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Presidente de la Jutep: debe reformarse la ley para sancionar casos como el de De León

Ricardo Gil manifestó su preocupación por el vacío legal que existe a la hora de reprobar la actuación de directores de empresas como ALUR

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16 de noviembre de 2018 a las 15:12

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, cree que debe endurecerse la legislación que regula la actuación de los directores de empresas privadas pero que operan con fondos público, de modo que puedan responder por los delitos de corrupción que se aplican a los jerarcas del Estado. 

Invitado por la la Comisión Especial para Legislar, Informar y Asesorar en la Gestión del Patrimonio Público de Diputados, Gil se refirió el jueves 8 de noviembre al caso del senador frenteamplista y ex presidente de ALUR entre 2011 y 2015,Leonardo de León, como un caso emblemático.

“La Junta señaló que se violaron las normas y no hubo ninguna consecuencia", dijo ante los representantes, según consta en la versión taquigráfica, y agregó: "No estoy hablando desde el punto de vista político partidario, tema con el que jamás nos metemos, sino en cuanto a las faltas que cometen los funcionarios públicos previstas en la ley y a las sanciones o no que se aplican”.

De León fue cuestionado por la Jutep por los gastos en que incurrió con sus tarjetas de crédito  cuando estuvo al frente de la empresa estatal: usó los plásticos en compras por US$ 30.677 y $ 868.560, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 por los que nunca hizo devoluciones ni rindió cuentas.

El fallo de la Jutep constató que De León no demostró en esos gastos “la existencia de situaciones que lo justificaran en más de 130 casos y por importes significativos" y que con su comportamiento violó  “las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos”.

La Justicia de Crimen Organizado también estudió este caso pero en mayo de este año el fiscal Luis Pacheco entendió que el senador de la 711 –contra quien la oposición quiso iniciar un juicio político la semana pasada por este tema pero el Frente Amplio lo rechazó– no tenía responsabilidad penal y solicitó su archivo. Entre otras razones, el fiscal argumentó que el uso indiscreto que hizo con las tarjetas el legislador oficialista no está penado por ley porque era un director de una empresa que se rige por las normas del derecho privado. 

ALUR es una sociedad anónima con participación mayoritaria de ANCAP (en un 90,79%) y minoritaria de PDVSA (en el restante 9,21%), por lo cual sus directores no son funcionarios públicos que deban cumplir con las normas de contabilidad y administración financieras del Estado. Eso implica que, por ejemplo, nadie que dirija una empresa que no sea enteramente estatal puede ser imputado, entre otros delitos, de cohecho, que es aquel ilícito que sanciona a un jerarca que recibe una coima para favorecer a un tercero.

“Entonces, el problema no es solo cómo protejo los fondos públicos, sino cómo le trasmito al ciudadano que somos servidores públicos y que cumplimos con las normas que nos rigen”, dijo Gil en el Parlamento, y agregó luego: “Nosotros pensamos que hay que cambiar eso”.

Trabajar en el Estado

El jerarca sugirió que el sistema político debería discutir, entonces, la posibilidad de extender la calidad de funcionarios públicos a los directores de responsabilidades como las que tuvo De León y que por un vacío legal no fue sancionado. 

“Nos parece que hay que discutirlo, pero no entre nosotros tres, sino en un ámbito más amplio. ¿Cómo hacemos para que ciertas obligaciones y derechos se extiendan, por l0 menos, a los rangos jerárquicos de esas empresas?”, se preguntó.

Porque la legislación actual que rige la actuación de los empleados del Estado –que se compone del artículo 188 de la Constitución, la ley N° 17.060 de 1998, el decreto 30 de 2003 y el artículo 175 del Código Penal– permite que las instituciones respondan como si hubiera criterios distintos, sin que por ello ocurra una contradicción.

Y Gil lo explicó al consignar cómo actuaron la Justicia y la Jutep ante las irregularidades de De León: “La Junta dijo que se violaron las normas de conducta de los funcionarios públicos y la Justicia dijo que no hubo delito. Yo estoy convencido de que las dos cosas son ciertas. (…) El argumento del fiscal, en cuanto a que no son funcionarios públicos, me convence. ¿Eso qué implica? Que una cosa es el Código Penal y otra las normas que no abarcan delitos. Nosotros trabajos con estas últimas. Nosotros dijimos que se violaron todas estas normas, que eran unas cuantas; y el fiscal dijo: ‘Eso es cierto, pero no hay delito’”.

La situación respecto al exvicepresidente Raúl Sendic y presidente de Acnap fue distinta, precisamente, porque él si era empleado público. Por gastar sin justificativo un total de US$ 38 mil y $ 539 mil con las tarjetas –en compras que no pudo justificar–, Sendic fue procesado a fines de mayo por cometer peculado, definido en el Código Penal como el ilícito en el que incurre un funcionario público si "se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno".

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