El fallo judicial que determinó la prisión a los agresores de tres policías en Costa Azul, departamento de Rocha, es apropiado no solamente por el ataque desproporcionado que sufrieron los agentes en cumplimiento de sus funciones, sino un mensaje necesario para el conjunto de la sociedad.
Policía con un arma en el cinto Camilo dos Santos
20 de febrero 2021 - 5:01hs
La policía ha sido objeto en diversas oportunidades de injustificados cuestionamientos por una supuesta conducta violenta, de sospechas al vuelo que luego se demostró que eran falsas, o han encontrado una actitud hostil por parte de ciudadanos.
Apenas asumido el gobierno de Luis Lacalle Pou, hubo un incidente en el departamento de San José con unos malabaristas en una plaza, en medio de una reyerta callejera. Agentes policiales les pidieron la cédula de identidad y que se alejaran del lugar, a lo que siguió una actitud desafiante de alguno de ellos. Un policía apuntó con un arma con municiones no letales a uno de los involucrados, que tenía un machete en cada mano y que mostró hostilidad ante la autoridad.
El pasado 1º de noviembre, en el contexto de aumento de los contagios del covid-19 –que obligó al gobierno a reforzar las medidas para bajar el número de enfermos–, la policía se hizo presente en la plaza Líber Seregni, en el barrio Cordón, luego de una denuncia por una aglomeración y un desfile de una comparsa, dos actividades prohibidas por las circunstancias de la pandemia. Las imágenes obtenidas por el Ministerio del Interior demostraron que los participantes no solo no acataron el exhorto de dispersarse del lugar, sino que, además, insultaron a los uniformados y les arrojaron objetos.
Más noticias
Es en ese contexto que adquiere más relevancia la decisión de la Justicia, del martes 16, de condenar a los cuatro hombres que agredieron a tres policías en el mencionado balneario rochense.
Dos de ellos irán a prisión por dos años y ocho meses por un delito de “atentado agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves y agravadas y dos delitos de lesiones personales agravadas”; un tercero deberá cumplir dos meses de cárcel y 14 meses en régimen de libertad a prueba por ser responsable de un “atentado especialmente agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales especialmente agravado y un delito de hurto especialmente agravado”; y el cuarto hombre, imputado por desacato, deberá cumplir seis meses de prisión en libertad a prueba.
Afortunadamente, sobre este último caso no hubo ninguna acusación o crítica a la conducta policial gracias a un video que circuló en redes sociales que mostró la ferocidad de los jóvenes atacantes a los policías que cumplían su labor. En todo caso, si cabe un cuestionamiento, sería sobre la cándida conducta de los uniformados que no pudieron reducir a los atacantes ni utilizaron sus armas de fuego.
El Ministerio del Interior, bajo el mando de Jorge Larrañaga, apoyado en un nuevo marco legal y en una actitud más enérgica contra los delincuentes, está logrando bajar los hechos delictivos.
Pero junto a ello se impone un apoyo de la sociedad a la policía que está actuando bajo el imperio de la ley. En un estado de derecho, la policía, que vela por la seguridad de todos, necesita del apoyo institucional y social para cumplir su tarea a cabalidad. Eso sí, siempre dentro del marco de la ley que ampara tanto a uniformados como a los ciudadanos.
Seguí leyendo
Las más leídas
Te Puede Interesar
Más noticias de Argentina
Más noticias de España
Más noticias de Estados Unidos