Un terremoto político en Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha declarado a Castillo (Perú Libre) como ganador, pese a que se procesaron el 100% de las actas de votación. Un resultado extremadamente ajustado –algo más de 60 mil votos de diferencia al cierre de esta edición, en más de 25 millones de habilitados– e impugnaciones de la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a los resultados de 802 mesas de votación han retrasado la proclamación.

Pero es muy difícil que ello no ocurra por falta de pruebas y el reconocimiento de los observadores internacionales a la labor de la ONPE. 

La carrera política vertiginosa de Castillo, un maestro rural de 51 años, del norte pobre de Cajamarca, es un ejemplo más de los males de América Latina, signada por la debilidad institucional y la fragilidad democrática que, en crisis como la que provoca la enfermedad del covid-19, sacuden a los países como un terremoto. 

Supo aprovechar muy bien el fastidio ciudadano con el deterioro de la clase política tradicional, que incluye a Fujimori, que estuvo en la cárcel por corrupción y tiene pendiente un juicio que podría llevarla nuevamente a prisión y por varias décadas.

Como es corriente en la región, los gobiernos de Perú no aprovecharon la bonanza económica para encarar reformas estructurales de largo aliento, buenas políticas para el desarrollo sostenible y un estado de bienestar en áreas claves, como la salud y la educación –cuyas debilidades quedaron al desnudo en la pandemia–, para combatir la desigualdad de origen y pensar el desempeño económico de largo plazo.

Aunque sin una mayoría propia para llevar adelante algunas de sus disparatadas ideas, es muy preocupante que Castillo –de una prédica marxista-leninista que pone en cuestión principios democráticos– haya convencido en las urnas de que es posible cumplir con su mensaje de “No más pobres en un país rico”, mediante el control y gestión directa del Estado en la economía, una receta que siempre termina en desgracia.

Qué decir de su propuesta de convocar a una asamblea constituyente para redactar en seis meses una nueva constitución que dé legitimidad a la nacionalización de empresas e impedir el libre mercado.

Pero sí podría cumplir su promesa de expulsar a los extranjeros que supuestamente cometan delitos, una tácita alusión xenófoba contra los más de un millón de migrantes venezolanos en Perú. Y también puede convertirse en hecho la cerrada defensa de Castillo a la dictadura de Venezuela.

La eventual expulsión de venezolanos y el apoyo a Nicolás Maduro representan un cambio de fondo de la posición de Perú sobre Venezuela, que ha jugado un papel importante desde la creación del Grupo de Lima.

Por todo ello es que es inquietante el ascenso de Castillo, que, sin haber sido oficialmente reconocido como el nuevo presidente peruano, ha recibido apresurado apoyo de los gobiernos de Argentina, Bolivia y Nicaragua. En Uruguay, tuvo los vítores del Frente Amplio.