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Ministro de Industria fue el Parlamento, que analiza proyecto para cerrar el consorcio.

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Gas Sayago: una "telenovela de horror" que sigue costando US$ 137 mil por mes al Estado

La mayor parte del costo lo insume el impuesto al Patrimonio que se debe pagar por el gasoducto construido por OAS y que está sin uso; otros gastos incluyen seguridad, vigilancia, arrendamientos y asesoramiento legal

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26 de mayo de 2022 a las 05:02

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avanza en la aprobación de un proyecto para ponerle punto final –al menos desde el punto de vista legal– al fallido proceso de construcción de la planta regasificadora. El texto, enviado el año pasado por el Poder Ejecutivo, plantea dividir entre UTE y Ancap los activos y pasivos de Gas Sayago, el consorcio que había sido formado entre esas dos empresas para administrar la obra.

El ministro de Industria, Omar Paganini, encabezó una delegación oficial que fue al Parlamento a justificar la aprobación de ese proyecto y actualizó información sobre los costos que sigue generando y que generará un proceso cuyo final se precipitó hace ya casi siete años, cuando GNLS, liderada por la franco-belga GDF Suez, rescindió el contrato que había firmado con el Estado para construir la planta. 

Buena parte de la exposición de Paganini fue de tono político. El ministro calificó a la empresa como "un enorme fracaso", con una regasificadora cuyo tamaño no se justificaba sin una demanda fuerte, constante y razonable, que justificara un mínimo de 1,5 millones de metros cúbicos por día; demanda que nunca existió. 

Pese a que hace años el proyecto está desde hace varios años en la nada, el Estado debe seguir pagando unos US$ 137 mil por mes por distintos conceptos, según explicaron las autoridades. La mayor parte de ese gasto lo explica el impuesto al Patrimonio que se debe pagar por el gasoducto terrestre de 13 kilómetros construido por OAS desde Puntas de Sayago hasta la conexión con el gasoducto Cruz del Sur. Al respecto, durante la sesión se reveló que existen negociaciones para que OSE se haga cargo del caño y encuentre alguna forma de usarlo.

La cuenta se complementa con gastos en seguridad y vigilancia derivados del mantenimiento del predio donde se iba a ubicar la obra y que sigue siendo arrendado a la Administración Nacional de Puertos (ANP), más el costo de la auditoría externa, así como los asesores legales que se siguen generando por los diversos litigios que enfrenta el consorcio. 

"Tenemos gastos de seguridad y vigilancia porque hay que asegurar todas las instalaciones que están allí, sobre todo, los materiales que están en el predio, algunos gastos administrativos, la auditoría externa que Gas Sayago debe seguir manteniendo, algunos gastos de asesores legales y el arrendamiento de la obradora a la ANP que en este momento tuvo un valor mensual de unos US$ 43 mil, dado que por la venta de muchos de los insumos que allí estaban, las hectáreas que estaban arrendadas a ANP se fueron reduciendo. En ese momento eran unas 7 hectáreas, ahora son unas 2 hectáreas, por lo cual la ANP fue ajustando el valor", explicó la presidenta de UTE Silvia Emaldi.

"Si sumamos entonces los gastos mensuales en pesos y en dólares se llega a la cifra del orden de los US$ 137 mil y, en este momento, en principio, excepto que se sigan vendiendo materiales, no es posible bajar prácticamente ninguno de estos gastos que tenemos aquí, más allá de si se llevara adelante el proceso", agregó.

La jerarca dijo que "luego del proceso de inicio de liquidación se han optimizado y adecuado los gastos a lo mínimo, lo necesario".

Entre los procesos que se enfrentan se destaca el de OAS. La firma brasileña –contratada por GLNS para desarrollar y ejecutar la obra– reclama US$ 13 millones por facturas impagas que Gas Sayago retuvo alegando incumplimiento de contrato. La constructora sumó otros US$ 17 millones por entender que los materiales que quedaron en el obrador le pertenecen. Así, la demanda totaliza US$ 30 millones. 

El fallido proyecto de la regasificadora enfrenta otro juicio por US$ 1,7 millones por parte de la empresa Mar Abierto, que se dedicaba a transportar vía marítima los materiales a la obra. La demanda está en la fase de diligenciamiento de pruebas. 

Por otro lado, el empresario Mario Bonanata reclama US$ 880 mil por el arrendamiento de dos terrenos de su propiedad afectados a la obra. Además, existe un arbitraje en proceso por parte de Sener, una de las consultoras que Gas Sayago había contratado en 2015 para reperfilar el proyecto luego de la salida de GNLS y que reclama US$ 7 millones. 

También se deben afrontar los gastos derivados de la demanda laboral entablada por la expresidenta de Ancap, Marta Jara, por $ 6,9 millones. El proceso está el fase de apelación ya que la demandante obtuvo, en primera instancia, un fallo favorable. Si todos los procesos se suman, los juicios que enfrenta el Estado son del orden de los US$ 40 millones.

En el futuro, uno de los temas a encarar será el desmantelamiento de los 71 pilotes hincados en plena Bahía de Montevideo que irían a formar parte de la estructura de la obra y que el año pasado el senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto) había propuesto conservar como un "memorial del despilfarro". El costo de su retiro se estimó en US$ 5,4 millones. "En su momento se había manejado un costo de unos US$ 8.000.000, pero hace poco tiempo se hicieron unas estimaciones y exploraciones de mercado y tenemos ofertas posibles por US$ 5,4 millones, o sea que hay una reducción de acuerdo a lo previsto en su momento", dijo Emaldi.

El balance de 2021 indicó que el Estado tuvo que desembolsar ese año US$ 1.753.000 en gastos asociados a Gas Sayago. 

 El gasoducto terrestre –de 13 kilómetros de extensión, con una estación de medición y regulación asociadad– configura un activo de US$ 43 millones, incluido el terreno en el que está ubicado. Existe además una deuda de US$ 2,3 millones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el retiro de arena del banco Arquímedes. Esa secretaría a su vez le adeuda al consorcio unos US$ 5 millones por la realización de infraestructura vial en las cercanías de la obra. 

Se gastó todo

"Es una página medio pesada para darla vuelta fácil", dijo el diputado Sebastián Cal (Cabildo Abierto) el miércoles 18 en la comisión ante la exhortación del gobierno a votar la ley para darle un "punto final" a Gas Sayago. El legislador insistió en su planteo de crear una nueva comisión investigadora parlamentaria sobre el asunto. Más allá de que el tema está en la órbita judicial, y que ya existió una investigación parlamentaria en la anterior legislatura, Cal justifició su pedido. "Hay cosas que las autoridades acá sentadas no me pueden responder, ya que no fueron las que tomaron ciertas decisiones. Mínimamente, merecemos contarle a la gente qué fue lo que pasó", afirmó. 

Así, sin la intención de desatar una "caza de brujas", Cal consideró necesario que las personas responsables del fallido proyecto en los pasados dos gobiernos vayan al Parlamento y digan: "me equivoqué, me asesoraron mal". 

En su línea coincidió el colorado Martín Melazzi (Ciudadanos), quien sostuvo que, cada vez que se actualizan los números, el proceso "da ganas de llorar" y se asemeja a una "telenovela de terror". El legislador dijo que el fracaso del proyecto es culpa de autoridades políticas que "jugaron a ser empresarios". Ante los juicios que enfrenta Gas Sayago, Melazzi estimó que su cierre costará al menos US$ 50 millones. 

La coalición de gobierno analiza en ese sentido varias alternativas. Entre ellas, que el tema se analice en profundidad en la Comisión de Industria sin el carácter de una investigación parlamentaria. 

Para ello, se discutirá sobre una sugerencia efectuada por el subsecretario de Industria, Walter Verri, que consiste forzar el levantamiento del "secreto" que en la pasada legislatura se dispuso sobre parte de la información surgida de la indagatoria que allí desarrolló entre noviembre de 2016 y marzo de 2018. Entre la reserva –aprobada por mayoría con los votos del entonces oficialista Frente Amplio– figura la información entregada en su momento por UTE y Ancap en relación a las ofertas presentadas para conseguir el contrato de construcción de la regasificadora.

El diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini recordó que esa investigadora derivó en la causa judicial hoy en proceso, en la cual ya comparecieron varios jerarcas del pasado gobierno. También remarcó que cuando se habla de las pérdidas del proyecto "tenemos que descontar" los US$ 100 millones que GNLS pagó para rescindir el contrato. "Se gastaron" le respondió la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Según explicó, de esa cifra US$ 36 millones se fueron en cancelar los préstamos que habían sido tomados para encarar la obra. El resto se fue en el pago de impuesto a la Renta (US$ 23 millones), en el pago de activos fijos (US$ 21 millones) y en gastos de funcionamiento y administración (US$ 20 millones). 

Fracaso

El ministro Paganini ha insistido en varias oportunidades que existieron varios momentos en los que las autoridades del Frente Amplio debieron haber puesto un freno a la iniciativa de la regasificadora. El jerarca dijo que a partir de que Argentina retiró su interés en comprar el gas, el "fracaso" dejó de ser obra de la "madre naturaleza" y pasó a ser responsabilidad de decisiones políticas que no aprovecharon una "oportunidad bastante sensata" de abandonar el proyecto cuando se cayó el interés del vecino país . De haberlo hecho, remarcó, las pérdidas sumarían solo US$ 15 millones y no los US$ 213 millones que suma hasta ahora el dato oficial. 

Paganini valoró que de haberse construido la regasificadora, se habría originado un compromiso de compra de gas naturales y cánones de repago de inversión de unos US$ 250 millones al año, que habrían significado una carga enorme para el sistema energético nacional y un riesgo para las cuentas públicas.

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