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Tras pedido de archivo de la causa De León, legisladores proponen cambiar las reglas de juego
Partidos estudian si jerarcas de sociedades anónimas propiedad del Estado deben ser imputables por delitos contra la administración
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04 de mayo de 2018 a las 05:00
Con el pedido de archivo de la causa del senador Leonardo De León (Lista 711), denunciado por el uso indebido de las tarjetas corporativas durante su presidencia en ALUR, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco sentó también un precedente que, para algunos, constituye un error de interpretación, pero que para otros no es más que el estricto apego a lo que establece el Código Penal, y por lo tanto, una muestra de que hay que cambiar la legislación.
Según Pacheco, los jerarcas de las sociedades anónimas que pertenecen mayoritariamente al Estado no son considerados –a efectos penales– funcionarios públicos, y por lo tanto, no se les puede imputar ningún delito contra la administración, como el de peculado (malversación de fondos), que sí se aplicó al exvicepresidente Raúl Sendic.
En la oposición, desde donde llovieron críticas a la conclusión del fiscal, hay quienes entienden que como De León manejaba fondos del Estado, debió ser tratado como un funcionario público.
Uno de los argumentos para apoyar esa tesis era el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que en su dictamen del 9 de abril había señalado –basándose en el artículo 188° de la Constitución– que "la utilización de la tarjeta de crédito corporativa de ALUR por parte del Sr. de León debe analizarse a la luz de las mismas normas que rigen para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados".
Sin embargo, el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, aseguró a El Observador que el organismo "no definió que De León fuera funcionario público", sino que apuntó que "administrativamente" le cabían las mismas responsabilidades que a un jerarca de un Ente Autónomo. Según Gil Iribarne, hay que distinguir entre el plano administrativo, ético y civil sobre el cual se pronunció la Jutep, y el plano penal, que es jurisdicción de la Justicia.
El artículo 175° del Código Penal, al que se refirió Pacheco en su dictamen por el caso De León, define a los funcionarios públicos como "todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal". Según el código, solo pueden aplicarse delitos a la administración pública a las personas incluidas en la definición del artículo 175, algo que –según entendió Pacheco– no ocurre en el caso De León.
Pensando en cambios
A la luz de estos vericuetos jurídicos que en este caso jugaron a favor de De León, legisladores de distintos partidos coinciden en la necesidad de reformular o bien el Código Penal o bien los reglamentos de las empresas privadas con mayoría accionaria del Estado, para que a partir de ahora sus directores tengan las mismas responsabilidades penales que el resto de los jerarcas públicos.
Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, señaló que el control de las empresas paraestatales es "un debe de todo el sistema político".
"No tengo dudas de que hay que modificar la ley vigente, ya sea modificando el Código Penal o estableciendo por ley que a los funcionarios de esas empresas se le puedan aplicar los delitos contra la administración", dijo el legislador. "Si no llegamos al absurdo de que quienes administran estas empresas actúan como empresarios privados para algunas cosas pero como jerarcas públicos para otras. Cuando se trata de pedirle asistencia financiera a los accionistas (el Estado) lo hacen sin ningún tipo de dificultad, pero después resulta que no se los puede juzgar como funcionarios públicos", recriminó Abdala.
Pablo Iturralde, también del Partido Nacional, está convencido de que el senador frenteamplista debió haber sido juzgado como funcionario público, pero dijo estar de acuerdo con crear una ley que "evite confusiones".
El diputado colorado Ope Pasquet discrepa con Iturralde y considera que Pacheco no se equivocó al concluir que De León no era funcionario público a efectos penales. Sin embargo, sí coincidió con que "hay que estudiar el fondo del asunto", es decir, la legislación que así lo indica. Según el diputado, "en los últimos años hemos asistido a una proliferación de sociedades anónimas con participación estatal a través de las cuales se eluden todos los controles que la Constitución prevé".
A propósito, explicó que la Cámara de Diputados creó el pasado mes de julio una comisión especial para estudiar eventuales modificaciones a las leyes que regulan esas empresas. El grupo de trabajo, integrado por cinco representantes del Frente Amplio y cuatro de la oposición, recién se reunió por primera vez el pasado 19 de abril, sesión en la cual se acordó citar a las autoridades del Tribunal de Cuentas y la Jutep.
La comisión estudiará una serie de anteproyectos que plantean, entre otras cosas, ampliar las potestades del TCR en las empresas que se rigen por derecho privado, así como extender los controles a los jerarcas y funcionarios de esas instituciones.
Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay e integrante de la comisión, explicó que comenzarán a discutir esos temas el próximo jueves. "La idea es que aquellos que son designados por las empresas públicas se atengan a la responsabilidad como funcionarios públicos", señaló. Consultado acerca de si esa responsabilidad debería ser penal además de administrativa, Asti dijo que "hay que ver de acuerdo a los asesoramientos jurídicos".
Por otra parte, afirmó que aunque "a veces parece que no hay nada", ya entraron en vigencia algunas disposiciones que apuntan a un mayor control. Como ejemplo, Asti citó la obligación de los jerarcas de las empresas subsidiarias de presentar declaraciones juradas, una norma que entró en vigencia en la anterior legislatura. Para Abdala, en tanto, esa obligación es un argumento más para "que se les aplique el Código Penal" como a cualquier otro funcionario del Estado.
En otra comisión a la que pertenece Asti, la de Transparencia y Prevención de Lavado de Activos, está a estudio un proyecto de ley presentado por el FA para hacer públicas esas declaraciones juradas.
Oposición cree que debió aplicarse "apropiación indebida"
Para muchos dirigentes de la oposición, la imposibilidad de aplicarle a De León el delito de peculado no eximía a Pacheco de procesar al senador frenteamplista.
“No creo que haya que asignarle a eso un peso decisivo en este episodio”, señaló el diputado Ope Pasquet, y agregó que “el dictamen en su globalidad es equivocado” y que Pacheco “debió haber pedido la formalización de la investigación por apropiación indebida”.
Iturralde también opina que Pacheco se equivocó al no pedir el procesamiento por ese delito. "En criollo lo que dice Pacheco es que De León robó pero que fue muy poquito y hace mucho tiempo. Me resulta muy loco", aseguró.
