Un tema que tenía fácil solución se convirtió en un lío político de grandes y extensas dimensiones
Pasaporte israelí
Foto: Embajada de Israel en UruguayUn asunto bastante menor y de fácil solución se convirtió en un lío político con un llamado parlamentario y hasta pedidos de renuncia a un ministro y estiró un tema que no debía ocupar más de unos pocos días en la agenda, a todo el mes de julio.
Lo ocurrido con los pasaportes uruguayos es otro ejemplo de que frente a determinados temas en el gobierno del presidente Yamandú Orsi la marcha atrás está poco aceitada y eso le genera problemas. De eso te hablaré en esta newsletter EnClave.
“Se hizo entrega del primer pasaporte actualizado para cumplir con la normativa internacional de la OACI”, informaba la web de Presidencia el 16 de abril. En la imagen se mostraba al ministro del Interior Carlos Negro abrazando a una mujer una mujer nacida en Tayikistán, residente en Uruguay desde hace 25 años, que había logrado que su pasaporte uruguayo no dijera su lugar de nacimiento.
En el tema venía trabajando el gobierno anterior que había tomado la decisión de que el campo de “nacionalidad” pasara a llamarse “nacionalidad/ciudadanía”, por lo que un ciudadano legal figuraría entonces en ese campo como uruguayo. Esa había sido una recomendación de la local Institución de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que había sido elevada una denuncia por discriminación que estaban sufriendo los ciudadanos legales en Uruguay, que son los que pueden acceder a la ciudadanía legal por haber vivido más de cinco años en el país.
El entonces ministro del Interior Nicolás Martinelli y el canciller Omar Paganini mantuvieron tres reuniones con la organización Somos todos uruguayos. Martinelli dijo que se habían comprometido a hacer ese cambio cuando se terminaran los cartones comprados con la impresión vieja, lo que no llegó a suceder al 1° de marzo de 2025. Así, el cambio no se llegó a concretar en el período anterior.
El nuevo gobierno lo hizo pero dio un paso más al eliminar el campo “lugar de nacimiento”, algo que no estaba incluido en los reclamos. Con el cambio se abarcaba a unos 16.000 nacidos en el extranjero que son ciudadanos legales de Uruguay.
La noticia de Presidencia de abril explicaba que habían seguido recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de Naciones Unidas, pero la agencia sostiene que quitar el lugar de nacimiento es opcional y tampoco lo reclama como un imperativo.
Se citaba a la subsecretaria del Ministerio del Interior, quien afirmaba que también ellos recibieron durante la transición de gobierno a representantes de Somos todos uruguayos, junto a las autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de la Dirección Nacional de Migración, para conocer exactamente cuál era la situación.
“Evidenciamos una necesidad de readecuar el pasaporte, cambiar campos”, afirmó entonces Gabriela Valverde.
De las declaraciones de la número dos de Interior se deduce algo obvio y es que la génesis del cambio estuvo en el Ministerio del Interior. Según se explicó en esta nota de El Observador, el motivo lo dieron las jerarquías técnicas del Ministerio del Interior en el entendido de que el lugar de nacimiento era un factor de discriminación en el algún puesto migratorio.
Sin embargo, el asunto tuvo como vocero y abanderado al canciller Mario Lubetkin, que no lo manejó bien.
También evidenció una falta de comunicación entre Cancillería e Interior. Otra vez. La falta de coordinación que desde el Frente Amplio cuestionaron con dureza en el episodio del pasaporte entregado a Marset, se volvió a dar ahora. Claro que no había un narco peligroso en el medio, pero quedó claro que Cancillería no habia participado inicialmente del tema aunque rápidamente se transformó en un asunto diplomático.
Fue el embajador alemán en Uruguay Stefan Duppel el que encendió las alarmas al advertir en su red X el 9 de julio que "los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a (Alemania) con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasapoorte". El posteo luego fue eliminado.
Días después se sumó Francia a la advertencia, y se dieron a conocer casos concretos de uruguayos que no podían recibir el visado para estudiar en ese país, como el caso de Kevin Solano, seleccionado por La Sorbonne, relatado en esta nota de Tomer Urwicz. También Japón transmitió dudas sobre el nuevo documento uruguayo.
Mientras se iban dando a conocer varios casos de estudiantes uruguayos con problemas para conseguir sus visas, Lubetkin negaba que hubiera problemas.
Luego de dos semanas de debate (y mientras el tema seguía creciendo), el canciller rechazaba la posibilidad de dar marcha atrás, “salvo prueba contraria" que demostrara "errores”. Él insistía en que no los había.
El colmo fue cuando dijo que Japón había comenzado a aceptar los nuevos pasaportes uruguayos y la embajada de ese país emitió un comunicado en el que aclaró que era "altamente probable" que a los uruguayos con el nuevo pasaporte se les negara el ingreso. Lubetkin había dicho: “No hay ningún tipo de rechazo, nos han pedido un poco más de tiempo”.
Además había intentado entreverar el tema al decir que el cambio lo tenían que "empezar a explicar las autoridades del anterior período”, cuando la decisión que complicó las cosas fue la tomada en abril.
Obviamente que la oposición, que ya venía cuestionando al gobierno, se hizo un festín con las contradicciones de Lubetkin, que demostraron falta de manejo político y arrogancia. El senador blanco Sebastián da Silva planteó citarlo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado junto con Negro. Haciendo también una de más, porque el tema no lo ameritaba, tanto Da Silva como otros legisladores blancos y colorados le pidieron la renuncia al canciller.
Lubetkin tiene la virtud de ser accesible para los medios, pero en este caso le jugó en contra y facilitó más golpes opositores como el del exministro Martinelli, quien le dijo que hablaba mucho y se había metido solo en "situaciones incómodas”.
Finalmente, el martes 29, tras la obvia y necesaria intervención del presidente Orsi, Cancillería e Interior avisaron de la marcha atrás pero la escondieron todo lo que pudieron en el comunicado. Insistieron en que no se había recibido “ninguna comunicación oficial de no aceptación de los nuevos pasaportes”, aunque reconocieron “dificultades para el estampado de visas de larga estadía por parte de dos países”.
Recién en el tercer párrafo se informaba que “a partir del próximo 1° de agosto" se volvería a utilizar la "versión del pasaporte previa a los cambios introducidos el 16 de abril, en el entendido de que es internacionalmente válida y reconocida”.
Es decir que la salida que encontraron no le soluciona el problema a los 16.000 ciudadanos legales que podían sufir discriminación. No se entiende por qué motivo no se continuó con la decisión que había adoptado (pero que no llegó a concretar) el anterior gobierno.
Otra pregunta que queda es cuántos pasaportes se llegaron a imprimir entre abril y julio, y qué costo tendrá esta marcha atrás que, por otro lado, parece no ser definitiva. El comunicado del gobierno dice que se seguirá “consultando a las organizaciones internacionales competentes, el sistema político nacional, la sociedad civil y otros actores relevantes, para que la futura adecuación del pasaporte cuente con su aprobación, no discrimine debido al instrumento que otorga la ciudadanía uruguaya, y asegure la movilidad”.
¿Cuándo ocurrirá esa futura adecuación del pasaporte? ¿Qué pasará en ese momento con los que ahora tuvieron que emitir dos veces el documento?
En la entrevista que Orsi dio a este medio en mayo nos decía que no tenía problema en dar marcha atrás para corregir. "A veces me pasa que hay contradicciones entre los actores. Pasa y va a pasar. O generan excesivo ruido en la oposición o a la interna, ahí tenés que rebobinar y decir 'a ver qué pasa acá'. (...) Pero como tengo marcha atrás si hay cosas que se pueden corregir, no tengo dudas", declaró en la entrevista.
En varias crisis que ha enfrentado el gobierno, Orsi demostró que está dispuesto a poner marcha atrás, pero tanto en este caso de los pasaportes como en otros muy comentados (el de la exministra Cecilia Cairo, el de la ANP, los ascensos de la ex vicepresidenta Alejandra Koch, o el manejo de la crítica situación de las personas que viven en la calle) no se vio una reacción rápida.
Es evidente que al tema no le dieron relevancia, y ciertamente no se le iba la vida a nadie, pero el mal manejo comunicacional durante tres semanas, cuando se podía haber solucionado en una, instaló el problema y lo hizo crecer innecesariamente.