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“Tenga cuidado... no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”: la amenaza que piden investigar en el Ejército
Una investigación administrativa del Ministerio de Defensa Nacional concluyó con la recomendación de investigar si un general amenazó a un teniente por denunciar irregularidades dentro del Ejército.
“Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar”, le dijo el general Marcelo Pose al teniente Nelson Duarte durante la investigación, según reconocieron testigos y los propios implicados.
Duarte había denunciado que vehículos del Ejército traían cerveza y whisky desde la frontera para fiestas de militares en Montevideo y manejos irregulares con el combustible del Ejército. A raíz de ello se ordenó una investigación administrativa.
El expediente se pudo leer gracias a un pedido de acceso a la información pública.
No es la primera denuncia que realiza Duarte sobre irregularidades y actos de corrupción en el Ejército. Sus denuncias ya han originado dos gruesas investigaciones administrativas y en ambos casos se comprobó que lo denunciado tenía fundamento. Sin embargo, el principal castigado ha sido el propio Duarte. A pesar de estar en actividad, el teniente permanece en su casa sin funciones, lleva 13 años sin lograr un ascenso y el Ejército intenta pasarlo a retiro obligatorio.
En 2021 Duarte presentó su segunda denuncia ante el Ministerio, acompañada de videos y fotos. Según relató en una anterior nota de El Observador, todo comenzó en febrero de 2020. Revistaba entonces en el Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE). Una mañana vio llegar una camioneta militar que comenzó a descargar cajas de cerveza y de whisky que eran depositadas en el despacho de un jefe. Lo filmó.
Con el tiempo, grabó y fotografió la descarga de otros cargamentos: fundas de refrescos, cajas de bebidas alcohólicas. Y lo denunció ante el Ministerio de Defensa, junto con otras irregularidades. Entre ella, manejos sospechosos con el combustible de la unidad.
En setiembre de 2021, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Gerardo Fregossi, ordenó una investigación administrativa a partir de esas denuncias. Pero, en un hecho insólito y determinante para todo lo que ocurriría después, designó como funcionario instructor al general Marcelo Pose, quien era el jefe del CALE, la misma dependencia denunciada por Duarte.
Pose no se recusó a pesar de que podía entenderse que estaba en situación de ser juez y parte.
En las conclusiones de su informe final, Pose se despachó con duros conceptos sobre Duarte, a quien acusó de “absoluta falta de lealtad y desconocimiento”.
Más allá de eso, el general no pudo negar los hechos que habían sido filmados y que luego fueron admitidos por varios de quienes declararon en su investigación administrativa. “La denuncia permitió detectar prácticas que deben ser corregidas o erradicadas del Servicio, como ser la utilización de vehículos oficiales para fines personales”, admitió Pose.
Por ejemplo, en esa primera etapa de la investigación, el sargento Bill Rodríguez declaró: “Traje como 15 o 20 packs de cerveza Heineken, dos cajas de whisky Johnny Walker y una caja de cartón conteniendo una valija vacía. Con la ayuda de un soldado perteneciente al CALE estábamos bajando la bebida en el despacho del teniente coronel Luis Benavides y se la entregamos a él”.
La mercadería había sido cargada en el Servicio de Parques del Ejército (SEPAE) con sede en el parque de Santa Teresa. El coronel Gerardo Dattele era el director del SEPAE y reconoció haber enviado las bebidas. “Se enviaron cervezas que se compraron en la estación Ancap del Chuy, eran cerca de 30 packs y dos promociones de whisky (…) Eran bebidas para un subalterno, el cual iba a contraer enlace matrimonial y había organizado una fiesta social para celebrar el evento”.
Dattele negó que fuera contrabando. “En la zona de frontera es posible comprar mercadería de origen brasilero, más en la época estival y hasta semana de Turismo, en el lado uruguayo”. Ante imágenes de un cargamento de cerveza Glacial trasladado al CALE, el coronel señaló que esa marca brasileña “puede ser adquirida en cualquier parte del territorio nacional de las inmediaciones de la frontera del Chuy”.
En línea con esas declaraciones, el general Pose estableció en sus conclusiones que las bebidas que habían venido desde Santa Teresa al CALE no eran de contrabando. “Pudo constatarse a través de diferentes testimonios que la totalidad de la mercadería fue adquirida en territorio uruguayo, lo que determina que nos está frente a situaciones de contrabando”, concluyó.
En toda su instrucción, Pose se limitó a preguntar sobre los episodios filmados por Duarte. No averiguó si esas eran prácticas habituales, si otros cargamentos se habían llevado en otras fechas al CALE o a otras dependencias. Tampoco ordenó ninguna actuación tendiente a corroborar las declaraciones de los implicados.
Además de que vehículos y personal militar traían mercadería desde la frontera, Duarte denunció maniobras con combustible y neumáticos del Ejército. Ambos hechos fueron descartados en base a las negativas de los encargados de esas áreas.
Finalmente, Pose encontró culpable de una “falta grave” a Datelle y también al teniente coronel Luis Benavides.
Pero las sanciones que recibieron esos oficiales por tales faltas, impuestas según una resolución del comandante Fregossi del 30 de diciembre de 2021, fueron de poca entidad: Datelle cuatro días de arresto a rigor y Benavides, cinco.
Además, algunos suboficiales (sargentos y cabos) recibieron penas algo más graves (de cuatro a ocho días de arresto a rigor) por haber participado de estos hechos o por no haber colaborado en la investigación.
Pose también propuso en su informe final que el teniente Duarte fuera castigado por haber presentado su denuncia ante el Ministerio de Defensa y no seguir la escala de mandos.
Fregossi estableció en su resolución que si bien la sanción pedida para Duarte estaba bien fundamentada por Pose, su fijación quedaría para más adelante.
Mientras tanto, el teniente Duarte recusó al general Pose como instructor del caso, por ser el jefe de la dependencia denunciada, y también pidió se revocase el fallo.
El 20 de julio de 2022, el ministro Javier García aceptó el recurso de revocación interpuesto por Duarte.
Se ordenó entonces una nueva investigación administrativa, esta vez llevada adelante por el abogado Gerardo de Freitas, funcionario del Ministerio de Defensa.
Segunda investigación
De Freitas puso más empeño en ir a fondo, aunque se vio limitado por lo ya actuado por Pose ya que, en parte, se basó en la investigación previa.
El nuevo instructor volvió a tomarle declaración al teniente Duarte. Allí Duarte relató que cuando había tenido que declarar ante Pose habían ocurrido varias situaciones irregulares. “En más de una oportunidad el general Pose en tono amenazante me dijo textual: ‘Tenga cuidado a quién involucra, no sea cosa que involucre gente que no quiere involucrar’.
El alférez abogado, Matías Eirin, que estuvo presente cuando Pose interrogó a Duarte, confirmó que el general le dijo eso al teniente. “Lo dijo, pero no en un contexto negativo, como despectivo, simplemente lo remarcó a los efectos de que el teniente pensara bien antes de responder las preguntas”.
Pose declaró que pronunció la frase porque Duarte se iba de tema y nombraba a personas no involucradas.
El teniente Duarte relató que antes de la investigación Pose ya lo había amenazado. “En una oportunidad me llamó el general Pose a su despacho para solicitarme aclaraciones respecto a diversos trámites que se estaban suscitando en el Ministerio. En esa oportunidad me amenazó indicando que en la Plaza de Armas tenía un contenedor de 40 pies que empujaba todos los días y el que se ponía adelante, lo aplastaba”.
Pose dijo que esa es una frase que siempre repite y que alude a las dificultades que supone trabajar en logística, donde todos tienen que empujar para el mismo lado.
En esta segunda investigación administrativa, De Freitas logró declaraciones que demostraban que los cargamentos filmados por Duarte no eran excepcionales. El cabo retirado Denis Álvarez, con 26 años de trabajo en el CALE, dijo: “Sucedía periódicamente que venía mercadería dirigida a oficiales y retirados. A veces en vehículos oficiales y a veces en vehículos particulares de los oficiales. En general era bebidas, botellas de whisky, cervezas, refrescos. No era inusual ver el ingreso de esa mercadería (…) Generalmente venía del Chuy. Venía en los vehículos del SEPAE porque se adquiría allá y se entregaba en el CALE”. Agregó que en el SEPAE “hay personas encargadas de hacer las compras en el Chuy. En general se compran en el lado brasileño porque hay diferencias abismales de costo”.
Otros testigos brindaron testimonios similares.
Nafta de regalo
Además, De Freitas logró establecer que al menos una parte de las denuncias de Duarte sobre manejo irregular de combustible también era verdadera.
El coronel Pablo Núñez, que fue director del Servicio de Transporte del Ejército entre 2020 y 2022, relató cómo se regalaban vales de nafta a oficiales.
Duarte lo sabía porque dos veces había recibido en 2021 vales de 2.500 pesos. Núñez admitió que esos vales se daban a todos los oficiales del servicio de Transporte, por lo general en forma mensual, y a veces también al sargento Eder Fernández, encargado del surtidor del Ejército.
Los vales que se regalaban siempre tenían que ser efectivizados en la estación de servicio del señor José Casal, proveedor de combustible del Ejército, ubicada en San Martín y Antonio Machado, donde también trabaja el sargento Fernández.
Núñez dijo que no se llevaba ningún registro de los vales entregados. “Dábamos la autorización y no había registro de esto en la Unidad. Se llevaba con Casal un control de quien retiraba ese combustible”. Cuando De Freitas preguntó con qué respaldo jurídico se regalaban esos vales de nafta, Núñez dijo que los mandos lo sabían: “El general Pose y anteriormente el general retirado Fernández, que eran los comandantes del CALE, estaban en conocimiento de esta autorización”.
Respecto al origen del dinero que permitía tales dádivas, Núñez dijo “suponer” que el dinero provenía de “ahorros” en servicios prestados y cobrados a otras unidades del Ejército.
Otros oficiales dijeron que mientras Núñez estuvo al frente del Servicio de Transporte, todos los oficiales recibían un vale mensual de 2.000 pesos de nafta de regalo, que siempre había que retirar en la estación de Casal.
Finalmente, Pose declaró por videollamada desde Washington el 18 de noviembre de 2022. En marzo de ese año había dejado de ser el comandante del CALE y había sido designado jefe de la misión militar de la embajada de Uruguay en Estados Unidos.
Fue en esa declaración que explicó sus frases intimidantes ante Duarte. Sobre los vales de nafta dijo que había mandado suspender esos pagos. “No tengo idea de cómo se pagaba al señor Casal”, agregó.
Instalando piscinas
En su informe final, de Freitas dejó constancia que comparte lo actuado por Pose, “salvo en lo que dice relación con las responsabilidades imputadas al denunciante, teniente primero Nelson Duarte”.
De Freitas concluyó que la sanción impuesta al coronel Dattele “no guardó relación con la gravedad de los hechos constatados”. Señaló que el castigo debió ser mayor porque “no existe proporcionalidad entre la falta grave constatada y la sanción finalmente impuesta”
Sin embargo, como Dattele ya había cumplido sus cuatro días de arresto, y en entendiendo que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, De Freitas aconsejó dejar las cosas como estaban.
El funcionario reclamó que se abrieran dos nuevas investigaciones administrativas.
Una tendiente de determinar si el general Pose amenazó al teniente Duarte. La otra respecto a los manejos de combustible y la relación del Ejército con el estacionero Casal. La entrega de vales de nafta a oficiales tiene “claros indicios de irregularidad”, señaló.
En el cierre de la investigación administrativa, el ministro García mantuvo las sanciones originales impuestas por Pose y cerró el caso. Nada dice la resolución final respecto a si se abrieron las dos nuevas investigaciones reclamadas por de Freitas.
Una fuente del Ministerio dijo que todavía hay 11 expedientes en curso relacionados con las denuncias y la situación funcional de Duarte, y que eventualmente alguno de ellos podría ser alguna de estas nuevas investigaciones reclamadas.
Duarte revista hoy en la Dirección Nacional de Pasos de Fronteras, pero no va a trabajar porque así se le ha ordenado. “Es una medida que se tomó por su propia seguridad”, dijo la fuente del Ministerio.
En su celular, Duarte conserva varios mensajes de audio y texto en los cuales sus superiores le dicen que no vaya a trabajar. En la investigación dice que por ello sus vecinos lo tratan de “ñoqui”.
El origen de esta situación se remonta a 2014, cuando el teniente hizo su primera denuncia, en base a irregularidades que había observado en la unidad donde revistaba entonces.
Su acusación originó otra voluminosa investigación administrativa, la primera, que recién concluyó en 2020 y El Observador hizo pública en 2022. Allí se corroboró que todo lo denunciado era cierto y que soldados habían trabajado, al menos entre 2000 y 2016, instalando piscinas para la empresa privada Akesse, sin que existiera ningún convenio que lo habilitara.
También se corroboraron otras denuncias, entre ellas otros traslados de bebidas alcohólicas desde el Chuy y que en un cuartel se hacían trabajos de carpintería para la empresa privada de un coronel.
Sin embargo, salvo un par de sanciones menores, los responsables de estas “irregularidades” no fueron penados. Tampoco se llevó el caso a la justicia.
En cambio, la vida profesional de Duarte cambió para siempre. Ya nunca logró un ascenso y desde entonces ha sufrido un traslado atrás del otro, además de un sinfín de sanciones y humillaciones, la última de las cuales es pagarle para que se quede en casa.
El Ejército, además, pretende desde hace meses pasarlo a retiro obligatorio, según comunicaciones que ha recibido. Esta voluntad se ampara en las notas de rendimiento “deficiente” que se le han aplicado en años consecutivos. Según Duarte, se han violado reglamentos y falsificado pruebas para ponerlo en esa situación.
Hace unos meses, la abogada Natalia Martínez, defensora y esposa de Duarte, recibió un correo electrónico del coronel Gustavo Figueredo, director general de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, notificándola de que Duarte sería sometido al retiro obligatorio.
Pero tal situación no se ha concretado debido a las apelaciones del oficial y al trámite que a ellas le ha dado el departamento jurídico del Ministerio de Defensa Nacional.
El general Pose, mientras tanto, regresó de Washington y es hoy el comandante de la División de Ejército 1.
