La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó un nuevo reporte de deuda soberana actualizado a mayo.
El informe da cuenta que las necesidades totales de fondeo para este año se revisaron al alza, hasta US$ 4.299 millones, es decir US$ 89 millones más de lo proyectado en febrero pasado, que eran US$ 4.210 millones.
“El déficit fiscal (déficit primario más pago de intereses) representa el 46,5% de las necesidades de endeudamiento (unos US$ 1.999 millones), mientras que las amortizaciones representan 52,9% del total (unos US$ 2.274 millones). El monto restante refleja la acumulación prevista de activos financieros del Gobierno”, dice el reporte.
Por otro lado, da cuenta que el Endeudamiento Neto del Gobierno (ENG) proyectado, derivado del programa financiero es de US$ 1.939 millones (aumentando respecto a la estimación previa de US$ 1.893 millones). Para 2023 el tope legal del ENG se ubica en US$ 2.200 millones.
Con respecto a las fuentes de financiamiento, la emisión total de bonos, tanto en el mercado doméstico como internacional, se proyecta en US$ 3.825 millones. En tanto, los desembolsos de préstamos con organismos multilaterales se estima en US$ 396 millones este año.
Al cierre del primer trimestre de 2023, el stock de deuda bruta del Gobierno Central se estimó en 57,6% del PIB, aumentando 0,2 puntos porcentuales del PIB en comparación con el cierre de 2022. Por otro lado, la deuda neta estimada era de 54,3% del PIB, implicando un aumento de 1 punto porcentual del PIB en comparación con el cierre del año 2022.
Por otro lado, la proporción de deuda en moneda local en el total del portafolio, continuó incrementándose, alcanzando a 55% del total (casi igual al 55,3% que se alcanzó a fines del año 2012— la mayor proporción de deuda en moneda nacional obtenido).
Dentro de la estrategia de financiamiento y gestión de deuda para el año, el MEF señaló en uno de los puntos que “el Gobierno continuará buscando oportunidades para acceder al mercado internacional de bonos en moneda local, a tasas de interés fiscalmente sostenibles, que mejoren la liquidez en los mercados secundarios y fomenten la diversificación de la base inversora”. En mayo de 2021 Uruguay emitió exitosamente un bono global en pesos nominales (sin indexación a la inflación) con vencimiento en 2031.
Por otro lado, el último antecedente de Uruguay en los mercados de deuda internacional se remonta a octubre del año pasado. En esa oportunidad el país colocó exitosamente el primer Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC) denominado en dólares con vencimiento en 2034, y cuya tasa de interés está vinculada al cumplimiento del logro de objetivos de desempeño ambiental.
Al cierre del tercer trimestre de 2022 los activos líquidos del gobierno eran de US$ 1.032 millones, otros activos sumaban US$ 1.379 millones, y las líneas de crédito con organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y Fondo Latinoamericano de Reservas) sumaban US$ 1.815 millones. Para el año 2023, el Ministerio de Economía proyecta un déficit fiscal equivalente a 2,6% del PIB.
La deuda uruguaya cuenta con nota de grado inversor por parte de las cinco calificadoras de riesgo. Las agencias R&I y S&P la colocan dos escalones por encima del mínimo (BBB+) con perspectiva estable, mientras que Moodys (Baa2) y DBRS (BBB) la ubican un escalón por encima del mínimo. La primera con perspectiva “positiva” y la segunda “estable”. En tanto, Fitch Rating (BBB-) la ubica en el mínimo, con perspectiva estable.
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