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La polémica puso a Da Silveira y a antecesora en el mismo bando de la discusión.

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"Salarios de ópera" en el Fondo de Solidaridad: el sueldo para el presidente ya había sido impulsado en gobierno del FA

Ministro defendió que se le pague un salario a la presidenta del organismo; lo mismo había hecho su antecesora hace siete años

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21 de septiembre de 2022 a las 16:54

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, defendió en el Parlamento la decisión de otorgarle un salario a la presidenta del Fondo de Solidaridad. Se trata de uno de los puntos más polémicos de la Rendición de Cuentas y que genera fuertes resistencias no solo en la oposición sino también en algunos integrantes de la coalición de gobierno. 

El lunes pasado al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Da Silveira se refirió a "algunas especulaciones" que ha despertado el artículo 260 del mensaje presupuestal, ya sancionado en Diputados. Allí se propone modificar la ley de creación del fondo y establecer que esa entidad abonará al presidente de la comisión que lo administra una remuneración mensual equivalente a la correspondiente a la que perciben los subsidirectoras de Primaria, Secundaria y UTU. También que ese cargo será incompatible con cualquier función pública retribuida, excepto la función docente. El salario planteado equivale a unos $ 135 mil mensuales. 

Tal como informó El Observador semanas atrás, esta disposición fue incluida en el texto a última hora y mediante un aditivo. Fue presentada por el sector colorado Ciudadanos y favorecerá a Rosario Cerviño, cercana a la diputada de ese grupo, María Eugenia Roselló

Ante los legisladores, el ministro recordó que hoy el fondo tiene una dirección colectiva honoraria, acompañada por un "staff" no solo remunerado si no "muy bien remunerado". A su juicio, se trata de un diseño institucional que genera problemas. "Es una ficción pensar que los no remunerados van a estar ocho horas por día controlando cómo funciona el organismo cuando, en realidad, tienen que estar desempeñando actividades que les permitan sostenerse a sí mismos", planteó. 

La consecuencia de esa condición honoraria, sostuvo Da Silveira, es el debilitamiento de los representantes de los ciudadanos y, a su vez, el fortalecimiento del "staff" que sí es rentado, por la simple razón de que ellos sí están todos los días y son los que  terminan marcando el rumbo de la organización y llevándole al directorio los proyectos de resolución que, "con poco estudio", se terminan aprobando. 

La situación ya generó consecuencias negativas. "Como aquel famoso episodio en el que los funcionarios se habían fijado a sí mismos sueldos de tal magnitud que luego se dio marcha atrás y se bajaron", recordó. La mención fue a lo sucedido en 2015 cuando, según trascendió, fueron allí auto-aprobados. En el caso del gerente general, el monto era de $ 267 mil mensuales de la época. 

Da Silveira defendió en ese sentido una solución que se utilizó en otros organismos en donde el directorio es honorario pero su presidente es rentado. Por ejemplo, en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). "La función es que haya alguien, de todos los que tienen la responsabilidad política, que pueda hacer la inversión de tiempo necesaria para contrabalancear las visiones que se desarrollen por parte del staff", argumentó. Se trata, justificó, de una medida "sana", que asegurará un mayor control y que además no generará mayores erogaciones al Estado, ya que el salario del presidente será financiado por el propio Fondo de Solidaridad. 

La medida fue respaldada por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que dijo haber escuchado "todos los comentarios habidos y por haber" sobre el tema. Bianchi consideró "bastante razonable" la remuneración planteada y advirtió que si en este tipo de organismos todos los cargos fueran honorarios todo quedaría "en manos de los gerentes". 

Cada pesito cuenta

En el Frente Amplio, Amanda Della Ventura puso sobre la mesa el planteo que algunos de los integrantes del Fondo de Solidaridad habían planteado días antes ante la comisión en una reunión previa, en cuanto a la erogación que significará nuevo salario hará disminuir rubros disponibles para becas. 

Así lo había advertido la Agrupación Universitaria del Uruguay, una entidad que dice representar a la mayoría de las gremiales de profesionales del país y que integra la comisión honoraria que administra el fondo. "Quienes estamos en la administración hemos sido muy celosos de cada pesito que llega y el destino", dijo su delegado, Duilio Amándola. "Y cada peso que llega, para nosotros, debe ser transformado en becas". 

Da Silveira ironizó sobre los comentarios del representante del fondo. "Me pregunto si esa persona estaba en el directorio cuando el gerente general y algunos otros funcionarios se pusieron salarios de ópera que, en conjunto, eran mucho más onerosos que estos que se están pagando ahora" y a los que se les dio marcha atrás solo por la reacción de la opinión pública. El ministro fue concluyente: los únicos perjudicados por la nueva medida serían funcionarios que, eventualmente, tuvieran la aspiración de tener la conducción efectiva del Fondo de Solidaridad. "No digo que esté pasando, pero prevenimos cualquier riesgo que eso ocurra", señaló. 

Amándola recordó por su parte que el fondo viene de un recorte que, en los últimos cinco años, llevó del 7% al 5% el costo global de administración que, en otras cosas, se tradujo en la reducción del salario del gerente general y de muchos "elementos superfluos". El total administrado asciende a unos US$ 35 millones anuales. La tercera parte de ese monto se origina en el impuesto adicional al fondo de Solidaridad. 

En ese escenario, apuntó el organismo estuvo "en la mira" de la Auditoría Interna de la Nación, que planteó un mayor escenario de restricción: pide que se destine solo el 1% a los gastos de administración, con lo lo cual el presupuesto quedará aún más reducido. 

Amándola sostuvo que, en más de un momento y en distintos gobiernos, la presidencia del fondo ha tenido que ser ejercida por alguno de los delegados, ya que el Poder Ejecutivo no había designado a su representante o porque los distintos presidentes se han enfermado. "En algún momento supimos estar sin presidente y sin secretario, y a nuestra institución le correspondió ejercer la secretaría, pero a ninguno de nosotros se nos ocurrió plantear alguna retribución", aseguró. 

El delegado fue más allá y sostuvo que, en una reunión hace pocos días con la actual presidenta –que será la que pasaría a cobrar un salario– "aseguró, y lo afirma, que no hizo ningún planteo de retribución o remuneración". 

Esto ya pasó

Da Silveira aseguró que la propuesta de otorgar un salario al presidente del fondo no es nueva. "Es la segunda vez que se presenta una iniciativa de ese tipo", dijo recordar ante la comisión. Según el ministro, durante sus gobiernos el Frente Amplio presentó al respecto un proyecto de ley, que no logró superar el trámite parlamentario. 

La afirmación fue rebatida por el senador Alejandro Sánchez (MPP). "La bancada del Frente Amplio no apoyó esta solución, por eso hoy se coloca aquí", dijo. El legislador dijo que sí hubo un proyecto, pero que solo tuvo sanción de la Cámara de Representantes. "El Frente Amplio no generó el cargo rentado, porque la bancada de senadores del Frente Amplio, que está hoy aquí, votó en contra". 

También en esa época hubo una fuerte polémica, pero con los roles cambiados. La entonces ministra de Educación, María Julia Muñoz, había defendido la idea de remunerar al presidente del Fondo de Solidaridad. En ese momento, la propuesta era de $ 120 mil mensuales. El planteo había sido incluido en el Presupuesto quinquenal enviado ese año al Parlamento por el último gobierno de Tabaré Vázquez. 

Durante su presencia en el Legislativo Muñoz ensayó en su momento argumentos similares a los que ahora maneja Da Silveira. "Honorariamente no se puede realizar esa tarea porque requiere mucha responsabilidad", había dicho la entonces ministra. "No solo en la administración de los fondos sino en el un sistema justo de solidaridad social con los estudiantes de bajos ingresos". 

La medida había sido duramente criticada por el entonces senador nacionalista José Carlos Cardoso. El salario propuesto, señaló, era superior al que cobraba en su momento el rector de la Universidad de la República y no estaba "tan lejos" del del presidente de la República. 

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