Un balance de fin de año casi imposible

En estos 365 días que transcurrieron desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este 2021, en la política local han ocurrido cosas que permiten una evaluación límpida, sin casi correr riesgo de equivocarse. Pero otros asuntos no aparecen tan claros cuando se intenta mensurarlos.

Por ejemplo, la muerte de Jorge Larrañaga en mayo fue un golpe que marcó inesperadamente la gestión del gobierno. Con su orden de no aflojar, con su presencia constante en el terreno junto a los efectivos, Larrañaga enfiló tras de sí a la policía, le inyectó ganas y objetivos y se convirtió en uno de los ministros más populares del gabinete y en un activo del oficialismo.

Tras su muerte, las cosas cambiaron. Más allá de las cifras de la caída de los delitos, la llegada de Luis Alberto Heber mutó la relación entre el jefe y sus subordinados quienes prefirieron cambiar de referente y llevar sus reclamos directamente al presidente Luis Alberto Lacalle. Algunos pasos en falso de Heber, como las idas y venidas en su versión sobre la fuga de un narcotraficante y errores cometidos al difundir las cifras de delitos, reforzaron la idea de que el trabajo del ministerio del interior dejó de ser algo de lo que jactarse y se convirtió en el problema que casi siempre es para casi todas las administraciones.

Invención humana al fin y al cabo, los almanaques marcan mojones imaginarios que nos obligan a realizar un balance de lo ocurrido en ese trecho que el universo no registra y que llamamos año.

El destino produjo un corte que dividió en dos esa unidad que prometía Larrañaga y tornó imposible evaluar la gestión del Ministerio del Interior tomando como un todo los 365 días transcurridos. De un modo distinto, el balance de una de las movidas políticas uruguayas más importantes del 2021, la recolección de firmas contra la Ley de Urgencia, resulta dificultoso.

Si la valoración caduca el 31 de diciembre, es posible decir que el Frente Amplio y sus socios lograron una victoria resonante al superar las 700 mil firmas para someter a referéndum el próximo 27 de marzo la principal ley de este gobierno. La movida le permitió a la coalición de izquierda correrse de la posición estática y a la defensiva en la que se mostró durante buena parte de los meses que lleva la gestión de Lacalle, y amenaza con tumbar una norma que el oficialismo aprecia como uno de sus mejores bienes.

Pero si se deja de lado el calendario y la evaluación de lo hecho por el Frente Amplio se realiza el 27 de marzo, en la noche del llamado a las urnas, el tiempo habrá hecho su parte. Si la gente ratifica la ley del gobierno, ¿se podrá decir que el Frente Amplio dio el paso más propicio al someter esa norma a consideración de la población? En ese escenario, el presidente Lacalle Pou habrá recibido un espaldarazo popular relevante en eso que los politólogos llaman “elección de medio término”. Un respaldo explícito que el gobierno nunca hubiera obtenido si la izquierda no le ponía aquella piedra en el camino.

La evaluación final de las decisiones tomadas en torno a la Ley de Urgencia del Gobierno en 2021 resulta incompleta hasta que no sepamos qué dirá la gente en las urnas en el próximo marzo de 2022.

Pero como nada es absoluto, salvo la muerte y eso está por verse, el referéndum puede convertirse en una victoria pírrica para el oficialismo -o en una derrota a medias para la oposición-, si el gobierno logra salvar su ley por apenas un pelo o, más claramente, gracias a unos pocos sufragios o ayudado por el respaldo sospechoso de los votos en blanco que arrimarán agua para los defensores de la ley. Lo que sí está claro es que la evaluación del paso hacia el referéndum no podrá tener dos lecturas distintas si el Sí a la derogación triunfa: el Frente Amplio iniciará el 2022 con un fuerte viento en la camiseta, en tanto que golpe para el gobierno sería tremendo y su agenda de trabajo se vería seriamente comprometida.

El guantazo alcanzaría al propio presidente Lacalle Pou quien, si nos limitáramos a las encuestas y al tramo de tiempo que termina el 31 de diciembre, cuenta con la aprobación de buena parte de la opinión pública, particularmente por su manejo ordenado de la pandemia. Dicho sea de paso, en este asunto del coronavirus lo peor parece haber quedado atrás aunque la amenaza de la variante ómicron ha puesto en alerta a la comunidad científica. Para conocer que tan dificultosa se presentará la realidad sanitaria –y su consecuencia en la actividad económica- habrá que esperar al final del verano cuando el trasiego de personas nacionales y extranjeras hará lo suyo en los índices de infección.

Pero, volviendo al punto y como fue dicho, la evaluación final de las decisiones tomadas en torno a la Ley de Urgencia del Gobierno en 2021 resulta incompleta hasta que no sepamos qué dirá la gente en las urnas en el próximo marzo de 2022.

Es decir, para ver hoy la foto entera de lo acontecido, sería necesario un balance del pasado con información del futuro, algo imposible a menos de que uno disponga de una fantástica máquina del tiempo.