Tras idas y vueltas, con advertencias de EEUU incluidas, gobierno descarta patrullas chinas

Este martes, el ministro Javier García anunció a los representantes de los partidos políticos que integran la comisión de seguimiento que las ofertas de las tres empresas que se presentaron (CSTC, Damen y Kership) superan “significativamente” los montos previstos por el gobierno y que el Poder Ejecutivo explora “seriamente” adquirir buques noruegos, cuyo costo es bastante más bajo (unos US$ 30 millones a los que se sumarán otros gastos).

Esta posibilidad venía siendo manejada en ámbitos militares y empresariales desde hacía varios meses, dado que al anunciar el llamado García dijo que la compra iba a rondar los US$ 100 millones. La oferta de CSTC, la opción china que cumplía con todos los requisitos, ascendía a US$ 199,5 millones.

El hecho de que la opción china quedara en el primer lugar había motivado que Estados Unidos decidiera mover sus fichas y transmitiera –a través de un alto funcionario de la embajada– al senador Carlos Daniel Camy su rechazo a que el gobierno las comprara.

El diplomático estadounidense le hizo saber al presidente de la Comisión de Defensa del Senado que era una mala señal la compra de insumos militares a China en un momento de alta sensibilidad a nivel geopolítico y, específicamente, en medio de una creciente tensión entre Washington y Beijing por Taiwán. En este sentido, marcó la diferencia entre vender carne y soja a China y comprar material para defender el mar territorial uruguayo, cuya principal amenaza suelen ser los buques de pesca chinos, tal como informó El Observador en setiembre.

A su vez, la holandesa Damen interpuso dos recursos en los que denunció irregularidades en el proceso, pidió que su oferta sea reevaluada, que se descalifique a CSTC y que se levantara la confidencialidad de las propuestas para los participantes, algo que no fue respondido.

Sabiendo que había una importante disputa geopolítica, y que el costo excedía lo autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno comenzó a evaluar meses atrás otras opciones. 

Una de ellas, según informó Búsqueda, era incorporar dos OPV que entrarán en desuso por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, construidas hace unas décadas, pero remodeladas por dentro, cuyos modelos similares serán utilizados por el país norteamericano al menos por los próximos 15 años. 

Pese a esto, el gobierno parece inclinarse por una tercera opción, cuyo costo sería menor a los US$ 100 millones. 

De acuerdo con resoluciones revisadas por El Observador, en noviembre viajó a Noruega el capitán de navío Frederick Fontanot a inspeccionar buques de la clase Nordkapp de la Guardia Costera y la semana pasada lo hicieron el director general del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, el agregado naval en el Reino Unido y un integrante de la Cancillería.

El ministro señaló que los buques oceánicos son de 3.200 toneladas y 105 metros de eslora y que la opción está siendo explorada “seriamente”.

“Esperamos poder avanzar en este proceso, combinando como es nuestra obligación, la necesaria renovación de nuestra Armada que ya empezó a concretarse, para ejercer la soberanía, y la buena administración de los dineros públicos”, dijo el ministro. 

Buque de la Guardia Costera en aguas uruguayas

El Parlamento aprobará en los próximos días un proyecto de ley para autorizar el ingreso al territorio nacional del buque USCG “Cutter Stone” de la Guardia Costera de Estados Unidos como parte de las actividades de cooperación e intercambio con la Armada Nacional.

El tema será discutido este miércoles en la Cámara de Diputados, que incluso levantará el receso parlamentario para hacerlo. El oficialismo pretendía votarlo como “grave y urgente” pero no podrá hacerlo dado que no cuenta con los votos porque el Frente Amplio se opondrá bajo el argumento de que García no concurrió al Palacio Legislativo a explicar las razones del viaje.

Desde la embajada de Estados Unidos en Montevideo dijeron a El Observador que el buque se encuentra en un despliegue multimisión programado en el Atlántico Sur para “contrarrestar las actividades marítimas ilícitas, fortalecer las relaciones internacionales y apoyar la soberanía marítima de los socios en toda la región”. 

La fecha prevista para el viaje es entre el 19 de febrero y el 1° de marzo. 

De acuerdo con el gobierno, la instancia implicará “ejercicios de operaciones de interdicción marítima en aguas jurisdiccionales, empleando medios propios como Buque de Interés (VDI), embarque de Ship Rider (Oficial embarcado para conocer la operativa del buque), intercambio de dotaciones: visita, abordaje, registro y presa (VBSS) para adiestrar procedimientos, operaciones con helicópteros, operación y
mantenimiento de embarcaciones de interdicción (RHIB) embarcadas en nuestros buques Clase Protector, intercambio de experiencia en lucha contra el narcotráfico, búsqueda y rescate (SAR)”. 

“Ello resulta de un valor insustituible, ya que permitirá al personal participante, mantenerse actualizado en las doctrinas y procedimientos regionales, que son base fundamental de la doctrina propia”, dice el proyecto, que finaliza destacando que las actividades que se prevén, permitirán demostrar voluntad de cooperación y compromiso para mejorar las capacidades de la Armada en el cumplimiento de su misión.