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Senado terminó de votar el articulado de la LUC; ahora pasa a Diputados

A las 10 de la mañana de este viernes, se retomó la discusión en particular de los artículos de la LUC; el debate terminó sobre las tres de la mañana del sábado

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05 de junio de 2020 a las 19:02

Después de una jornada de casi 17 horas, sobre las tres de la mañana de este sábado, la Cámara de Senadores finalizó la discusión en particular del proyecto de ley de urgente consideración. El texto será remitido a la Cámara de Representantes, que tendrá 30 días para tratarlo en comisión y votarlo. 

El día anterior, los senadores votaron 205 artículos referidos a seguridad pública, inteligencia estratégica del Estado y educación.

A continuación, el resumen de la maratónica jornada de este viernes en orden cronológico. 

La siguiente sección a discutir trata sobre economía y empresas públicas, en donde está contemplada la creación de una regla fiscal. El senador socialista Daniel Olesker fue el primero en tomar la palabra, explicó cómo la propuesta del gobierno podría impactar en el gasto social y sostuvo que es innecesaria e inoportuna debido a la coyuntura actual.  

"La regla es una restricción simplemente cuantitativa, no cualitativa", defendió el senador nacionalista Sergio Botana y dijo que "el momento de fijar las condiciones es este". "Es una regla sabia y absolutamente responsable", agregó y citó datos que avalaban su planteo. 

Mario Bergara señaló que Uruguay cuenta con una regla fiscal desde 2006, a partir de la ley de endeudamiento, que fija el tope de endeudamiento que el país puede generar. Indicó que el Frente Amplio no se opone a la medida y está dispuesto a discutir medidas complementarias, pero considera que la propuesta del Poder Ejecutivo "es un saludo a la bandera". Entre otros motivos, el expresidente del Banco Central citó que en el proyecto de ley no se delimiten consecuencias del incumplimiento. "No tiene la institucionalidad de una regla fiscal", afirmó. 

 

El nacionalista Jorge Gandini dijo que Uruguay desde hace años "tiene una regla fiscal de hecho", que la instaló "con un título creativo" el exministro de Economía y actual senador Danilo Astori. Aseguró que en los últimos años se proyectó cuánto va a crecer la economía y a partir de eso se decidió cuánto se puede gastar. "Se gastó todo y por eso creció el déficit", indicó.

Además, dijo que es una "ficción" que la ley de endeudamiento opere como una regla fiscal.  "Tan inútil es la regla fiscal que se reivindica en sala, que se tuvo que cambiar siete veces", apuntó. "Ser independiente es tener un modelo económico sustentable", agregó. Bergara intervino para "rechazar enfáticamente" las "acusaciones" que " por desconocimiento" Gandini hizo en sala. 

Óscar Andrade aseguró que desde el Ministerio de Economía no se explicó debidamente el porqué de la medida propuesta. El senador comunista se tomó un momento para apuntar contra el "relato" que entiende que el oficialismo quiere hacer creer.

Dijo que la coalición de gobierno "no asume el país de los jubilados que cobran $ 8.000", apuntó contra los salarios que los educadores antes cobraban, "cuánto valía un litro de leche en 2004", entre otros factores. "Nosotros perdimos las elecciones. Y tenemos que asumir autocríticamente errores que se cometieron. (...) Ahora, eso no nos obliga a votar un articulado que tiene mucho más de consolidación de relato que de construcción de una norma jurídica eficaz", advirtió.  

"La regla por sí sola no va a resolver nada, no es mágica", apuntó la senadora nacionalista Carmen Asiaín, y agregó que lo que puede llegar a solucionar el déficit fiscal es la conducta de los gobernantes. Sobre la ley de endeudamiento, dijo que "no se deroga, está vigente" y precisó que desde su creación supuso "una suerte de trampa al solitario", porque "se fue subiendo el tope para poder endeudarse" más. 

Olesker precisó que la oposición nunca dijo que no "cambia nada" la regla fiscal y reiteró que no quedó conforme con las respuestas que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dio en la comisión del Senado cuando le preguntó sobre el gasto social. "La práctica hasta ahora no ha sido la de potenciar las políticas sociales", dijo. 

Guillermo Domenech elogió a Gandini por poner "la pelota en el área". "Habló del tema importantísimo, generalmente ignorado, de la dependencia que nos genera la deuda externa", afirmó el legislador de Cabildo Abierto. Parafraseando a Rubén Darío, se preguntó "hasta cuándo nos vamos a endeudar ingenuamente" y manifestó su preocupación por la "entrega" del país a los organismos internacionales. 

Juan Sartori y Sergio Abreu destacaron que se dé una "señal política". "Yo no sé cuál es la resistencia que puede existir", valoró el excanciller y agregó que el gobierno "se manejará con determinada conducta" para abordar el tema "preocupante" del elevado déficit fiscal. Asimismo, dijo que el ciudadano piensa en una cosa: "No gasten tanto y si gastan, sepan en qué están gastando, porque es mi plata". 

Enrique Rubio dijo que "es incumplible" la regla fiscal propuesta en el proyecto de ley, particularmente el artículo 207. Entre otras aspectos, el mismo indica: "El Poder Ejecutivo determinará, en el marco del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, los lineamientos de la política fiscal que se aplicarán durante su administración, los que incluirán una meta indicativa de resultado fiscal estructural de las entidades estatales comprendidas en el ámbito de aplicación. La Meta Indicativa de Resultado Fiscal Estructural para el período de gobierno tendrá por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal será complementada con un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía".

Además, Rubio le pidió a la coalición que tuviera en cuenta que no recibió un país con deuda social, porque si no, el gobierno no hubiera podido enfrentar la pandemia de la forma en que lo hizo. 

Guido Manini Ríos planteó que "cualquier gobierno, sea cual sea, puede tener la regla más linda en la ley" pero si no hay disposición a cumplir lo que dispone, es "un saludo a la bandera".

El líder de Cabildo Abierto retrucó a los legisladores del Frente Amplio que hablaron sobre la deuda social. "Hay una deuda social gigantesca, se la disfrace como se la disfrace, hay un tejido social mucho más frágil que hace 15 años", valoró. "No podemos seguir aceptando calladamente que el Uruguay que recibimos el 1 de marzo era el país de las maravillas. No, señores", agregó. 

Rubio se tomó varios minutos y, entre otros planteos, le contestó que hace 15 años los bancos públicos "estaban fundidos" y los hospitales eran una "vergüenza". El colorado Tabaré Viera pidió a la presidenta de la mesa, Beatriz Argimón, que revisara el reglamento porque el senador frenteamplista "claramente" había hecho alusiones políticas, algo que no está permitido. José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, acotó que la intervención Rubio fue en respuesta a otras consideraciones hechas antes. 

Mahía retomó el hilo de la discusión sobre la fijación de una regla fiscal. "El día que definamos como país cambiar los indicadores, hablaremos, pero cuestionar los puntos de referencia hace cuestionar hasta cómo se da el debate de fondo", opinó. 

Con 18 sufragios en 27, el Senado votó los seis artículos del primer capítulo de la sección cuatro, que disponen la creación y las características de esta nueva regla fiscal. 

Al igual que sus compañeros de bancada, Alejandro Sánchez afirmó que no está en contra de la medida. Pidió que se establezcan cláusulas, compromisos, garantías para que la implementación de esta regla fiscal no se traduzca, por ejemplo, en el empobrecimiento de la población. 

Cambios a la Ley de Inclusión financiera

Sobre las 13 horas, los senadores se adentraron en la votación particular de los artículos que refieren a la Ley de Inclusión Financiera. Se trata de uno de los temas que más diferencias generó a la interna de la coalición que gobierna, por lo que la versión original sufrió varias modificaciones en los últimos meses

Bergara expresó que es "extremadamente inconvenientes para el país, en particular para los trabajadores y trabajadoras, esta marcha atrás en la inclusión financiera y en el marco normativo para prevenir el lavado de activos".

Señaló que los cambios van a afectar negativamente la calificación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un organismo internacional de evaluación de control de lavado de activos. A su vez, dijo que los cambios favorecerán la evasión e irán en detrimento de los trabajadores, entre otros aspectos perjudiciales. 

Gandini indicó que no se le puede achacar a los cambios propuestos, que apuntan a ampliar la libertad de la ciudadanía, las "patologías que puede tener el sistema". Y argumentó por qué no comparte que será más difícil controlar el lavado de activos.

Bianchi agregó que el Partido Nacional quiere que la población tenga la posibilidad de elegir, "como en los países desarrollados", y que "no hay improvisación ni intentos de desarticular" los controles dispuestos. 

Domenech cree que se han usado argumentos que no son ciertos y que "no ha habido un clamor popular" para que se aprobara la Ley de Inclusión Financiera, a la que catalogó como una norma "impopular". "Lamento que la multicolor no haya tenido más coraje para derogar la obligatoriedad", dijo. 

Mercado de los combustibles

Pasadas las 14 horas, la Cámara de Senadores se adentró en la discusión de uno de los temas más discutidos en los meses previos al tratamiento parlamentario: la derogación del monopolio de la exportación, importación y refinación del petróleo crudo y sus derivados en manos de Ancap. 

Sin los votos de los socios de la coalición, la propuesta fue sustituida por otros tres artículos, que entre otros puntos establece que la fijación del precio de los combustibles se base en los de paridad de importación. 

La senadora Carolina Cosse, exministra de Industria, llevó la voz cantante de la oposición y destacó que no prosperara la idea inicial de derogar el monopolio de los combustibles. "La soberanía de un país se asienta también sobre sus capacidades y las empresas públicas son un enorme activo. Uruguay ha desarrollado una política de soberanía energética exitosa y para ello fue fundamental la planificación estratégica", escribió en Twitter al final de su intervención. 

Botana planteó que hay "una cuestión que no debe ser soslayada" en el debate, que es que "el texto que envió el gobierno buscaba conseguir el objetivo de la baja de los combustibles a través de la desmonopolización de los mismos". Para el exintendente de Cerro Largo, la marcha atrás que dio el Partido Nacional es "un ejemplo" de que no se ata a "mecanismos" o a lo ideológico.

El senador blanco dijo que había "riesgo de caer en prácticas oligopólicas" y que, si al Partido Nacional no le gustan los oligopolios públicos, "mucho menos los privados". 

Germán Coutinho, el senador de Batllistas, uno de los principales defensores de la derogación del monopolio, reiteró que no va a acompañar estos tres artículos. 

Sánchez saludó que no prosperara la versión del Ejecutivo, pero remarcó que al hablar del mercado de los combustible no solo se puede pensar en los costos. El senador del MPP dijo que también se trata de la necesidad de tener un país pensado para que el ciudadano que esté en el punto más alejado pueda acceder a la energía con la misma facilidad que el que está en la gran urbe.

"Por eso se tiene que hacer cargo el Estado, porque es el único que va a velar por los intereses", expresó, y dijo que la evidencia empírica ha demostrado que los privados no se hacen cargo de lo social y la equidad, sino que se hacen cargo de su ganancia. "De libre comercio no tiene nada este mundo, y menos en el mercado de los combustibles", valoró. 

Cosse rebatió el argumento de que este es un tema de "libertad", porque la libertad debe ser usada para garantizar que Ancap "sea eficiente, no para arrinconarla", algo que a su juicio iba a pasar si prosperaba la versión original. 

Olesker se preguntó cómo, si no estaban hechos los estudios sobre la viabilidad de derogar el monopolio, el Partido Nacional hizo la propuesta. Botana respondió que la idea partió de una "verdad absoluta", que es que cuando hay competencia, los precios bajan. El senador socialista precisó que se refería al artículo 234 de la última versión del proyecto de ley. 

Peña expresó que podía ser un gran problema si se daba una solución política a un tema como el del precio de los combustibles, que a su entender es esencialmente económico. "Creo que lo que hicimos en comisión fue cambiar el foco y no entrar en la discusión 'desmonopolización sí o no'", opinó. El senador colorado entiende que los cambios acordados en comisión le ponen "una vara, una exigencia" a Ancap.

 El exdirector de Ancap Carlos Camy definió a la versión acordada en comisión como una solución "inteligente" pero "tímida", que somete a dar respuestas concretas, entre ellas el descenso de los precios de los combustibles.

Los artículos 232 y 233 de la versión final fueron votados por unanimidad. El 234, en cambio, solo consiguió 16 votos en 30. Al fundamentar por qué se negó a votarlo, Cosse planteó que lo que propone parece un nuevo intento de que se concrete la desmonopolización. 

El artículo establece que el Poder Ejecutivo va a tener que presentar a la Asamblea General, en un plazo de 180 días, "una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles", a partir de una serie de estudios. La senadora apuntó contra la "ignorancia" o "desconocimiento" de la información pública, ya que algunos de los estudios que se encomiendan para hacer este plan ya existen y son de acceso público. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Los senadores del Frente Amplio acompañaron la creación de la nueva secretaría de Estado, que también formaba parte de su programa de gobierno, pero remarcaron que este es "un voto de confianza".

Penadés destacó que hoy, 5 de junio, cuando se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, se votara por unanimidad la creación de este organismo. Además, subrayó el compromiso del Partido Nacional con el tema, que se refleja desde 1990, cuando durante una administración blanca se creó el actual Mvotma. 

Se votó, a su vez, la creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.

Colonización y sector agropecuario

Domenech advirtió que de un tiempo a esta parte se le está trasladando el "poder político" a las sociedades anónimas no nominativas, a las que en el proyecto original del Poder Ejecutivo se las facultaba a ser propietarias de tierra sin el aval del Poder Ejecutivo, como ahora se necesita. El senador lamentó la cantidad de sociedades a las que se les dio permiso en los últimos años. A su vez, se mostró de acuerdo con los artículos 353 y 354, por lo que adelantó que su partido los votaría. 

Camy dijo que los cambios contenidos en el artículo 353 de la ley urgente son "un tema jurídico", de derechos adquiridos y no tienen "nada que ver" con la concepción que se tenga del Instituto Nacional de Colonización. Domenech afirmó que ese artículo, en particular, viene a resolver inconstitucionalidades.

El senador de Alianza Nacional sostuvo que este tema tiene que vincular a todos los orientales e invitó a sus pares de la oposición a "animarse" a hacer cambios en Colonización, para que este instituto se convierta en una suerte de "banco" que dé oportunidades a los productores. Invitó a defender que no se saque la tierra y que no se reduzca Colonización –como planteó la oposición en la sesión– pero dijo que no se puede pretender tener "presos" en las tierras a los colonos. 

"Hay muchas caras, y muy conocidas, que se van a ver beneficiadas con este artículo. Simplemente voy a nombrar una: Forestal Oriental Sociedad Anónima (UPM), es propietaria de algunas de las tierras que se van a desafectar a partir de la ley", indicó Sánchez.

Señaló que algunas tierras se van a poder vender a un valor superior –en el entorno de 20% o 30% más caras– que si siguieran estando "bajo el imperio" de la ley de Colonización, porque las van a poder vender a precio de mercado. Según los cálculos que hizo en la sesión, se trata de aproximadamente 100.000 hectáreas de tierra, con un valor estimado de US$ 300 millones. 

El senador del Movimiento de Participación Popular se mostró "radicalmente en contra" de las modificaciones proyectadas. Explicó que la normativa vigente permite que se radiquen personas bajo el régimen de subsidio y no ingresen por la vía del mercado, pero a partir de la LUC van a poder acceder otras personas. 

"La justicia social no puede ser excusa para llevarse puesto el derecho", afirmó Bianchi, y dijo que la postura de la oposición atenta contra el derecho a la propiedad. Sánchez aseguró que su principal preocupación es la desafectación de ciertas tierras del Instituto Nacional de Colonización prevista en la ley urgente. 

Andrade defendió la "legítima" diferencia que tiene el Frente Amplio, que intentó llegar a un acuerdo cuando la comisión especial trató el proyecto de ley. Dijo que en este ámbito se manejó que las tierras desafectadas serían entre 70.000 y 120.000 hectáreas, un número similar al total de hectáreas adjudicadas entre 1985 y 2004. 

Rubio valoró que este es un tema "tremendamente complejo" desde el punto de vista jurídico, por lo que se mostró en contra de que "se tranque" en una ley de urgencia. Junto con Carrera presentaron una moción para desglosar los artículos 353 y 354, para someterlos a estudio de la comisión de ganadería del Senado, pero el pedido no prosperó. 

Manini Ríos, en tanto, confesó que la consideración de estos artículos fue el "mayor dilema" para Cabildo Abierto. "Nos termina convenciendo la responsabilidad que tiene que tener el gobernante de dar certezas jurídicas", aseguró, y dijo que para él es "de justicia" aprobar el artículo 353. Aun así, coincidió con la oposición en que las políticas tienen que tender a habitar el campo y lamentó que cada año 1400 productores rurales dejen la actividad. 

Luego, se votaron los cambios previstos para el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la creación del Instituto Nacional de la Granja. Sobre este punto, Mahía reconoció el trabajo hecho en comisión y dijo que esta puede ser una oportunidad estratégica. 

El nacionalista Amín Niffouri, oriundo de Canelones, aseguró que la creación del instituto es una aspiración de larga data de ese departamento y que no representa "más burocracia". "Bien utilizada, esta herramienta va a ser muy útil para todos los productores granjeros del país", opinó. Con 29 votos en 29, estos artículos se aprobaron.

Por unanimidad también se votó la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, un órgano desconcentrado dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bergara reconoció que la coalición aceptara algunos de sus aportes. Entre ellos está la incorporación de "la aplicación de otros medios no eutanásicos" a la nueva redacción del artículo que dispone uno de los cometidos del organismo: la disposición y ejecución de "acciones conducentes a la limitación de la reproducción de los animales de compañía". 

Con votos del Frente Amplio, también se votó la creación de un Consejo Asesor Honorario en Seguridad Social de seis miembros, denominado "comisión de expertos" en la primera versión. Olesker expresó que en ella "no estaba garantizada la pluralidad", y por eso su partido pidió que se garantizara la participación de las tres organizaciones que integran el Banco de Previsión Social: trabajadores, jubilados y empresarios.

Antes, se había acordado la siguiente redacción: "La integración reflejará la diversidad de visiones con respecto al tema de la seguridad social, tanto de las organizaciones sociales como de los partidos políticos". 

Más adelante, Olesker se detuvo en la fundamentación de por qué el Frente Amplio no votaría el capítulo dos de la novena sección, dedicada a la "normativa de emergencia de vivienda". El senador socialista planteó que es incorrecta la denominación de "arrendamiento sin garantías" que allí se prevé. "Está mal, debería llamarse 'desalojo exprés'", dijo, y agregó que estos artículos consolidan los intereses de los arrendatarios. 

Asiaín aseguró que las medidas propuestas no sustituyen la normativa vigente, sino que son una opción adicional. "El problema de la falta de garantías es un problema. Y esto capaz a algunos les cuadra como una solución", indicó. Carrera aseguró que no hay incentivos para que alguien se valga de este régimen.

Penadés respaldó lo dicho por Asiaín. Afirmó que, en el acierto o en el error, el gobierno cree que es un régimen complementario para quienes no pueden acceder a la vivienda por las vías ya establecidas. "Es voluntario usarlo, nadie está obligado a usarlo. Y si no funciona, mejor para ustedes", zanjó y recordó que oposición y oficialismo habían pautado limitar la cantidad de oradores porque ya sabían cómo votaría cada bancada y habían discutido el contenido en comisión. 

"Mi miedo no es que no funcione. Al revés, es que funcione", rebatió Sánchez, que cree que a partir de la nueva normativa "se establece la desprotección". Dijo que el Poder Ejecutivo planteó esta idea sobre la evidencia no documentada de que hay ciudadanos que, producto de su precariedad, tienen dificultad para acceder a una garantía.

Cuando se habla de contratos, en el caso de vivienda hay una enorme asimetría: el que no tiene techo tiene que aceptar las reglas de juego que establece el propietario, aseguró el legislador. A su juicio, el paso correcto sería extender la cobertura del Fondo de Garantía de Alquiler del Ministerio de Vivienda. 

"Mevir urbano"

Botana se negó a votar la ampliación del ámbito del Mevir a zonas pobladas del interior de hasta 15 mil habitantes por "temor" a que "se deje de construir en campaña". "Creo que es la primera vez en el mes que estoy de acuerdo con Botana", bromeó Andrade, y planteó que la propuesta del Ejecutivo no tenía en cuenta la especificidad del Mevir. 

Coutinho afirmó que discrepa con ambos legisladores, considera oportuno que se incorpore en la ley urgente por la cantidad de asentimientos que hay en todo el país, y dijo que la experiencia y éxito "fenomenal" de la herramienta Mevir se podría extender a más ámbitos.

La redacción original del artículo disponía que la cobertura del Mevir se ampliaría a Montevideo y zonas pobladas del interior, sin fijar un tope de habitantes, pero fue modificada a último momento. La propuesta la hizo la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, que coordinó en la interna de la coalición los artículos sobre vivienda. 

Manini Ríos expresó que compartía la preocupación de Botana pero acompañaría el artículo, porque no cree que el nuevo límite ponga en peligro la actuación del Mevir en el medio rural. 

Los artículos con modificaciones del Código Civil que tratan sobre las donaciones inoficiosas fueron desglosados para un posterior tratamiento en la comisión de Constitución y Legislación del Senado, en acuerdo con el resto de la coalición, anunció Bianchi. Sí se votó el tramo anterior de artículos que modifican el Código.  

Huelga y piquetes

El artículo que refiere al "ejercicio pacífico" del derecho de huelga quedó para el final de la discusión, sumado al que prohíbe los piquetes. Para la oposición, en conjunto vulneran los derechos laborales, la libertad sindical y el derecho de huelga. 

El primero indica que "el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente". El segundo declara "ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios". 

La discusión sobre este punto se trenzó con el anuncio hecho por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, del "ajuste salarial puente" a raíz de la emergencia sanitaria, que se prolongará hasta junio de 2021. 

Andrade planteó que sindicato, huelga y negociación colectiva son los pilares de los derechos laborales. Indicó que la huelga tiene un componente funcional y cuestionó que se pretenda equiparar el derecho a la propiedad con el derecho de huelga. 

Criticó que el gobierno, en medio de la emergencia sanitaria, dé el "mensaje indiscutible de limitar un derecho laboral reconocido constitucionalmente".

Asimismo, recordó que a pesar de que el gobierno fundamente la propuesta en la LUC a partir de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta institución ampara el derecho de huelga, pero eso –según Andrade– no es traído a colación por las autoridades. 

Rubio aseguró que se puede tomar la línea de la negociación o de la represión, que son dos caminos con consecuencias diferentes. Como ejemplo, puso la crisis de 2002. "¿El doctor (Jorge) Batlle negoció? Negoció. ¿Nosotros encendimos la pradera? No, no encendimos la pradera (...) La línea telefónica estuvo siempre abierta, funcionando", dijo. "En este país, en medio de una debacle, se negoció".

"Me parece sorprendente que se tome este camino", afirmó en referencia al anuncio del viernes. Y dijo que este un error de los que "después llevan a un desencadenamiento de circunstancias difícilmente manejables". 

La oposición señaló que el incremento de las atribuciones de la Policía que a su entender se hace a partir de la ley urgente, sumado a la "criminalización" de las protestas, configuran un escenario que se puede descontrolar en este contexto. 

Gandini dijo que la propuesta del Poder Ejecutivo, refrendada por la coalición, está alineada a la de la OIT. Citó textualmente documentos de este organismo, en los que se hace referencia al ejercicio pacífico de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.

"¿Por qué se nos acusa de querer recortar un derecho fundamental, por qué se dice que se habla de represión?", apuntó el senador nacionalista. Además, se refirió al "doble discurso" de la oposición que, cuando era gobierno, restringió las ocupaciones en dependencias públicas.

También citó varios casos en los que el Ministerio del Interior procedió al desalojo.  "O sea que cuando la patronal es el Estado, se puede reprimir, desalojar y el derecho a la ocupación no forma parte del derecho de huelga", apuntó Gandini. 

La discusión se prolongó por casi dos horas. Por 18 sufragios en 31, se votaron los artículos 466, 467 y 468. Estos refieren a "piquetes que impidan la libre circulación", la "preservación del derecho a la libre circulación y el orden público" y la "actuación en casos de hechos de apariencia delictiva". 

Luego fue el turno de los artículos que habilitan la portabilidad numérica y que modifican las formas de incorporar nuevos predios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Jueves

Concluida la discusión en particular de las dos primeras secciones del proyecto de ley de urgente consideración, después de casi 15 horas de trabajo, la Cámara de Senadores entró en cuarto intermedio. La actividad se retomará a las 10 de la mañana de este viernes, con la discusión en particular de los artículos de la cuarta sección.

Pasadas las 19 horas, ya se habían aprobado las dos primeras secciones, que tratan sobre seguridad pública y el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. La bancada del Frente Amplio acompañó algunos de los cambios propuestos. De la segunda sección, solo votó uno de los nueve artículos: el 119.

La coalición de gobierno, en cambio, votó todos los artículos, tal como lo había acordado en las instancias de coordinación.

Luego fue el turno de la tercera sección, que proyecta cambios en materia educativa. Este es uno de los apartados que más respaldo tiene dentro de la coalición de gobierno.

El Frente Amplio entiende que la versión final es superior a la inicial, pero se opone a la filosofía de fondo del proyecto de ley y entiende que, a diferencia de lo que planteó en comisión el ministro Pablo Da Silveira, propone cambios estructurales que no deberían discutirse en los plazos perentorios de una ley urgente. 

A continuación, el minuto a minuto de la sesión.

Legítima defensa: primer artículo recibió 18 votos

Los senadores discuten ahora el primer artículo del proyecto de ley, que propone modificar el artículo 26 del Código Penal, sobre la legítima defensa.

Entre otros cambios, se agrega que "el medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida". Y dispone: "Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende". 

La defensa de la propuesta del Ejecutivo es liderada por el senador Carlos Camy, que citó el artículo 7 de la Constitución y otros cinco proyectos de ley presentados en anteriores períodos legislativos. Dijo que es una "visión actualizada" de un instituto que se mantiene desde 1933 y que con esta propuesta se está "defendiendo a las víctimas potenciales y a los inocentes". 

Óscar Andrade, del Frente Amplio, dijo: "La racionalidad nunca es sobre el medio, es sobre la necesidad. Y por lo tanto, la forma en que se intruduce, confunde". Planteó que el debate no puede colocarse entre "quienes defienden a las víctimas" y quienes no, que por contraposición supone que el Frente Amplio "defiende delincuentes". 

Además, recordó que en su comparecencia ante la comisión, el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho se manifestó en contra de estos cambios, particularmente de la presunción de inocencia en favor de la policía y los militares que realizan tareas de seguridad interna.  

Graciela Bianchi aseguró que la actual situación de seguridad pública requiere "endurecer" algunos puntos del Código Penal. "¿A mí me gusta? No", dijo, pero indicó que la situación lo amerita. Además, pidió "coherencia" porque el Frente Amplio acompañó el aumento punitivo para el femicidio. 

Para José Carlos Mahía, la propuesta del gobierno no va a traer soluciones sino más problemas a la situación de seguridad existente. "Estamos convencidos de que el instrumento jurídico (...) cambia una jurisprudencia que tiene aproximadamente 90 años", dijo. 

Afirmó que no amerita invocar la propuesta sobre seguridad pública impulsada por Jorge Larrañaga, que fue sometida a plebiscito en las pasadas elecciones y consiguió 46,8% de adhesiones pero no prosperó. 

Bianchi dijo que "no va a aceptar" y considera que "es una ofensa republicana" que se acuse al oficialismo de priorizar la propiedad privada sobre la vida por estar de acuerdo con este artículo. 

Entonces, se produjo una discusión cuando la presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, llamó al orden por las consideraciones que Mahía hizo en su alocución.

"No actuemos a lo Lema", le pidió el senador frenteamplista Charles Carrera, refiriéndose al altercado que este martes se produjo entre el presidente de la Cámara de Representantes y la diputada Verónica Mato. 

Gustavo Penadés, del Partido Nacional, dijo que no admitirá que la oposición diga que el partido de gobierno no defiende la vida y pidió "honestidad intelectual" a sus pares del Frente Amplio. "Vamos a intentar subir un poco el nivel (...), por lo menos en cuanto a la interpretación de lo que el otro dice", demandó. 

Enrique Rubio dijo que lo que se está votando es un "intríngulis jurídico" que complicará la tarea de los jueces si se aprueba. Aseguró que se están dando señales "inútiles" a los policías (por considerarlos particularmente en la nueva versión del artículo), haciéndoles creer que a partir de esta norma estarán más amparados por las normas, pero no será así en los hechos.

El primer artículo fue votado por 18 de los 28 integrantes del cuerpo presentes en sala. 

Al fundamentar su voto, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que el cambio aprobado "no supone un cambio sustancial" a lo dispuesto en el Código Penal, porque el codificador puso en un mismo plano a la propiedad y a la vida, sin perjuicio de lo que cada uno opine. 

El nacionalista Sergio Botana sostuvo que la discusión no es entre la propiedad y la vida, sino entre una vida y otra, y como sabe de qué lado debe ponerse, votó a favor del artículo. 

Se votó la figura del cómplice en varios tipos penales

Después de votar por unanimidad el segundo artículo, los senadores se detuvieron en la discusión del artículo tres, que agrega un inciso al artículo 89 del Código Penal, para regular la figura del cómplice en varios tipos penales. Está dispuesto que se le pueda aplicar la pena máxima a los cómplices de ciertos delitos como estupefacientes, secuestro y receptación. 

De vuelta, Andrade recordó las observaciones hechas por algunos de los expertos que asistieron a la comisión, que entre otros aspectos señalaron la inconveniencia de equiparar las penas para el autor y el cómplice del delito. 

Camy le respondió que "el tipo que más sabe también se equivoca", y se refirió a experiencias pasadas en las que así pasó. A su vez, planteó que en la discusión política hay que tener en cuenta la gravedad del delito que cometió el cómplice. 

Delito de resistencia al arresto recibió 18 votos

El senador Camy afirmó que este artículo será votado con la absoluta convicción de que es necesario, entre otras cosas, para respaldar a la Policía en su accionar. Carrera intervino para "dejar constancia" de que el Frente Amplio sí respalda a las fuerzas policiales, pero no está de acuerdo en crear esta figura autónoma. 

Sergio Abreu dijo que no se está haciendo "un ejercicio de la represión ilimitada", sino que se quiere hacer saber a la ciudadanía que hay "ciertos límites" en caso de que impongan una "resistencia física" al ser arrestados. 

Jorge Gandini aseguró que le "da vergüenza" ver en las noticias que hay policías que incluso son increpados por los vecinos de las personas que van a arrestar. Reconoció que "excede" su capacidad determinar si se debe tipificar como un agravante de otro delito, en vez de crear una figura autónoma, pero votará esta propuesta porque es la que está en discusión y la comparte. 

Agravio a la autoridad policial: 18 en 30 votos

Se aprobó el quinto artículo, y los artículos del seis al nueve fueron votados en bloque. La discusión se trancó al someter a votación el artículo 11, que crea el delito de agravio a la autoridad policial.

Carrera dijo que no hay fundamentos para crear este instrumento, que en la práctica hará más difícil la labor de jueces y fiscales, y que regula acciones que ya pueden ser penadas según la normativa vigente.

Para el Frente Amplio, el artículo dispone un "uso irracional de la fuerza" y es uno de los que menos comparte de la sección. "Los tipos penales abiertos se prestan para la discrecionalidad", agregó Andrade. 

Carmen Asiaín retrucó que si ya pueden ser penadas las acciones previstas en el artículo 11, no hay motivo para oponerse. Sobre la posibilidad de que alguien pueda ser penado por amenazar o insultar por escrito a un policía, aseguró que se intenta "preservar el derecho a la reputación" de los policías. 

La versión final de este artículo es la siguiente: "El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión".

Rubio indicó que el término agravio es "tremendamente subjetivo" y se presta a interpretaciones que pueden ir en sentido contrario a lo que se pretende regular. 

La discusión sobre el artículo 11 se prolongó hasta las 13.45, cuando la cámara entró en un cuarto intermedio de 45 minutos. Minutos antes, Penadés apuntó que la oposición quiere instalar el relato de que el Partido Nacional va a ejercer "un gobierno represivo". "Vamos a respaldar a la policía no para que reprima a la sociedad, para que la defienda. ¡No vuelve el pachecato!”, exclamó. 

Al retomar la sesión, se votó el artículo 11 por 18 votos en 30. Luego, sin oradores anotados para hablar, se votó una tanda de artículos, pero solo con los votos del oficialismo. 

Amanda Della Ventura adelantó que el Frente Amplio acompañará el artículo 16, que prevé multas y penas de prisión para quienes agredan a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios.

Sebastián Sabini agregó que con estas disposiciones no basta, que tiene que haber una solución de fondo desde lo educativo, y advirtió que quien no pueda pagar las multas tendrá que pagar con pena de prisión. A su vez, dijo que se trata de situaciones excepcionales, a pesar de la repercusión que tuvieron a nivel de la opinión pública. 

El colorado Adrián Peña, uno de los autores del proyecto de ley en los que inspiró este artículo, aseguró que algunas figuras han caído en "desuso" y "es interés de la coalición recuperarlas" para enfrentar los episodios de violencia. Y agregó que estas no son situaciones excepcionales, sino que se dan con frecuencia y en todos los sectores socioeconómicos. 

Cambios en las normas penales para menores infractores

El coordinador de la bancada del Frente Amplio reconoció la "valentía" de la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna De Olivera, cuando compareció ante la comisión especial y planteó sus objeciones a la propuesta del Ejecutivo, que fue modificada en el Parlamento. 

Della Ventura dijo que este es uno de los temas que más preocupa a los legisladores de la coalición de izquierda. Andrade apeló a la "sensibilidad similar" de "la mayoría" de los senadores y dijo que se están perdiendo la posibilidad de hacer un "abordaje integral" de la problemática. 

"Cuando hablamos de la minoridad infractora tenemos que tener cuidado en separar", afirmó Tabaré Viera. El senador suplente de Julio María Sanguinetti dijo que el incremento punitivo y la eliminación del régimen de semilibertad regirán solo para los adolescentes que cometen algunos delitos gravísimos, no para "el joven infractor que cometió una falta". 

Camy destacó la participación de la vicepresidenta Beatriz Argimón, Gandini y el diputado nacionalista Álvaro Viviano en la redacción final. La primera versión no contaba con suficiente respaldo dentro de la coalición. Era resistida por algunos dirigentes blancos, colorados y los de Cabildo Abierto. 

Por otra parte, Bonomi advirtió que con el conjunto de cambios propuestos en la ley urgente, si no se construyen nuevas plazas en las cárceles, en un año va a empeorar la situación de hacinamiento en estos establecimientos porque va a aumentar la cantidad de reclusos.

Guido Manini Ríos afirmó que "no se puede aceptar" que la cantidad de plazas sea una limitante para legislar, si bien reconoció las malas condiciones en las cárceles. "No puede condicionarnos y entiendo, por lo que se ha hablado, que (se cree) que ese es una condicionante para aumentar penas", dijo. 

El exministro del Interior aclaró que esa no es la razón por la que el Frente Amplio no votará estas propuestas, sino que al hacer estas valoraciones había querido plantear cómo podrían repercutir las medidas en el sistema. 

Bianchi puso sobre la mesa las "dos corrientes" que a su juicio hay sobre este tema: la de la "conveniencia", que supone liberar presos porque no hay plazas o no hay presupuesto, o la de "conciencia", a la que dijo adherir. 

Por 18 votos en 29, pasadas las 18 horas se votaron los artículos del 75 al 80, con la excepción del 77. 

"Si solo aumentamos las penas, nos encaminamos a una sociedad autoritaria, lo tengo que decir", afirmó Liliam Kechichian al fundamentar su voto. Pidió a sus pares del oficialismo que reconocieran que las políticas públicas implementadas por el Frente Amplio en los últimos 15 años pueden haber tenido "algo que ver" en la obtención de mejores cifras. 

Educación

La votación de estos artículos tuvo como antecedente la moción presentada por el senador Sebastián Sabini, del MPP, para desglosar los 75 artículos y tratarlos por fuera de los plazos perentorios. 

La coalición de gobierno cree de que la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo es el paso correcto para obtener mejores resultados en educación. Blancos, colorados y cabildantes no pusieron objeciones a la versión final de la sección tres. Y destacaron que en la última versión se incluyeron varias sugerencias hechas por los sindicatos y técnicos, después de que el presidente Luis Lacalle Pou divulgara el primer borrador. 

En las antípodas se encuentra el Frente Amplio, que considera que en líneas generales la propuesta es regresiva, tiende a la privatización de la educación y viola el principio de autonomía. La coalición de izquierda cuestiona que se quieran implementar estos cambios a partir de un proyecto de ley de urgente consideración, que aborda un espectro amplio de temas y supone que los artículos deban ser aprobados antes de agosto, con o sin modificaciones. 

La tercera sección está compuesta por 75 artículos. En conjunto derogan 12 artículos de la Ley General de Educación y alteran 48% de su articulado. Una cantidad considerable de los cambios –20 de 56, según el ministro– está destinada a “armonizar” la norma de 2008, es decir, darle coherencia de acuerdo a las modificaciones proyectadas. 

Cerca de la medianoche, los senadores llegaron a votar el artículo 205 y la cámara fue a cuarto intermedio. Este viernes continuará la votación de los artículos en particular. La primera sección a considerar será la cuarta, que trata sobre economía y empresas públicas. 

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