Nacional > "COMPROMISO POR EL PAÍS"
Qué dice el documento firmado por la coalición y cuáles fueron los cambios para el acuerdo final
El Partido Nacional (PN) difundió este martes el texto definitivo que firmaron el candidato blanco Luis Lacalle Pou y los líderes de los otros cuatro partidos opositores que forman la eventual coalición de gobierno en caso de un triunfo del nacionalista en el balotaje del 24 de noviembre.
Días después de que se filtrara el borrador del documento "Compromiso por el país" que negociaron los principales partidos opositores que integrarán un eventual gobierno de coalición si Lacalle Pou gana las elecciones, los partidos políticos llegaron a un acuerdo firmado este martes por el líder blanco, Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente)..
El documento de 13 capítulos tuvo modificaciones en la redacción de algunos puntos, mientras que se quitaron o agregaron otros.
Uno de los puntos donde hubo cambios fue en seguridad. Tras reclamos del Partido Colorado y del Partido Independiente, el documento final retiró la inexcarcabilidad de los delitos de narcotráfico y la reclusión permanente revisable, dos puntos que estaban incluidos con una redacción similar en la reforma constitucional que impulsó Jorge Larrañaga. Ese plebiscito naufragó en las urnas con un 46,7% de las adhesiones del electorado.
El capítulo sobre seguridad también promueve en la nueva versión del documento un ajuste a la Ley de Procedimiento Policial.
Además se quitó el proyecto de expansión de liceos militares, al tiempo que se incluyó la construcción de una cárcel de máxima seguridad para delincuentes peligrosos y se propuso la creación de una auditoría para controlar el "manejo de los recursos públicos" –tres aspiraciones del líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos–.
También se anunció que no solo se mantendrá la legislación vigente de la agenda de derechos, sino que se continuará "trabajando" en beneficio de los grupos "históricamente perjudicados", entre otras novedades.
El nuevo documento también presentó modificaciones en relación a la forma de gobierno de los organismos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que se presentaba en el borrador. El texto firmado señala que se buscará "fortalecer el rol director del Codicen de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes”. En el documento borrador, se señalaba que los docentes tendrían participación “con voz y sin voto”, algo que ahora se omitió.
Para descargar el documento completo, hacé click acá.
"Las cuentas en orden"
En el primero de los trece capítulos se mantuvieron la mayoría de los puntos incluidos en el borrador, aunque se agregaron otros como la realización de una auditoría de gestión en 2020, “dentro del marco constitucional vigente, que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de los recursos públicos”. Este punto había sido propuesto por Cabildo Abierto durante la campaña electoral. También se agregó la reducción de cargos de particular confianza, “especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública”. Los demás puntos se mantuvieron, aunque en algunos casos con leves diferencias en su redacción.
Un Estado "transparente"
Se eliminó la modernización de la institucionalidad del Banco Central del Uruguay. El resto de los puntos del borrador se mantuvieron, aunque se agregaron otros tres. Por ejemplo, “fortalecer las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva”. También se incluyó un punto referido a los gobiernos departamentales, para los que se promoverá una normativa que “establezca concursos y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas”. En tercer lugar, el documento incorporó un apartado sobre leyes anti corrupción, que buscarán atacar el “enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio”.
Las empresas públicas y sus tarifas
Este capítulo se mantuvo prácticamente idéntico al del documento borrador, salvo por la incorporación de un punto que establece la “fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras”.
Desarrollo productivo y competitividad
Al igual que el anterior, este capítulo no tuvo grandes modificaciones, salvo la inclusión de un punto en el que los firmantes se comprometen a "avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad", así como una mención expresa al fortalecimiento de "técnicas productivas y líneas de investigación que promuevan una producción ambientalmente sostenible".
Reorientar el Servicio Exterior
En la política exterior, el acuerdo firmado implicó la inclusión de un “Plan Estratégico de Política Exterior” para el siguiente período, “que guarde estrecha relación con las necesidades y oportunidades del país productivo”.
Además, se incluyó un punto que hace referencia al objetivo de “reorientar, reentrenar y redesplegar el Servicio Exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial”.
Se propone también un “programa de internacionalización de la tecnología que incluya la instalación de embajadas tecnológicas, así como acuerdos para evitar la doble tributación, para fomentar la radicación de empresas innovadoras y para promover la cooperación de la industria local con industrias globales”, algo que no estaba contemplado en el borrador anterior.
Por otra parte, se extrajo del documento original la pretensión de “Potenciar la función de las Oficinas Comerciales del Servicio Exterior mediante su adecuada profesionalización”.
Los cambios en seguridad
En el capítulo de seguridad, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, se hicieron varios cambios. Para empezar, fueron quitados los dos puntos que habían causado rechazo por parte del Partido Colorado y el Independiente: que se establezca la inexcarcelabilidad de los delitos de narcotráfico, que se instale la cadena perpetua revisable para los delitos gravísimos y que se excluya del régimen de salidas transitorias a los reincidentes por delitos que van desde estupefacientes, homicidio, lesiones, rapiñas y secuestros.
Esas propuestas, con una redacción similar, estaban en la reforma constitucional “Vivir sin miedo” que impulsaba Jorge Larrañaga, y ahora fueron quitadas del documento final.
También se elaboró un punto que refiere a “fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral”, profesionalizar los procesos de selección de personal y “desarrollar buenas prácticas de apoyo y cuidado al personal retirado”, que no estaba en el borrador.
Se incluyó asimismo una aspiración de Guido Manini Rïos, líder de Cabildo Abierto: construir “una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad”.
Por otra parte, en la redacción final del documento se previó que sea revisado el “sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento”, pese a que este año ya se aprobó una ley que reduce la utilización de este beneficio para un conjunto de delitos.
Además, tampoco estaba en la versión anterior un punto que establece que sea revisado el “efectivo cumplimiento de la Ley de Faltas”, ni la creación de la “especialidad de la investigación criminal” en los planes de la formación policial, como se propone ahora.
Por último, también se propone revisar la Ley de Procedimiento Policial para ajustar temas relacionados al “uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones”, algo que no estaba.
Las Fuerzas Armadas
En este apartado hubo muy pocos cambios. Se acordó que se establezca una “nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas” y se resolvió quitar del acuerdo un compromiso en torno a la vivienda militar. Ese punto decía: “Se fomentará el acceso a la vivienda digna por parte del personal subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se desarrollarán en esta materia”.
El gobierno de la educación
En este capítulo hubo varias modificaciones. El primero de los puntos no estaba en la primera redacción: “Ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la atención a la primera infancia, con foco en el niño y su derecho a ser cuidado, desarrollarse y aprender”.
Por otra parte, el nuevo texto menciona la necesidad de “fortalecer el rol director del Codicen de la ANEP, al que se incorporarán los Directores Generales de los subsistemas,
manteniéndose los consejeros electos por los docentes”. En el documento borrador, se pretendía que los docentes tendrían participación “con voz y sin voto”, una especificación que ahora se omitió.
La "expansión de la experiencia de los liceos militares, especialmente en el interior del país", una aspiración de Manini Ríos que había sido contemplada en el documento primario, fue quitada del acuerdo final.
También se acordó “modificar el Estatuto Docente de ANEP; para que la antigüedad deje de ser el factor determinante para el ascenso y se valore la evaluación y formación, respetando los derechos adquiridos”. En el documento anterior, no se explicaba a qué se refería con la reforma de los estatutos.
También se redactó el objetivo programático de extender el “tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el país”, algo que no se mencionaba en el borrador.
Además, se propone un “plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP”. La redacción de este punto se asemeja de un modo más preciso a la formulación que tenía en el borrador a la propuesta del colorado Ernesto Talvi de instalar 136 liceos modelo en todo el país.
Y sobre el final, el documento incorpora el objetivo de “integrar a las familias al proceso educativo” y “asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública”.
Los planes sociales
El acuerdo también fue modificado respecto a su borrador en lo relativo a las Asignaciones Familiares. En la anterior versión, se proponía “reformular” la eficacia en este tema, y ahora se escribió “mejorar la eficacia”, y se explicitó que se pretende mantener “el nivel de las prestaciones”.
Se incluyó un punto nuevo, que hace referencia a la necesidad de “estandarizar los criterios para certificar la discapacidad, eliminando la inequidad en el acceso a las ayudas extraordinarias AYEX y las pensiones otorgadas por el BPS”. Otro que propone el “desarrollo de programas que compensen las desventajas generadas por la diabetes y la enfermedad celíaca”.
Tampoco estaba la propuesta de que “en la medida en que el estado de la finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS (Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social)” y el objetivo de fortalecer el “programa MEVIR, complementándolo con el desarrollo de una adecuada infraestructura vial y redes de servicios”.
Por último, en cuanto a la necesidad de “fortalecer los centros CAIF”, en la nueva redacción se quitó la última parte referida a reformular el convenio ASSE-CAIF.
La agenda de derechos
Uno de los temas que plantea más contrastes dentro de la coalición opositora es lo relativo a la agenda de derechos. Sobre este punto el documento definitivo que firmaron los partidos establece que se mantendrá la legislación vigente y que también se continuará “trabajando” en beneficio de los grupos “históricamente perjudicados”. También se agregó un punto referido al “fomento de las políticas públicas de conciliación entre la vida laboral y la vida doméstica, como manera de disminuir la brecha de oportunidades entre géneros”.
Otro punto que fue modificado refiere a la política exterior, ya que el borrador afirmaba que se denunciarían a “los régimenes políticos violadores de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, sean del signo político que sean”. “No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente”, señalaba el escrito.
Este último punto fue cambiado por uno en el que los partidos se comprometen a “llevar adelante políticas públicas acordes con los estándares del sistema internacional de Derechos Humanos y Naciones Unidas, ratificado por Uruguay (Declaración Universal y Convenciones concordantes de Derechos Humanos), así como las recomendaciones de los comités de Tratados y del Examen Periódico Universal” al que Uruguay “está sometido como parte del compromiso global de defender una vida digna para todas las personas”. “No creemos en la defensa intermitente de los derechos humanos, sino en una defensa constante y coherente dentro y fuera de fronteras”.
El mundo laboral
En relación al mundo del trabajo, en el nuevo documento se agregó un punto en el que se comprometen a “defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos.
Cuidar la salud de los uruguayos
En el documento definitivo este capítulo se mantuvo igual, aunque se agregó un apartado en el que se establece la creación de una “agencia independiente de evaluación de tecnologías”.
Medio ambiente y bienestar animal
En este capítulo no se realizaron cambios.
