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Gobiernos del FA autorizaron a más de 100 sociedades a ser dueñas de tierras
Los gobiernos del Frente Amplio autorizaron a más de 100 empresas, en su mayoría sociedades anónimas, a ser propietarias de tierras desde que en 2007 la administración de Tabaré Vázquez promulgó una ley que lo prohibía a excepción de autorización expresa del Poder Ejecutivo.
El número se desprende de un relevamiento realizado entre las resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo a las que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información pública.
Con la presentación del proyecto de Ley de Urgente Consideración y las modificaciones que establece para la ley 18.092, el tema de la propiedad de la tierra vuelve a estar sobre la mesa. El proyecto presentado por el gobierno elimina los artículos dos y tres de la ley mencionada y habilita a que personas jurídicas propietarias de Sociedades Anónimas o sociedades en comandita por acciones sean dueñas y exploten tierras.
Es decir, con la legislación actual el Estado debe conocer, con nombre y apellido, quienes son los dueños de los campos, a excepción de aquellos que reciban la autorización expresa del gobierno de turno. Si el proyecto de urgente consideración se aprueba tal como está, esa autorización dejaría de ser necesaria.
La mayoría de las sociedades autorizadas por los gobiernos del FA son a grandes empresas, entre las que se encuentran algunas como Stora Enso (propietaria del 50% de Montes del Plata), Forestal Oriental (UPM), Union Agriculture Group, integrada por otras ocho SA, distintos Administradores de Fondos de Inversión, Alcoholes del Uruguay (ALUR) y empresas vinculadas a la producción de cannabis como International Cannabis Corporation y Tersum.
Un número elevado de las autorizaciones se registraron en el último año de gobierno del primer mandato de Vázquez y en los primeros del gobierno de José Mujica. Sin embargo, en 2019 el número también fue alto. En 2009 fueron 11 autorizaciones, en 2010 fueron 12 y en 2011 se registró el pico con 17. En el último año calendario de un gobierno del FA hubo 13 autorizaciones.
Entre las habilitaciones se encuentran no solo la del derecho a la propiedad, sino también la explotación o cambios en la estructura societaria que también deben ser comunicados al Poder Ejecutivo con la legislación actual.
Si bien Presidencia remitió las resoluciones donde se autoriza a las sociedades a ser propietarias no respondió a la solicitud de la cantidad de hectáreas que están en manos de estas empresas y las resoluciones no lo dicen. Sin embargo, en 2017 una nota del semanario Búsqueda estimaba en base a datos oficiales que estas sociedades tenían en su poder cerca de 5,7 millones de hectáreas. El total del área productiva del país está en el entorno a los 16 millones de hectáreas.
Los argumentos
El presidente Luis Lacalle ha defendido esta iniciativa, que estaba en el programa electoral del Partido Nacional, con el argumento de que la ley así como está favorece a los grandes empresarios.
“¿Quién se ha beneficiado de esto? Los fondos grandes, los que tienen mucha plata y llegaron a hablar con el presidente. Pero cualquier hijo de vecino que tiene un establecimiento y puede conseguir socios, ese no puede tener una sociedad anónima al portador”, cuestionó en una entrevista con radio Sarandí en enero.
La oposición de Lacalle a la normativa vigente no es nueva. “¿Es preferible que la tierra esté en manos de una persona que por alguna razón no la trabaja o es mejor que esta persona pueda conformar con otros socios una persona jurídica y así obtener recursos para trabajar?”, dijo en la Cámara de Diputados en 2006 cuando se trataba el proyecto.
Además, señaló en esa oportunidad que la posibilidad del Poder Ejecutivo de habilitar a algunas empresas es una medida hecha con “nombre y apellido”.
Algunos dirigentes del Frente Amplio cuestionaron este pasaje del proyecto de urgente consideración porque entienden que aumenta la opacidad. “Lo que decía se combina con otras cosas, como que las tierras puedan volver a estar a nombre de sociedades anónimas. Entonces, se va a poder ir con la valijita con 1 millón de dólares a comprar un campo y ponerlo a nombre de la sociedad anónima. Eso es un incentivo tremendo a la opacidad”, dijo a La República el dirigente frenteamplista Pablo Ferreri.
El comentario de Ferreri fue realizado previo a la presentación del proyecto definitivo que establece un tope de US$ 100 mil para transacciones en efectivo. Actualmente el tope es cercano a los US$ 5 mil. Sin embargo, los argumentos del FA cuando aprobó la Ley 18.092 también iban en ese sentido.
“Es dable destacar que en los últimos años, producto de la legislación vigente ha habido inconvenientes para identificar los bienes rurales de grupos dirigidos por autores de maniobras delictivas, así como los de grupos dedicados al narcotráfico en virtud que sus bienes revertían la forma jurídica de titularidad bajo el régimen de sociedades con acciones al portador”, dijo el senador del Frente Amplio, Leonardo Nicolini, en la Cámara de Senadores.
Debate parlamentario
Si bien no es de los temas del proyecto de ley de urgente consideración que ha generado mayor debate, el Frente Amplio se posicionó en contra de esta modificación. Sin embargo, este tema también puede traer diferencias en la interna de la coalición de gobierno.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se pronunció en contra de estos artículos. “No estamos de acuerdo con el artículo que sugiere que la propiedad de la tierra puede ser de sociedades anónimas. Son cosas con las que no estamos de acuerdo y que, en principio, no estamos dispuestos a acompañar”, dijo en una entrevista con el semanario Voces.
