UTE canceló licitación para vender las acciones de Gas Sayago

En diálogo con El Observador, el  director del ente Walter Sosa explicó que la decisión adoptada hace uso de una de las clausulas previstas en las bases, donde la administración se reserva sin necesidad de fundamentar, el derecho a cancelar el proceso en cualquier momento.

Sosa añadió que la futura administración de gobierno podrá analizar la situación y decidir si pone o no las acciones nuevamente a la venta.

El paquete accionario de la compañía pertenece en un 79 % a UTE y en 21 % a Ancap. Hace algo más de un año y medio que el gobierno descartó el controvertido proyecto para la instalación de una planta regasificadora por medio de la empresa estatal que opera bajo derecho privado y que terminó en un fracaso.

Idas y vueltas

La totalidad de las acciones se pusieron en venta en febrero pasado y hubo al menos dos empresas del exterior que habían mostrado interés en el llamado, según había dicho a El Observador una fuente del ente.

Inicialmente la apertura estaba prevista para el 30 de mayo pasado, pero próximo a esa fecha pasó para el 30 de agosto. Luego le siguieron tres nuevas postergaciones que reprogramaron la etapa final del proceso para el 27 de setiembre, el 11 de octubre y el 17 de diciembre.

La empresa adjudicataria se quedaría con el permiso ambiental otorgado por Dinama, la concesión dada por la Administración Nacional de Puerto (ANP) y los antecedentes técnicos generados en el marco del proyecto.

El adquirente no asumiría responsabilidad patrimonial por los hechos ocurridos con anterioridad a la adquisición de las acciones. Hoy la firma Gas Sayago enfrenta demandas millonarias de  otros privados tras la salida de OAS en 2015. A setiembre de 2019 había litigios y procesos judiciales iniciados contra la empresa, cuyos montos reclamados totalizaban unos US$ 94 millones.

Empresa en liquidación

El pasado 30 de junio Gas Sayago cerró sus operaciones propias y pasó a etapa de liquidación. En esa instancia se acordó el despido de todo su personal (alrededor de 10 funcionarios incluyendo 3 gerentes), con un costo cercano a los US$ 600 mil.

La excepción es la actual presidenta de Ancap, Marta Jara (ex gerente general) que tiene licencia sin goce de sueldo y que quedó por fuera de ese acuerdo.

"No hay una reserva de cargo. Antes de asumir en Ancap pedí licencia sin goce de sueldo que me otorgaron mientras me desempeñe en esa función. En el régimen privado, la empresa (por Gas Sayago) tiene el derecho de desvincularme cuando lo considere conveniente", respondió Jara semanas atrás ante una consulta de El Observador.

También sigue funcionando el directorio mientras la empresa siga activa.