El triunfo del "no a la baja" implicó una euforia el 27 de octubre del año pasado para los militantes de esa comisión. Pero en el medio de esa alegría los dirigentes que pelearon para que la edad de imputabilidad no bajara a los 16 años, también hicieron un compromiso: proponer alternativas para mejorar la seguridad en lo relativo a la minoridad infractora.
Pasaron nueve meses y esas propuestas no llegaron. Sin embargo, quien volvió a poner el tema arriba de la mesa fue el gobierno. Con una iniciativa que si bien no implica un cambio concreto sobre las penas a los menores de 18 años, sí pretende sacar a los mayores de las cárceles de menores para evitar el "contagio".
A la oposición –sea quien sea el partido que ostenta ese rol– no hay actitud de los gobiernos de turno que le venga bien.
Cuando José Mujica hablaba hasta por los codos y de todos los temas, les molestaba. Ahora que Tabaré Vázquez está en silencio, también se quejan. Cuando el Frente Amplio rechazó en el Parlamento durante varios períodos los proyectos de ley para modificar las normas sobre minoridad infractora, usaron eso políticamente para cuestionar a la izquierda, pero ahora que desde el Ministerio del Interior y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) proponen ideas similares a las que colorados y algunos blancos llevaron al plebiscito, también son críticas lo que se escucha. En vez de celebrar que el gobierno toma de sus ideas, se molestan.
Más allá de las opiniones sobre el fondo del asunto (que efectivamente es muy cuestionable porque implica sacar a los jóvenes juzgados por delitos cometidos siendo menores a cárceles de mayores) es sano que el sistema político escuche lo que piensa la ciudadanía expresada en las urnas.
Y si bien el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad salió negativo, 1.110.283 ciudadanos dieron su opinión favorable. Y la reforma propuesta era más amplia que bajar a 16 años la edad en la que las personas son regidas por el código penal de adultos. También implicaba cambios en la reclusión de los menores y es eso lo que se discute.
Por tanto, es saludable que un gobierno que ganó con el apoyo de poco más de la mitad de los ciudadanos, escuche al 48,4% de la población que votó a favor del plebiscito (que incluye también a frenteamplistas) y al menos debata sobre una de las cosas que propusieron los perdedores.
Las orejeras no son buenas consejeras de los gobiernos y que se las saquen para escuchar lo que piensan otros, aún en el error, suena saludable.
