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Tribunal del FA concluyó que De León incurrió en "múltiples actos" contra el "interés público"
El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio concluyó que el senador de la 711 Leonardo De León incurrió en "múltiples actos indebidos en perjuicio" de ALUR y "del interés y patrimonio públicos" de ALUR.
En abril de este año, la Junta de Transparencia y Ética Pública ya había cuestionado la conducta de De León, destacando que fue incapaz de justificar "más de 130 gastos" realizados con las tarjetas corporativas, por un importe total "superior a los US$ 22.000".
Ahora el tribunal partidario le critica que "la falta de rendiciones de cuentas y de presentación de facturas impiden dilucidar hasta qué punto es aplicable la explicación a sus gastos", y destaca que de 267 gastos solo en 17 "el Cro. De León dio alguna precisión mencionando la presencia de otros participantes u otras circunstancias que podrían explicar el pago con tarjeta corporativa", según dice el informe al que accedió El Observador.
Además, el tribunal “reprueba” su negativa a responder preguntas, “contradiciendo” su promesa realizada ante el organismo.
“El cro. De León rehusó comparecer. Esta actitud obliga al Tribunal a apreciar los hechos sin la información que podría haberse extraído de ese diálogo. El Tribunal considera reprobable esta actitud del Cro. De León, y además se siente obligado a señalar ciertos aspectos de sus manifestaciones. El Cro. De León desconoce la función estatutaria del Tribunal", expresa el informe.
Para el tribunal hay 219 gastos realizados desde 2013 –cuando se hizo un instructivo de rendición de cuentas de gastos en ALUR- que son “irregulares” porque cuando se trató de alojamiento o alimentación, debieron haberse pagado con el dinero de los viáticos y no con la tarjeta corporativa, al tiempo que en todos los restantes no se rindió cuentas cuando la normativa obligaba a hacerlo.
El informe destaca que algunos gastos en restaurantes y estaciones de servicio pagos con la tarjeta corporativa se hicieron cuando el actual senador estaba de licencia. En tanto, el fallo señala que en 18 casos pagó alojamientos con la tarjeta corporativa, cuando al mismo tiempo había recibido viáticos. Además, no se entregaron comprobantes de esos gastos.
"El pago mediante una tarjeta corporativa de gastos que no correspondían o que estaban cubiertos por el viático constituye una infracción que en el caso de ALUR, dada la composición de su capital, supone una defraudación en perjuicio no sólo de la empresa, sino también del patrimonio público", manifestó el TCP.
Respecto a un pago de hoteles en Madrid y Barcelona en febrero de 2014, De León aseguró que devolvió el dinero porque había recibido viáticos, y para demostrarlo presentó un papel en el que figura una devolución de 630 euros. Sin embargo, ese documento no es un recibo, no está firmado, ni tiene sello de autenticación alguna, y fue emitido por el asistente de De León, por lo que fue rechazado como verdadero comprobante de la devolución.
El tribunal señaló que a pesar de que De León argumentó que la empresa no está sujeta a las normas jurídicas que rigen para la administración pública por tratarse de una compañía que actúa en el derecho privado, esto “no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público”.
Ante el tribunal, De León señaló que los estados de cuenta bancarios que venían con la tarjeta “hacían las veces de rendiciones de cuentas y eran los debidos comprobantes respaldatorios de los gastos realizados”. Sin embargo, esto fue rechazado por el tribunal que señaló que estos estados contables “no pueden sustituir un comprobante que indique circunstancias, motivos, concepto y detalle del gasto”.
El informe sobre De León se sumará a la lista de casos sobre los cuales el Frente Amplio deberá pronunciarse el próximo 15 de diciembre en su Plenario Nacional, junto al del exvicepresidente Sendic. La coalición tiene previsto laudar en esa instancia los 17 fallos del TCP que aún no derivaron en una resolución de la orgánica. Además de los dos dirigentes de la 711, los otros casos incluyen al excanciller Luis Almagro, el exlegislador del Frente Amplio Gonzalo Mujica (actualmente en el Partido Nacional) y el diputado de Liga Federal Darío Pérez.
El estatuto del Frente Amplio establece que las sanciones a sus dirigentes deben aprobarse por al menos cuatro quintos del Plenario, con lo que se hace necesario llegar a esa instancia con cierto consenso entre las principales fuerzas. Con 36 de los 175 votos se puede trancar cualquier moción de sanción e incluso con menos votos puede naufragar una resolución; por ejemplo, si una parte de los integrantes se retira de sala.
Lea aquí el fallo completo:
Leonardo de Leon - Dictamen del TCP by El Observador on Scribd
La historia del caso De León
La denuncia original contra De León fue presentada por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que en octubre de 2017 llevó a la Justicia varios documentos que indicaban que el hoy senador de la 711 había gastado con dos tarjetas corporativas de ALUR US$ 30.677 y $ 868.560, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 –por los que nunca hizo devoluciones, ni rindió cuentas–, al tiempo que registraba compras en el exterior que no coincidían con los registros de viajes oficiales de ALUR.
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, anexó esa denuncia a la megacausa de ANCAP y remitió la documentación a la Jutep “con el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública”.
En abril de 2018, la Jutep emitió su fallo, en el que señaló que el expresidente de ALUR incurrió en un “uso indebido de fondos” por utilizar las tarjetas corporativas en viajes al exterior que no realizó en el ejercicio de sus funciones, y en viajes que estaban cubiertos por viáticos.
Según el organismo, De León no pudo justificar "más de 130 gastos, por un importe total superior a los US$ 22.000, pagados con la tarjeta de crédito corporativa cuando se habían percibido viáticos para la respectiva actividad, sobre los que no se recibió ninguna explicación".
En el informe, que fue remitido a la Justicia, la Jutep describía como “razonable” que “en alguna actividad en el exterior se generara ese tipo de gasto” y “que se pagaran mediante la tarjeta corporativa en tanto no estaban incluidos dentro de los viáticos percibidos”. Sin embargo, advirtió el organismo, “no parece razonable que esta situación se verificara en los 151 casos detallados”.
De León utilizó dos tarjetas corporativas mientras estuvo al frente de ALUR, una del banco Santander y otra del BBVA. Si bien entregó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, el organismo concluyó que no pueden ser considerados "debidos comprobantes respaldatorios de los gastos realizados", ya que no incluyen el concepto y detalle de cada gasto.
Por último, la Jutep señaló que no se incluyeron "los importantes consumos efectuados en restaurantes de Montevideo", ni las inconsistencias señaladas en este informe en materia de cobro de viáticos o gastos con la tarjeta en actividades fuera del país.
El archivo de la Justicia
Pese a los argumentos de la Jutep, que apuntaban a un “uso indebido” de los fondos públicos, en mayo el fiscal Luis Pacheco pidió el archivo de la causa bajo tres argumentos: la “escasa entidad” de los gastos, la falta de un reglamento para el uso de las tarjetas y, sobre todo, el hecho de que ALUR se rige por el derecho privado.
Según el fiscal, a De León no se le podía imputar peculado (delito que sí se le adjudicó al exvicepresidente Raúl Sendic) porque “es evidente que los directores de ALUR no son funcionarios públicos a los efectos penales”. Aunque sí podía ser investigado por apropiación indebida, la fiscalía destacó que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, o sea ALUR, ni tampoco por el accionista minoritario (PDVSA).
Además, Pacheco argumentó que al no existir una norma que exigiera la entrega de comprobantes, ni tampoco una categoría de "viajes o misiones oficiales", el expresidente de ALUR "gozaba de amplia discrecionalidad para el uso de la tarjeta, aún en días de licencia".
De todas formas, el fiscal aclaró que "no es razonable que en algunos casos se usara la tarjeta con la finalidad de cubrir gastos de alojamiento, pues se supone que tales gastos se hallaban cubiertos por los viáticos recibidos en cada oportunidad". Pacheco agregó que algunos gastos generan "serias dudas" y que “los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta”.
