Este lunes por la mañana, el fiscal de la Unidad de personas y garantías de Guayaquil Édgar Escobar Zambrano fue asesinado a balazos por sicarios en la plaza San Pedro Carbó en las inmediaciones del edificio de la Fiscalía provincial de Guayas.
De acuerdo con testigos, Escobar habría estado haciéndose lustrar los zapatos cuando fue atacado y aunque intentó escapar corriendo fue alcanzado por varios balazos.
El teniente coronel Xavier Chango, jefe de Criminalística de la policía, dijo que en el sitio se habían recuperado siete vainas calibre 9 milímetros, sobre las que se realizarán las pericias correspondientes.
La policía informó que en el cerro del Carmen fueron detenidas dos personas y secuestrada una moto, aunque no se sabe aún qué relación tendrían con el asesinato.
El fiscal asesinado había intervenido en varios casos resonantes de asesinatos, robos y procesamiento de bandas de narcotraficantes a lo largo de su carrera.
Este año había logrado desarticular una organización de narcotraficantes, procesando a ocho personas e incautando 200 paquetes de droga en allanamientos en Guayas, Los Ríos e Imbabura.
También tuvo participación en el proceso abierto por un motín en la cárcel del Litoral que dejó un saldo de 65 reclusos muertos y 25 heridos en noviembre de 2021. En este caso, sometió a juicio a dos internos que participaron de los hechos.
Otro caso de alta exposición fue la investigación el asesinato del periodista Fausto Valdivieso cuando salía de visitar a su madre en Guayaquil en 2013 y que en su momento fue atribuido a declaraciones políticas que había hecho en contra de la incautación de un canal de televisión por el gobierno de entonces.
En lo que va de 2022, y con lo ocurrido este lunes, suman tres fiscales asesinados, presuntamente por sicariato y un juez y un exfiscal tuvieron la misma muerte violenta.
Los fiscales del país no son los únicos que enfrentan amenazas y ataques contra sus vidas. Desde 2019, al menos 45 jueces han recibido amenazas e intimidaciones mediante cartas, ramos fúnebres, animales muertos, mensajes y llamadas telefónicas, entre otras formas de intimidación utilizadas por las bandas criminales, según información del consejo de la judicatura de Ecuador.
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