Se incluyen las causas de 48 uruguayos y el exmilitar Juan Manuel Cordero está entre los acusados
Con 48 casos de uruguayos entre los 108 que se presentan por parte de víctimas de los delitos de la dictadura y con el exmilitar Juan Manuel Cordero como uno de los 25 represores acusados, se inicia este martes en Buenos Aires el juicio por el Plan Cóndor.
Según el diario argentino Página 12, el proceso se inicia con el pasaje de 405 testigos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1.
La Justicia argentina sentará en el banquillo a los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por su presunta responsabilidad en la persecución y detención de opositores bajo el Plan Cóndor, que implicó la cooperación de las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980.
Entre los 25 imputados en este juicio oral por crímenes de lesa humanidad figuran también el exministro del Interior de la dictadura argentina (1976-1983) Albano Harguindeguy y los exgenerales Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Bussi, Santiago Riveros y Ramón Díaz Bessone.
El tribunal bonaerense juzgará los delitos cometidos contra 108 víctimas en una causa en la que la etapa de declaraciones podría prolongarse durante dos años, según el Centro de Información Judicial.
Muchas de las víctimas eran ciudadanos uruguayos que fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires, pero también se juzgan los casos de secuestrados de nacionalidad paraguaya, chilena, boliviana y peruana.
La Justicia argentina solicitó el pasado febrero, en el marco de esta causa, la extradición del exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez, por la presunta deportación de 13 peruanos a Argentina en 1978, pero fue denegada.
El Plan Cóndor fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay para perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a opositores políticos fuera de sus países.
La cooperación de los servicios secretos de los distintos países se inició a partir del golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende en Chile en 1973.
Una de las primeras víctimas fue el general chileno Carlos Prats, que se mantuvo leal a Salvador Allende y murió asesinado en setiembre de 1974 en Buenos Aires junto a su esposa, Sofía Cuthbert.
No se tuvieron pruebas concretas del plan hasta 1992, cuando en dependencias del gobierno paraguayo se descubrieron informes secretos conocidos como Archivos del terror.
En los informes constaba la autorización a miembros de las fuerzas armadas y a paramilitares a cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.
Un caso muy conocido fue el de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, detenida en su país y trasladada en 1976 a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz a una niña que fue entregada en adopción a un policía uruguayo.
Gelman logró reunirse con su nieta Macarena en el año 2000, cuando fue localizada y recuperó su identidad.
Videla, de 87 años, encarcelado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, fue el primer gobernante de la dictadura argentina en recibir una condena a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia argentina lo declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.
El año pasado, un tribunal argentino condenó al exdictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.