Sindicato busca que policías con discapacidad puedan trabajar

Plantean un cambio en la normativa para que sigan dentro de la institución en funciones para las que se encuentran aptos

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26 de julio de 2020 a las 05:00

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"No podes realizar ninguna otra tarea, olvidate de trabajar, firmá acá que te vas a jubilar”. Esa fue la frase que María Noel González nunca habría querido escuchar cuando perdió la visión el 8 de octubre de 2019, con 31 años. Hasta ese momento trabajó como policía en la Seccional 25a de Punta de Rieles.

En 15 días pasó de tener dolores de cabeza a una ceguera total, que se gestó durante al menos tres años, a raíz de vaivenes personales y laborales. 
Mientras detalla algunas situaciones que la llevaron a un nivel de estrés muy elevado que desencadenó su ceguera, parece que se va a quedar sin aire. Atendía el teléfono, recepcionaba denuncias, seguía los casos de violencia doméstica, distribuía al personal a su cargo –con 27 años llegó a tener 70 efectivos dependientes– y al rato se ponía el chaleco antibalas y salía a custodiar una cancha de fútbol o a una  víctima de violencia. O algunas veces custodiaba a una víctima y respondía emails desde su celular.

En marzo del año pasado empezó a tener dolores de cabeza frecuentes, casi diarios, contracturas y temblores cuando escribía en la computadora, además de perder 20 kilos en poco tiempo. Cuando fue al Hospital Policial le diagnosticaron que todo era producto de una mala postura en la silla de escritorio y la mandaron a tomar analgésicos. Pero la situación empeoró. De ayudante interna pasó a encargarse de los casos de violencia doméstica aunque seguía haciendo tareas de la otra área, con la presión de su jefe que a su vez recibía órdenes de adelantar los trabajos.

Empezó a ver borroso y sentía que la cabeza le iba a explotar. En setiembre su jefe le notificó que debía desarmarla y relevarla porque se sentía mal y tenía que ver a un psiquiatra. Para ese entonces ya había dejado el servicio 222 porque no podía con la situación. “Estaba muy angustiada y no lo hablaba con nadie”, recordó.

Cuando una junta médica la evaluó, ya no veía nada: tenía un glaucoma y su ceguera era irreversible. “Me dijeron que no estaba apta para ninguna tarea, que fue lo más indignante porque siempre me mostré predispuesta”, contó.

Durante su carrera vio a otros colegas atravesar situaciones similares y siempre los impulsó para que aprendieran braille y lograran reinventarse. “Eso me ayudó a pensar de otra manera, traté de ser positiva”. La policía vive con su hijo de 15 años, su sostén durante todos estos meses. Su casa, en una cooperativa del barrio Punta de Rieles, quedó sin terminar porque la ceguera interrumpió algunos proyectos. González empezará a cobrar el subsidio equivalente al 65% de su sueldo a partir de agosto, pero tiene la esperanza de que sea una situación temporal.

“Necesito sentirme útil porque soy joven, sentir que estoy haciendo algo por alguien y por mí misma”, afirmó con una sonrisa que siempre trata de mantener aunque recuerde los momentos más difíciles que le tocó atravesar.

Modificación del reglamento

González es una de las 1.000 policías con discapacidad que accedió al Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial que otorga el Ministerio del Interior. 
La ley de ordenamiento policial impide el cambio de escalafón, por lo que si un policía ingresó como efectivo no puede pasar a desempeñar tareas como administrativo, aunque en la práctica realicen ambas actividades, como en el caso de González.

“Me dijeron que no estaba apta para ninguna tarea, que fue lo más indignante”. María Noel González, policía

La semana pasada el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) se reunió con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga y uno de los temas que trataron fue el de los policías con discapacidad. 

La presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, dijo a El Observador que se planteó la idea de modificar algún artículo de la ley 18.405 que refiere al régimen de retiros y pensiones policiales. “Si hay compañeros que no quieren terminar pensionados a los 30 años puedan tener una alternativa para trabajar en otra área, ya que muchas veces tienen esa experiencia”, comentó. 

La incapacidad “absoluta y permanente para todo trabajo” está detallada en el artículo 7 de esta ley. La abogada del sindicato, Flavia Nardone, que participó de la reunión, dijo que cuando la junta médica establece que la situación del funcionario es de incapacidad, se convierte en una causal de inaptitud y posterior baja, pasando a retiro. Al respecto, dijo que “podría haber una alternativa en casos de discapacidad para que no sean dados de baja”. 

La idea es modificar la prohibición de cambiar de escalafón en determinado casos de inaptitud. “Si no servís para la tarea para la que te contraté, no servís para nada, eso es lo que se le está diciendo al funcionario. Al tener ese preconcepto, de que el funcionario es para la función y no para el Estado, si te incapacitas ya no le servís”.

La abogada también hizo referencia a la ley de protección integral de personas con discapacidad que establece que si un funcionario desempeña tareas en carácter permanente en el Estado y padece una discapacidad, “deberá buscarse la adaptación del lugar de trabajo en que se desempeñaba a la discapacidad de la persona o en caso de imposibilidad fundada, redistribuirlo a otra función que pueda desarrollar según su idoneidad”.

“Si no quieren modificar la ley para permitir el cambio de escalafón porque se necesitan policías ejecutivos, se puede establecer una situación intermedia para realizar tareas de apoyo en el escalafón ejecutivo”, planteó Nardone como otra opción.

Según supo El Observador, la idea fue bien recibida por el ministro Larrañaga, y las autoridades estarían dispuestas a analizar una modificación en la ley.

Una victoria

El sindicato policial quiere que González pueda reubicarse en otra tarea. Algo similar sucedió con Sebastián Colman, un policía de 34 años que está en silla de ruedas desde 2013. En una mañana de junio, iba al trabajo desde su casa en Las Piedras hacia el Comcar, donde se desempañaba en el grupo especial de operaciones penitenciarias. 

“No recuerdo si me dormí o me desmayé”. Colman se estrelló contra una columna. Estuvo un mes en coma inducido y cuando despertó los médicos le dijeron que tenía una lesión en la médula y que no iba a volver a caminar.

En esa época trabajaba en el Comcar, en un servicio 222 y como repartidor, por lo que la teoría del sueño es la que más le convence. “La conclusión a la que llego es que uno no siente el cansancio hasta que el cuerpo reacciona, y me dormí”.

Salió de la internación y comenzó a hacer fisioterapia. En 2015 tuvo su primera junta médica y le dijeron que no estaba apto para realizar la tarea habitual. “Ahí comencé a buscar el reintegro, solicité que se me cambiara el escalafón, de ejecutivo a administrativo, pero no me pude cambiar”. A los tres años volvió a tener su segunda junta médica y le comunicaron que iba a comenzar el trámite para la jubilación, con 32 años.

“Fui al sindicato para que me ayudaran, porque hice todo lo que podía solo y no lo logré”, dijo. A través de la ley de presupuesto de sueldos, gastos e inversiones del año 2010 –que en su artículo 20 autoriza a los jerarcas a redistribuir al personal dentro de sus dependencias cuando las necesidades lo requieran– logró el cambio de funciones y comenzó a trabajar en la seccional 21° de Las Piedras. 

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