Nacional > RECOLECCIÓN DE FIRMAS
Sindicatos críticos con plebiscito del PIT-CNT manejan no hacer campaña y dar libertad de acción
Lejos todavía de haber cerrado filas, la recolección de firmas resuelta por el PIT-CNT en una votación dividida en tercios enfrenta varios obstáculos en la interna. El Secretariado Ejecutivo de la central buscará este martes un difícil acuerdo que conforme a todos aquellos dispuestos a militar un plebiscito para cerrar la redacción de la papeleta, pero con la obligación ineludible de establecer "a texto expreso" la eliminación de las AFAP.
Entre aquellos sindicatos más críticos con el camino escogido ya aparece el dilema de qué grado de acatamiento tomar respecto a la definición de la última Mesa Representativa.
"Nosotros no nos vamos a poner en contra, vamos a respetar la posición mayoritaria, pero no vamos a impulsar nosotros la recolección", confirmó el presidente de la Asociación de Bancarios (AEBU), Elbio Monegal, ante la consulta de El Observador. "Vamos a dejar librado a nuestros afiliados si quieren juntar firmas", agregó el dirigente, cuya filial es una de las 14 que se abstuvo a la hora de pronunciarse sobre el plebiscito.
AEBU viene de acordar la semana pasada con el gobierno la fórmula para el rescate financiero de la Caja Bancaria, que entre otros términos supone un aumento la edad de retiro hasta hasta los 65 para los nacidos a partir de 1974.
“Si saliera el plebiscito, tira el acuerdo con la Caja Bancaria", había recalcado con picardía el senador blanco Jorge Gandini. "Creo que la gente de los sindicatos bancarios no van a firmar ni va a votar esa reforma porque acaban de aceptar ellos llevarlo a 65 años”, reparó. Monegal alegó que no se trata de evitar contradecirse con sus propias resoluciones, sino que AEBU entiende que "no es momento para juntar firmas" y que "la gente tiene otras preocupaciones", más allá de que la última reforma de la coalición sea "mala" y haya que "modificarla en algún momento".
El dirigente añadió que el PIT-CNT "es una convención y no una central": "No nos pueden mandatar, sí nos pueden convocar a participar en la campaña", afirmó Monegal.
La posición de AEBU cobra especial relevancia cuando la dirigencia sindical avizora en conversaciones informales un panorama financiero más complejo que con el referéndum contra 135 artículos de la LUC, cuando pudieron costear la campaña a medias con el Frente Amplio. Ahora, con la mayoría de la coalición de izquierdas en contra de un plebiscito, calculan que deberán hacer frente a la mayor parte de los gastos, requiriendo en el entorno del millón de dólares para impulsar la papeleta una vez que hayan conseguido las firmas.
Ese monto, estiman a grosso modo, puede cubrirse a partir de un aporte extraordinario de cinco dólares por afiliado. Consultado respecto a si AEBU haría los aportes requeridos por la central, Monegal se limitó a contestar: "Eso no está definido".
Similar lectura aparece desde ya en la Federación de la Bebida (FOEB), otra de las 14 abstenciones respecto al plebiscito. "Si se va a pedir un aporte extraordinario por afiliado, nosotros queremos que los que en el referéndum se habían comprometido con lo suyo primero se pongan al día, y nosotros veremos qué hacemos", dijo su titular Fernando Ferreira a El Observador.
Según los cálculos que empezaron a circular entre dirigentes a minutos de la polémica votación de la Mesa Representativa, todas las filiales que se abstuvieron de acompañar cualquier plebiscito suman unos 100.800 afiliados. La corriente más afín al Partido Comunista, que con 14 votos fracasó en su intento por posponer la resolución para buscar acuerdos, reúne a unos 73.600 afiliados. Los sindicatos de la moción ganadora –la mayoría del llamado Grupo de los 8 y otros allegados al Partido Socialista– representan a unos 32.400 afiliados, según los números a los que accedió El Observador, calculados en base a la cantidad de delegados de cada filial en el último Congreso.
También desde la Federación de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys) habían dado cuenta de que los sindicatos venían "diezmados" tras invertir en la campaña del referéndum, que salió en el entorno de US$ 450 mil para la central, más los desembolsos particulares de cada uno.
"Nosotros sí nos comprometemos a juntar firmas, pero de ahí a hacer barriadas, ferias y todo el esfuerzo militante que hubo con la LUC, hay una diferencia importante", planteó Ferreira, de la Bebida. "Veremos qué esfuerzo hacemos, tampoco vamos a no hacerlo", agregó.
Sin acuerdo
El vicepresidente del PIT-CNT y titular de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, había defendido en el debate interno que la central concediera libertad de acción. "En todo caso habrá que reconsiderarlo en la próxima Mesa Representativa (6 de setiembre), pero tiene mucho menos margen que antes. Ahora se está intentando llegar a una posible unificación de la papeleta (entre los que defienden el mecanismo del plebiscito), pero está muy entreverada la jugada y hasta ahora no hay acuerdo", confió a El Observador.
"Somos orgánicos y acatamos la resolución del PIT-CNT, pero le voy a poner la fuerza que pondría para algo que considero que no es prioritario", afirmó López, cuya corriente sindical En Lucha ha sido una de las más críticas con el camino del plebiscito.
"Como Unott (Unión de Trabajadores y Obreros del Transporte) tenemos gremios que se mostraron a favor de juntar firmas y otros que van a dar libertad de acción para que cada uno haga lo que quiera", adelantó por su parte el dirigente José Fazzio.
Elbia Pereira, referente de la Federación de Magisterio que se opuso al plebiscito, se limitó a contestar: "En este momento no se discute no acatar".
El grado de lealtad de los sindicatos a una resolución del PIT-CNT, por dividida que haya sido, ya despierta resquemores entre los impulsores del plebiscito y será una de las tensiones a masajear en la interna, reconocen los dirigentes.
"El PIT-CNT es una convención y no puedo obligar a nadie a lo que no quiere hacer. Ahora, por estatuto no puede hacer una campaña en contra de una resolución tomada. La unidad de acción se estructura en la diversidad, y esto de mirar para el costado no es un mensaje unitario", reprochó el titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep), Sergio Sommaruga. "Es fácil ser unitario cuando sos mayoría, pero cuando no lo sos y no acompañás una resolución, estás dando una orientación muy mala desde el punto de vista de la unidad. Hay que saber perder", remató.
El dirigente es uno de los representantes del Grupo de los 8 –impulsor de la moción ganadora en la interna– en las negociaciones para redactar la papeleta que por estas horas no logra contentar a los comunistas, sabedores estos últimos de la importancia de alinear al Frente Amplio si quieren tener chances reales de instalar el tema en 2024.
Sommaruga expresó que ultiman detalles para dar "forma jurídica" a "puntos delicados para todos". La eliminación de las AFAP, el eje más polémico dentro de la izquierda, está "clara" en la resolución de la Mesa y tiene poco "margen" para flexibilizarse, aunque sí buscan una fórmula que "establezca la estatalidad (del pilar de ahorro individual) pero que no afecte fondos mutuales como el Focer (de la construcción)".
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), representada por los abogados Juan Ceretta y Valeria España, ya tiene su propio borrador, sujeto todavía a las conversaciones entre dirigentes. Así lo explica Ceretta: "La propuesta de la ATSS es mucho más detallista. ¿Qué quiere decir? Que deja menos margen a futuros gobiernos para cambiarlo".
