Si no es ahora ¿cuándo?

La tentación de dejar pasar el tiempo es grande. Que le toque al próximo gobierno, piensan muchos aunque no saben si el próximo gobierno será de ellos. Que no se tenga que asumir el costo político de medidas dolorosas pero necesarias, dicen otros. Y sobre todo, que nadie se haga cargo de errores del pasado, especialmente de la reforma del año 2008. Y menos hacerse cargo que la expectativa de vida ha mejorado notoriamente así como la tasa de natalidad ha disminuido creando un grave problema de sustentabilidad del actual sistema previsional.

Ya en el anterior gobierno, el Cr. Danilo Astori  había advertido la necesidad de realizar la reforma de la seguridad social. Pero a continuación dijo que dicha tarea era para el próximo gobierno, es decir, el actual comandado por el presidente Lacalle Pou.

El actual presidente recogió en su programa de gobierno la necesidad de esa reforma. Se hizo cargo del problema. Designó una comisión que formulara un diagnóstico preciso y recomendaciones oportunas para encarar el problema, que no es solo de Uruguay sino de muchos países del mundo que experimentan los mismos cambios demográficos, en mayor o menor medida.

Esa comisión, presidida por el Dr. Rodolfo Saldain, se conformó por representantes de todos los partidos políticos y escuchó a todos los actores sociales. Pero lamentablemente las fuerzas de la oposición no acompañaron ni el diagnóstico ni las recomendaciones. Hay como una cerrazón a la realidad, una especie de estrategia del avestruz de esconder la cabeza y no asumir realidades. Con el actual panorama será necesario o aumentar la edad de jubilación o disminuir la tasa de reemplazo, es decir, la jubilación a percibir en función del salario aportado. En la izquierda hay un rechazo, manifestado especialmente en el acto del PIT-CNT del pasado 1 de mayo, a cualquier reforma que implique aumento de edad de jubilación o de reducción de jubilación futura. Incluso se manifiesta oposición a una ley que aún no ha sido redactada.
El tema es tan grave que varios legisladores de la Coalición de gobierno plantearon que, ante falta de consensos mínimos, era conveniente dejar la reforma para el próximo gobierno, a fin de no tener que asumir el costo político de implementar reformas que no son populares ni transmitir noticias desagradables sobre el futuro de las jubilaciones.

Afortunadamente, el presidente Lacalle Pou se hizo nuevamente cargo. No escurrió el bulto. Y en una reunión con legisladores de la coalición señaló que se va hacia delante con la reforma. Es más, el presidente comenzó su presentación con una referencia explícita a la necesidad de modificar el sistema para hacerlo sostenible y remarcó que la reforma jubilatoria fue uno de los compromisos que asumió en la campaña electoral. Para no dejar dudas, fue sumamente claro en su reflexión: “Este es un compromiso del gobierno. Por lo tanto, es un compromiso de la coalición. Y es, también, un compromiso personal de este presidente”. Y remarcó que “hay que afrontar el tema”.

Las cifras que aportó a continuación el Dr. Saldain no dejan dudas de la necesidad y urgencia de la reforma, aunque no esté en la agenda pública. El gasto público en seguridad social pasó de 8% del PBI en 2008 a 11% en la actualidad. Y con tendencia creciente.

Las proyecciones demográficas muestran un estancamiento o disminución de la población y con ello la imposibilidad de sostener el actual sistema. Las sugerencias son muy razonables y procuran mantener los derechos adquiridos de los actuales jubilados y una adecuación de la edad jubilatoria gradual para las generaciones nacidas en 1967. Además, entre las propuestas se incluye el denominado “pilar cero” a modo de complemento para las personas que no lleguen al mínimo de años aportados y a los que reciban prestaciones muy bajas. 

Es preciso que el actual gobierno se haga cargo no solo de lo que es una promesa electoral sino un compromiso fundamental con las generaciones futuras. Es muy bienvenido que antes dudas y cálculos sobre costos políticos, el presidente Lacalle haya respaldado enfática y claramente su compromiso de llevar a cabo la reforma. Eso es hacerse cargo y no patear el problema para el próximo. Es responsabilidad ciudadana y republicana.