014, las inversiones han salvado permanentemente de no tener para pagar las jubilaciones.

¿Y ahora?

En el momento actual ya no basta con la rentabilidad de esas inversiones. Hemos tenido que lograr liquidez con las inversiones financieras y desprendernos de letras de cambio, bonos y parte de ese patrimonio, sobre todo en el último año, para poder hacer frente a las obligaciones de la caja. Frente a las necesidades de liquidez, las colocaciones son cada vez más estrechas. Nosotros no podemos comprar hoy un bono del 2050 porque seguramente ese dinero lo vamos a necesitar dentro de un año para pagar jubilaciones, entonces, los márgenes que tenemos de inversión en tiempo son más chicos y más chicas son sus rentabilidades

La comisión directiva actual asume en julio de 2017. ¿Qué decisiones toma frente a esta situación que ya era grave?

En septiembre de 2017 se hizo una Comisión de Reforma del Marco Legal y se definió llevar adelante una reforma que tenga la más amplia participación de todos los organismos de la caja. Bien abierta a todo el mundo y bien expandida. Esa comisión trabaja tres años para armar un proyecto que genera sustentabilidad y viabilidad a caja profesional. El anteproyecto fue aprobado en el directorio por 6 votos en 7 y se presentó el 6 de octubre de 2020 ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el 9 de ese mismo mes se lo presentó a Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) y el 18 de noviembre nos reunimos con la CESS.

Pero los tiempos para una reforma que se manejan desde la CESS son más amplios…

La caja no soporta los tiempos políticos. Lo venimos diciendo dese el 6 de octubre cuando presentamos el proyecto. Nosotros vamos a acatar lo que diga la CESS pero nuestra postura es que lo dejen pasar al proyecto y que después se sume a las normativas del marco general. La caja necesita esta reforma, no es gratis esto. En el último año se generó un déficit de US$ 21 millones. El costo de la espera de la reforma del régimen general a nosotros nos costó mucho. ¿Cuánto más vamos a esperar? La caja necesita que se apuntale un proyecto que tiene consenso, que se maduró técnicamente durante tres años, que se hicieron todos los estudios actuariales, que está fundamentado, que estuvo al frente la Asesoría Económica y Actuarial de la Cjppu y el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar) haciendo las simulaciones. Tenemos todo el aval técnico para hacer esta propuesta y que pueda ser llevada adelante.

Al asumir en 2017, además de trabajar en este proyecto, ¿qué otros movimientos se hicieron en respuesta a la situación crítica?

Nos concentramos fundamentalmente en obtener los mejores resultados. Tomamos algunas decisiones como no renovar los contratos que teníamos con prestadores externos, se hizo un llamado nuevo tanto de auditoría como de empresa de comunicación. Se hizo un convenio racional con la Asociación de Funcionarios de la Caja de Profesionales Universitarios (Afcapu) desde el punto de vista de adecuarse a la caja. Hace 16 años que la caja no tenía convenios. Hemos tratado de optimizar al máximo los gastos, buscando oportunidades de mejora. Se promovieron las afiliaciones y fuimos a visitar universidades. Fiscalización, combatir la morosidad, combatir la evasión, todo eso se hizo pero si mirás los números grandes de la caja, lo que necesita es realizar un cambio estructural y repito, esto no viene de ahora, viene de 2010. ¿Cuál es el problema? Que se acabó lo que se daba. No es fácil transmitir esto porque todas no son medidas simpáticas. No es este régimen o un régimen más duro. Es un régimen más duro o nada, y eso es lo que no hemos logrado transmitir bien.  

¿El Poder Ejecutivo estuvo enterado en todo momento sobre la situación?

Tuvo información de primera mano semanalmente en forma permanente y exhaustiva. Dos de los miembros del Directorio son representantes del Poder Ejecutivo.

Pero el 2 de julio les solicitó que presentaran medidas para afrontar la situación. ¿Cuáles fueron?

Propusimos gestionar préstamos puente ante el Estado que permita atender los déficits operativos hasta tanto los efectos de la reforma ocurra en el desfasaje. Incorporación del colectivo amparado por este instituto a los profesionales que ejercen sus profesión en régimen de dependencia. Considerar el importe del IASS que se recauda a los afiliados de la caja como parte del ingreso de la misma. Incrementar los ingresos de los recursos indirectos derivados del artículo 71 en un 20%, con un probable rediseño del mismo y también el incremento de los años considerados en el cálculo del salario básico jubilatorio. Por otro lado, hemos propuesto un equipo de trabajo con el MTSS, un ámbito de intercambio a los efectos de poder seguir discutiendo estas ideas.

¿Es posible que también se les solicite un mayor aporte a los profesionales? ¿Qué impacto tendría una solicitud así?

Yo te diría que cómo última medida podría ser el establecimiento de un aporte de los pasivos al funcionamiento de la caja. En algún momento se planteó pero se desechó porque los jubilados ya habían tenido quita de prestaciones extraordinarias en 2016. En su momento no pensamos que eso fuera un buen mecanismo de financiación. Además hay un tema que es el cambio de comportamiento de los aportantes voluntarios, que podrían cambiar de caja. Aumentar el peso de los profesionales, que sabemos que a muchos les cuesta solventar el aporte, nos parece que no debería ser ni la primera ni la segunda opción a tomar en un momento así. Y en esta etapa mucho menos.

¿Cómo entiende usted que debería gestarse la solución?

Nosotros creemos en la necesidad de darle viabilidad económica y financiera a la caja y para eso hemos trabajado, pero en este momento también debemos no solamente pensar en la sostenibilidad económica y financiera sino también en la sostenibilidad social. La sostenibilidad social es bregar porque no se castigue ni a activos ni a pasivos a los efectos de que cierren sus cuentas debido a que se demoró en una reforma. Todos vamos a tener que poner algo, seguramente, pero este tipo de medidas están en último orden. Esto es muy fácil para quien ve solamente números: aumenta el aporte, aumenta la edad de jubilación, baja prestaciones y se soluciona en 10 minutos, pero detrás de esos números hay gente. Hay personas que han aportado toda su vida; hay personas que tiene una edad próximas a jubilarse habiendo construido durante toda su vida sus derechos jubilatorios y nos parece que esa gente merece el respeto y deberíamos bregar porque no tengan impacto o sea el menor posible.