Las Naciones Unidas aprobaron el primer tratado mundial para proteger la altamar

"El océano es la fuerza vital de nuestro planeta. Hoy, le han insuflado una nueva vida y una nueva esperanza para que tenga una posibilidad de luchar", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien calificó el acuerdo como un "logro histórico", aunque recordó que el trabajo "todavía no ha concluido" e instó “a no escatimar esfuerzos para que el acuerdo entre en vigor".

La adopción del texto, finalizado en marzo luego de una década y media de complejas negociaciones en las que intervinieron gobiernos, institutos científicos, ambientalistas de diversas oenegés y representantes del sector empresario, establece un marco legal vinculante para extender las franjas de protecciones ambientales hacia aguas internacionales, que abarcan más del 60% de los océanos del mundo.

"Océanos sanos, desde aguas costeras hasta áreas de fondos marinos profundos y la altamar remota son parte integral de la salud, el bienestar y la sobrevivencia humana", recordó tras la aprobación del tratado un grupo de científicos en la publicación The Lancet, texto en el que se destaca que los océanos producen mucho del oxígeno que respiramos, limitan el cambio climático absorbiendo CO2 y albergan ricas zonas de biodiversidad, incluso a niveles microscópicos.

Con buena parte de los océanos del mundo fuera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los países, y por lo tanto de la jurisdicción de cada estado, crear una protección para la altamar requería de la cooperación internacional.

Reservas marinas

Aunque la altamar representa cerca de la mitad del planeta, fue ignorada por mucho tiempo en las luchas medioambientales, que pusieron el foco en las áreas costeras y en algunas especies emblemáticas. De ahora en más, se espera que el acuerdo sea una herramienta clave para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales.

Actualmente solo alrededor del 1% de la altamar está protegida por alguna clase de medida de conservación y el tratado es considerado esencial para que los países protejan el 30% de la tierra y de los océanos del mundo para 2030, como acordaron los gobiernos en el acuerdo firmado en la ciudad de Montreal, Canadá, en diciembre pasado.

Oficialmente conocido como el tratado de "Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional", el texto también introduce requisitos para llevar a cabo estudios de impacto medioambiental para actividades que se planeen en aguas internacionales.

Si bien dichas actividades no están especificadas en el texto, incluirían desde pesca y transporte marítimos hasta objetivos más polémicos, como la minería en aguas profundas, o incluso programas de geoingeniería que buscan combatir el calentamiento global.

El tratado establece también los principios para compartir los beneficios de los recursos marinos genéticos procedentes de la altamar, obtenidos en expediciones e investigaciones en aguas internacionales, un punto que casi hace fracasar las negociaciones de último minuto en marzo.

Los países en desarrollo, que a menudo no tienen medios para financiar investigaciones costosas, lucharon para no verse privados de su parte de estos beneficios, que muchos ven como un gran mercado a futuro, en especial en la búsqueda de "moléculas milagrosas" por parte de compañías farmacéuticas y cosméticas.

Tras su adopción formal en el ámbito de la ONU, se espera ahora que los países signatarios del acuerdo ratifiquen su vigencia a través de sus respectivas legislaturas nacionales, proceso que deberá alcanzar un mínimo de 60 ratificaciones para su entrada en vigor, requisito que las oenegés se muestran confiadas en que se alcanzará, ya que la coalición de países que impulsaron el tratado suma medio centenar.

Los puntos claves del texto

El objetivo principal es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, tanto ahora como a largo plazo, en las zonas que no están bajo la soberanía de ningún país. Una gigantesca extensión que representa cerca de la mitad del planeta más allá de las zonas económicas exclusivas, que cubren un máximo de 200 millas náuticas (370 km) desde las costas.

Con el fin de hacer cumplir sus decisiones, la futura Conferencia de las Partes (COP) que reunirá a los estados firmantes tendrá que coordinar con otras organizaciones mundiales y regionales que actualmente tienen poder en partes del océano. En particular con las organizaciones regionales de pesca y con la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que otorga los permisos de exploración minera en algunos puntos precisos y que en un futuro no muy lejano podrían pasar al estadio de explotación, como temen las oenegés.

El punto más emblemático del tratado es la creación de zonas marinas protegidas en aguas internacionales, como las que actualmente existen en las aguas territoriales. Respaldada por la ciencia, la COP, a propuesta de uno o varios estados, podrá crear estos santuarios en zonas determinadas, particularmente frágiles o importantes para las especies en peligro.

Como en otras COP, en particular la del clima, las decisiones se adoptarán en general por consenso. Sin embargo, el texto introduce una excepción de peso para impedir a un país bloquear la creación de una zona de protección marina: si no hay consenso, la decisión se podrá adoptar por una mayoría de tres cuartos.

El tratado no precisa cómo llevar a cabo las medidas de protección de estas ingentes extensiones alejadas de tierra firme, lo que queda en manos de la COP. Algunos expertos esperan que se recurra a los satélites para vigilar e identificar a los infractores, y que cada estado se haga responsable de las actividades sobre las que tiene jurisdicción, incluso en altamar, como en el caso de los barcos con bandera del país.

Cada estado, marítimo o no, y cualquier entidad bajo su jurisdicción, podrá recolectar en altamar vegetales, animales o microbios, cuyo material genético podrá ser utilizado, incluso comercialmente, por empresas farmacéuticas u otras que esperan descubrir moléculas milagrosas.

Para que los países en desarrollo, que no tienen medios para financiar estas costosas investigaciones, no se vean privados de su parte en la torta que no pertenece a nadie, el tratado prevé el principio de compartir de forma "justa y equitativa las ventajas" que ofrecen los recursos genéticos marinos. El texto, además, prevé que se compartan los recursos científicos en una "plataforma de libre acceso".

Antes de autorizar cualquier actividad en altamar realizada bajo su control, los países deberán estudiar previamente las potenciales consecuencias para el entorno marino. El acuerdo contempla que si un estado considera que una actividad prevista en sus aguas nacionales puede afectar la altamar de manera sustancial, también deberá realizar estudios de impacto ambiental.

En todos los casos, serán los estados en cuestión los responsables de decidir si la actividad contemplada está autorizada, aunque las oenegés esperan que la COP sea la que finalmente decida, para que la luz verde no sea tan sencilla. El tratado, no obstante, obliga a los estados a publicar regularmente una evaluación de los impactos y prevé la posibilidad de cuestionar la autorización de una actividad si surgen impactos negativos no previstos.

(Con información de la agencia de noticias AFP)