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Relator de la ONU defendió informe sobre la crisis del agua en Uruguay: "No significa la crítica específica contra un gobierno"

"No significa la crítica específica contra un gobierno, sino que es una crítica contra una situación que pone en riesgo como mínimo en este caso los derechos humanos vinculados al acceso al agua potable", señaló Pedro Arrojo Agudo
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19 de julio de 2023 a las 18:16

El relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo-Agudo, defendió su informe en el que transmitía que la disminución de la calidad del agua en Uruguay era "alarmante", y agregó que no significaba una "crítica específica contra un gobierno".

"No significa la crítica específica contra un gobierno, sino que es una crítica contra una situación que pone en riesgo como mínimo en este caso los derechos humanos vinculados al acceso al agua potable. Es una evidencia y está siendo reflejado en la prensa, no es algo que me invento. Está sumamente documentado", aseguró este miércoles en entrevista con 12 PM de Azul FM.

El informe fue criticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso el coordinador de la ONU en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, se desmarcó del informe

Ante esos desmarques, Arrojo-Agudo señaló que las advertencias dadas en ese gobierno eran de su "exclusiva responsabilidad". "Tan independiente que ni siquiera se paga un sueldo. Puede no gustar al alto comisionado y ese es el papel como experto independiente. El documento es expresión de realidades clamorosas que están en la prensa y en la queja ciudadana. No es algo inventado", aseguró.

"Me han llegado incluso de instituciones médicas, de asociaciones de pediatras, de gente que está cuidando la salud. Por la salinidad del agua aconsejan públicamente no consumir esas aguas. Ya solo eso quiebra el principio de derechos humanos. El agua que tiene que haber en la red tiene que ser para todo el mundo, accesible y barata", aseguró.

"Si uno se ve impulsado a comprar agua embotellada para proteger a su familia, se está induciendo en un proceso de privatización de facto, que además quedará en ámbito de lo viable para quién este en una situación más desahogada y para quien esté en una situación más apurada más que probablemente deberá tomar agua que no es de toda la calidad".

"He tenido contacto en particular con el sindicato de OSE, que es la gente que está trabajando a pie de obra. Con la gente que en su momento fueron los promotores de ese hecho histórico, que coloca a Uruguay como una referencia mundial, que fue el primer país en incluir el derecho humano al agua potable en la Constitución. Cada vez me llegan los datos (de OSE) me llegan con menos medios. Si decimos que el agua es fundamental es lógico que eso garantice en los compromisos presupuestarios", aseveró.

Consultado sobre su cercanía con el partido de izquierda español, Podemos, y si eso le permitía tener objetividad a la hora de realizar el informe, Arrojo señaló que actualmente no tiene "vinculación partidaria". "Fui diputado por Podemos, tengo todo un itinerario que se caracteriza por una actitud científica e independiente que me ha llevado a tener sabores agridulces y rebeldías con la estructura partidaria. Tuve el honor de ser elegido como relator entre más de veinte candidatos. Tengo cartas de alegación a gobiernos de derecha e izquierda".

El informe que generó las críticas

"Un considerable aumento en los niveles de salinidad está afectando la calidad del agua potable en Uruguay, afectando a más del 60 por ciento de su población", señalaba el comunicado firmado por seis expertos, entre ellos Pedro Arrojo-Agudo, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Damilola Olawuyi.

El informe de la ONU también afirmaba que los mayores niveles de salinidad y cloruros afectan "significativamente a los grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas". El crítico informe aseguraba que el hecho de que las autoridades de la salud instaran a "comprar agua embotellada" podía llevar a una "privatización de facto del agua para consumo humano".

Tras ese encuentro, Cancillería divulgó un comunicado en respuesta a las "inexactitudes" del informe. Allí, el gobierno sostuvo que "hasta la fecha" los valores excepcionales que fijó el Ministerio de Salud Pública para los niveles de sal y cloruros no se consideraban "alarmantes"

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