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Un hito que requiere complemento

Lo que pueda hacer la Policía, fiscales y jueces ataca las consecuencias pero no las causas de la explosión delictiva
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29 de diciembre de 2017 a las 05:00
La limpieza policial y judicial en Casavalle marca un hito espectacular en la represión del narcotráfico. Tendrá que repetirse con constantes intervenciones de vigilancia, represión cuando sea necesario y castigo legal.

Pero lo que puedan hacer la Policía, los fiscales y los jueces ataca las consecuencias pero no las causas de una explosión delictiva que se ha agravado en los últimos años, alentada por la puja asesina entre bandas rivales en barrios periféricos por dominio territorial y control del comercio de drogas.

El vasto despliegue policial contra la banda Los Chingas desmanteló una de las muchas organizaciones criminales, sórdidas imitadoras de las familias mafiosas sicilianas, que se disputan a balazos el dominio de barrios periféricos.

El operativo fue facilitado por la mayor coordinación que existe entre la Policía y los fiscales bajo el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). El éxito alcanzado es con seguridad preámbulo de acciones similares contra otras bandas responsables del tráfico de cocaína, pasta base y otras drogas.

El que se realizó en Casavalle resultó del nuevo engranaje legal que asegura mayor coherencia entre las investigaciones de los fiscales y la acción policial. Se puso en marcha luego de denuncias de algunas de las 110 personas que fueron extorsionadas y expulsadas de sus viviendas a la fuerza por los delincuentes, para venderlas a compinches o usarlas para sus propias operaciones.

Pero aunque se mantengan las acciones de la Policía y la Justicia, no se puede descansar en esos factores ni en arrasar al barrer los barrios marginales donde los delincuentes se refugian con impunidad, aterrorizan a los vecinos y convierten a niños y adolescentes en cómplices de sus fechorías, hasta en asesinatos.

El Ministerio del Interior y el Poder Judicial cumplen el combate directo a los actos delictivos, pero no les corresponde el combate a la denigración social que los facilita, ante la que muchos siguen cerrando los ojos. La responsabilidad principal de la situación en esas zonas críticas de Montevideo recae en la desatención, o la atención insuficiente, de otros estamentos de la estructura gubernamental. Incluyen a los ministerios de Educación, Desarrollo Social, Vivienda, así como la intendencia, entre otros organismos públicos.

La vida actual en esos barrios, sin saneamiento, sin viviendas dignas, sin centros educativos a los que niños y adolescentes puedan asistir sin el temor a toparse con una balacera son un fermental caldo de cultivo para las bandas de malhechores.

No tiene sustento la política de bajar los brazos y confiar solo en la acción policial y en que fiscales y jueces llenen las cárceles. Ya hay un claro ejemplo de lo que puede lograrse para dignificar esas zonas. Lo constituyen los varios liceos privados gratuitos que todos los años rescatan a cientos de jóvenes que, en vez de ser tentados al delito, se forman para una vida adulta de rectitud y trabajo.

Pero su éxito dista de ser imitado por un sistema público cerrado a la realidad. En otras áreas se han logrado algunos avances en realojar residentes en viviendas adecuadas, con los servicios básicos que necesita una familia.

Pero son hasta ahora una gota de agua en un marasmo social cuya mejora requiere programas más vastos en los que se involucre todo el aparato de gobierno, en vez de dejarle el fardo a lo que puedan hacer la Policía y la Justicia.

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