Hay una escena que se repite cada cinco años en Uruguay con la puntualidad de un ritual político. Un nuevo gobierno presenta un plan integral —de seguridad, de atención a personas en situación de calle, de reforma carcelaria, de lo que sea— con objetivos ambiciosos, lenguaje renovado y la promesa de que esta vez será diferente. Se convoca a grandes conferencias, se anuncian reformas, se presentan mesas de diálogo que legitimaría el trabajo, objetivos que prácticamente todos compartimos y resultados a los que todos quisiéramos llegar. Los políticos presentan. Los técnicos justifican. Los militantes aplauden. La prensa publica y difunde.
Sin embargo, nadie formula la pregunta incómoda: ¿No se han perseguido estos mismos objetivos en el pasado? Y si el plan anterior perseguía exactamente los mismos objetivos, ¿por qué falló? Y si falló, ¿por qué el nuevo plan no empieza por explicar ese fracaso?
La realidad es que es mucho más atractivo prometer, presentar y declarar ante la prensa que responder esta interrogación. Se copian estructuras, se reproducen objetivos, se redactan documentos que “parecen” un plan serio. Pero la sustancia —las fallas de implementación, el aprendizaje de errores previos, el rediseño basado en evidencia— brilla por su ausencia.
El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, presentado por el gobierno de Orsi, establece más de 130 medidas y reformas normativas para objetivos que ya se han prometido. El capítulo penitenciario, por ejemplo, propone mejorar las cárceles, dignificar las condiciones de vida de los reclusos, combatir la corrupción entre funcionarios carcelarios y brindar condiciones de rehabilitación dignas a los liberados. Suena bien.
De hecho, el problema es que suena demasiado bien. Contrasta, además, con la vergonzosa realidad penitenciaria del país: con las innumerables observaciones de violaciones a los derechos humanos formuladas por organismos internacionales, con los relatos de antiguos presos sobre lo que vivieron ahí adentro, e incluso con las cifras oficiales de homicidios, suicidios, apuñalamientos y enfermedades que arrojan las cárceles uruguayas.
Frente a eso surge una pregunta clara, que con honestidad intelectual y política debería hacerse todo el sistema político: ¿Por qué ahora sí vamos a poder? Si el problema es complejo y crónico, si ya se intentó resolverlo en el pasado con otros planes que buscaban los mismos objetivos hoy planteados y no se tuvo éxito, ¿por qué este plan sería distinto? ¿Qué tiene de novedoso o de potente este plan para no decantar en los mismos resultados que los anteriores?
Ya se presentaron en el pasado otros planes por otros jerarcas, de igual o distinto signo, y los resultados están a la vista. ¿Qué cambió en el diseño institucional para que ahora sí se logren los cambios? ¿Dónde está el diagnóstico del fracaso anterior? ¿Cuáles son los cuellos de botella identificados? ¿Qué incentivos se modificaron? ¿Con qué nuevos recursos se cuenta?
Parece que nuestro país aprende lo suficiente como para redactar un documento nuevo con estadísticas renovadas cada 5 años, pero no lo suficiente como para rediseñar los mecanismos que hicieron fracasar el anterior.
Lo que parece faltar claramente a nivel de políticas públicas es lo que la literatura académica denomina policy failure analysis: la capacidad de un sistema institucional no solo de registrar que algo no funcionó, sino de extraer lecciones operativas que modifiquen el diseño del siguiente intento. Sin ese ejercicio, cada plan nuevo nace huérfano de memoria: repite el diagnóstico, renueva la retórica y reproduce el error. Es una nueva ola chocando contra la misma roca.
Hay una explicación política para esta amnesia planificada, y también tiene nombre académico: blame avoidance, eludir la culpa. Varios académicos argumentan que los gobiernos, ante el fracaso de una política, tienen incentivos para no investigar demasiado sus causas, porque hacerlo implicaría asignar responsabilidades —a veces dentro de su propia coalición—. Es más conveniente políticamente presentar un plan nuevo que auditar el anterior. El ciclo electoral de cinco años refuerza esta lógica: cada gobierno hereda problemas, presenta soluciones y deja la evaluación de resultados para el siguiente, que a su vez preferirá presentar su propio plan antes que documentar el fracaso del que heredó.
No propongo magia. Propongo rigor. Todo plan de política pública debería comenzar con un capítulo de evaluación del plan anterior: qué se logró, qué no se logró, cuáles se entienden que fueron las causas del fracaso y cómo el nuevo diseño las aborda específicamente. No como formalismo burocrático, sino como condición de credibilidad y aprendizaje.
Mientras eso no ocurra, seguiremos atrapados en esta lógica perversa de planes mágicos sin expectativas reales de cumplimiento. Ojalá que dentro de cinco años, cuando se presente el próximo plan nacional de lo que sea, el sistema político tenga la honestidad intelectual de explicar: ¿en qué se diferencia esto, estructuralmente, de lo que ya intentamos? Porque si la respuesta es “en nada”, entonces no es un plan. Es un ritual político
