Periodista venezolano especializado en política y energía
Aunque Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y ofrece una recompensa récord, el presidente colombiano Gustavo Petro refuerza su alianza con el régimen de Caracas, combinando afinidad ideológica y pragmatismo.
El asesinato de Miguel Uribe marca un punto de inflexión en Colombia. La violencia que en las últimas décadas golpeó sobre todo a líderes locales, en relación al narcotráfico y la corrupción, esta vez escaló hasta las altas esferas del poder en medio de un clima electoral tenso y polarizado. Un precandidato presidencial vuelve a ser asesinado tras 35 años.
La ruptura entre el presidente colombiano y la vicepresidenta Francia Márquez tensiona el tramo final del mandato. La presidencia prepara el nombramiento del polémico politólogo y exactor porno Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad, la cartera creada por Márquez.
Crisis Group advierte sobre la grave contaminación de suelos y ríos, así como el quiebre del tejido social, causados por un negocio en el que confluyen la guerrilla colombiana, redes criminales y sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Mientras el uribismo denuncia una persecución judicial contra el expresidente, la izquierda reivindica la sentencia como prueba de la autonomía de la justicia: dos narrativas enfrentadas que avivan el clima de confrontación.
La represión desarticuló a la oposición. Con el voto en entredicho, la abstención marcó las elecciones convocadas tras las presidenciales. El oficialismo se aseguró el control del Parlamento, las gobernaciones y, desde ayer, la gran mayoría de las alcaldías.
El país asistirá a los comicios municipales del próximo 27 de julio en un clima de apatía, poca confianza en el árbitro electoral y con la abstención como telón de fondo.
Maduro confirmó que Chevron fue notificada sobre una nueva licencia que le permitirá reanudar sus operaciones en el sector petrolero venezolano, en un gesto que marca el retorno al pragmatismo por parte de la administración de Donald Trump.
El gobierno de Nicolás Maduro utiliza los intercambios de detenidos para avanzar en sus intereses, pero sin desmontar la represión. Entre los presos políticos que siguen en Venezuela, hay decenas de extranjeros bajo un sistema judicial cuestionado por su opacidad.
