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“Desmembramiento” de Vivienda en la LUC preocupa a Cabildo Abierto, que pide cambios
Los senadores de la coalición de gobierno cerraron filas el martes 28 cuando los legisladores del Frente Amplio cuestionaron que Ernesto Talvi e Irene Moreira no hubieran firmado el proyecto de ley de urgente consideración. Negaron que el canciller y la ministra de Vivienda quisieran eludir el “costo político” de las medidas, y rechazaron que el Poder Ejecutivo se hubiera apartado de lo dispuesto en la Constitución por la ausencia de la firma de dos secretarios de Estado.
Moreira, una de las figuras de Cabildo Abierto, aseguró que la falta de su firma se había debido a “un tema administrativo”. El mismo argumento usó al día siguiente, en una reunión con los legisladores de su partido, pero les transmitió su disconformidad con la versión final del proyecto de ley y adelantó algunos de los cambios que propondría en el seno de la coalición, contaron a El Observador participantes del encuentro.
El “desmembramiento” que podría sufrir el Ministerio de Vivienda es visto de reojo por la cúpula de Cabildo Abierto desde enero, cuando se conoció el primer borrador. Su líder, Guido Manini Ríos, tuvo sucesivas reuniones con el presidente Luis Lacalle Pou para pedirle que los cambios se dieran de manera paulatina y los cabildantes tuvieran mayor participación, dijeron las fuentes consultadas.
La intención de enlentecer las modificaciones en esa cartera quedó sobre la mesa en la coordinación interpartidaria del jueves, cuando la ministra Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch (Partido Colorado) expresaron su punto de vista sobre las secciones del proyecto de ley que atañen a Vivienda.
Senadores blancos, colorados y cabildantes quieren encontrar una redacción alternativa de los artículos que no generan consenso, en vez de prescindir de ellos, y por eso están recibiendo delegaciones ministeriales antes de sumergirse formalmente en la discusión.
Para las autoridades del Ministerio de Vivienda, la estructuración de todos los nuevos organismos debería postergarse hasta que se vote la Ley de Presupuesto. El viceministro explicó que no se trata de desglosar estos artículos para tratarlos más adelante, como se prevé en otros casos, sino de aplazar el funcionamiento de las estructuras que se quiere crear.
La lista de reclamos que van en ese sentido la encabeza la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en el proyecto de ley está previsto se incorpore al Presupuesto Nacional como el Inciso 16. Allí se crean los cargos de ministro, subsecretario y director general. Para que nadie pueda poner en duda la constitucionalidad de la creación de este y otros organismos, los jerarcas proponen reescribir los artículos aclarando que se constituirán en la próxima ley presupuestal.
Antes de la emergencia sanitaria, Lacalle Pou había adelantado que se valdría de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 para poder solventar algunas de las disposiciones de la ley urgente que necesitaran rápida aprobación de financiamiento.
Desde Vivienda también tienen otra visión. “El dilema es: tratarlo en la ley de urgente consideración, con la ventaja de que se resolverá rápidamente y con la desventaja de tener el riesgo de no considerar todos los aspectos en profundidad, o tratarlo en la Ley de Presupuesto, que tiene la ventaja de otorgar más tiempo de análisis y asesoramiento pero demora su concreción”, consideró el director general de Vivienda, Gabriel Albornoz.
Sin embargo, el tema que más preocupa a colorados y cabildantes es la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, que entienden que podría transformarse en un “ministerio paralelo”.
Con el Partido Nacional ya acordaron que será una dirección nacional dependiente de Vivienda, en vez de un órgano desconcentrado, como se pretendía originalmente. Aun así, las autoridades creen que se deberían delimitar con mayor claridad las competencias y propusieron una redacción alternativa, para que los legisladores de la coalición la contemplen en la discusión parlamentaria.
Otra idea que no genera consenso en la coalición es la ampliación del ámbito de actuación del Mevir a Montevideo y zonas pobladas del interior.
Los más radicales creen que el artículo debería eliminarse porque temen que las necesidades de la capital absorban el presupuesto de este organismo. Un punto intermedio que acordaron este jueves fue establecer por escrito un porcentaje máximo de dinero (cerca de 25%) que podrá ser destinado a las zonas urbanas.
A la última reunión de coordinación multicolor también asistió el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, del Partido Independiente. El diputado Iván Posada explicó que la única objeción del ministro, en lo que refiere a trabajo y seguridad social, tiene que ver con las adecuaciones previstas para el sistema que administra el Banco de Previsión Social. De todos modos, el Partido Independiente mantiene reparos sobre otros puntos del texto (ver recuadro).
En la reunión del jueves también participó el Ministerio de Desarrollo Social. Su director general, Nicolás Martinelli, dijo que “hay algunos cambios conceptuales” que podrían definirse en los próximos días, pero en términos generales la esencia de su propuesta se mantendrá.
A pedido del Mides se eliminarán dos artículos, el 414 y el 415, que proponían la creación e instrumentación de una Comisión Especial para la Discapacidad. Este grupo presentaría al Poder Ejecutivo un plan integral contemplando la atención, cuidado, desarrollo, inclusión, autonomía y calidad de vida de estas personas, a partir de una serie de lineamientos detallados en el proyecto de ley.
En la sesión extraordinaria del martes, el senador socialista Daniel Olesker cuestionó que el proyecto de ley desarmara o le quitara poder a algunas instituciones. En particular se refirió al Programa Nacional de Discapacidad, que pasó a la órbita del Mides cuando él era ministro de Salud Pública (2010-2011).
