Todo casi igual con las patentes

La eliminación de una injusta amnistía a deudores contumaces y la propuesta de dos intendentes, uno blanco y otro frenteamplista, de que los autos oficiales paguen patente fueron los únicos resultados destacables de una larga controversia que dividió en cada partido a los gobiernos departamentales. Durante varias semanas volaron proyectos encontrados. El peor de todos era concederles a los deudores quitas de hasta el 75%, discriminando contra los buenos pagadores y alentando viejas prácticas de considerar buen negocio deberle al Estado a la espera de un eventual perdón, como sucedía recurrentemente años atrás con deudas del agro al Banco República. El acuerdo final del Congreso de Intendentes eliminó acertadamente la aberración conceptual de la amnistía, nacida de afanes recaudatorios, por oposición de varios de sus miembros.

En el mismo ámbito el intendente blanco de Florida, Carlos Enciso, propuso que los vehículos del Poder Ejecutivo pasen a pagar patente como los particulares. Estimó que si lo hicieran los alrededor de 20 mil autos oficiales actualmente exentos, se generaría un fondo de varios millones de dólares para aplicarlo al transporte de estudiantes, un problema serio que se vive actualmente en varios puntos del interior por carencia de recursos para financiarlo. Su colega frenteamplista de Rocha, Aníbal Pereyra, fue más lejos al proponer que el pago incluya a la totalidad de los vehículos oficiales, además de los del Poder Ejecutivo.

Son planteos razonables, especialmente teniendo en cuenta las muchas veces en que autos con chapa oficial son detectados en paseos u otras actividades privadas que nada tienen que ver con el uso para el que fueron asignados. Pero no hay indicación de que pueda tener andamiento, básicamente por la resistencia oficial a cualquier medida que le retacee recursos a un gobierno asediado por los apremios financieros acumulados por los errores del manejo fiscal en los últimos años.

El choque entre intendentes de un mismo partido condujo al fracaso en el tema de los deudores, excepto por el descarte de la amnistía. Lo único que se estableció fue cierta ampliación en los plazos y menores recargos a los morosos, para inducirlos a que se pongan al día. Pero es una frágil esperanza que personas que adeudan años de patente, a veces por sumas que superan el valor de sus viejos vehículos, quieran o puedan acogerse a facilidades algo menos onerosas que las normas que regían hasta ahora. La opción natural en estos casos es que las intendencias procedan a la incautación. Pero, por un lado, la fiscalización de deudores funciona a los tumbos en muchos departamentos. Y por otro, las intendencias enfrentarían el complejo problema de tratar de vender el cúmulo de vehículos incautados, todos ellos modelos antiguos y probablemente en no muy buen estado. El Congreso destacó como un éxito haber mantenido en este caso la unanimidad con que suele tomar sus decisiones. Pero hay que estirar la imaginación para considerar exitosa la decisión de dejar todo casi tan mal como estaba antes, que es en realidad lo que finalmente acordaron los intendentes.