El escándalo desatado por los audios de Diego Spagnuolo y las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está latente en el Congreso. Este martes, desde la 14, la Cámara baja sumará un nuevo capítulo a la zaga cuando se lleve a cabo el plenario de Comisiones emplazadas para dictaminar sobre los pedidos de interpelación a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Mario Lugones, Ministro de Salud; y Guillermo Francos, jefe de Gabinete.
La intención de la oposición es llevar el tema al recinto la primera semana de octubre y, de ser posible, avanzar con la interpelación antes de las elecciones de medio término que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.
El contexto en el Congreso dejó de ser favorable al oficialismo hace ya unos cuantos meses. La comprobación se da cada vez que hay un debate en el recinto. En ese marco, se espera que en las próximas semanas la oposición termine por revertir los vetos a la Emergencia Pediátrica, a la ley de financiamiento universitario y la norma que modifica el reparto de ATN.
La oposición en el Congreso
Diputados deberá abordar la ley de ATN que ya cuenta con el rechazo del veto en el Senado. Y la Cámara alta, por su parte, deberá analizar las leyes que modifican el presupuesto de Garrahan y de las Universidades. En ese sentido, el horizonte parece traer más malas noticias para el Ejecutivo.
Sin embargo, todo puede empeorar para La Libertad Avanza. A la seguidilla de derrotas legislativas se le sumará, por lo menos en términos parlamentarios, las repercusiones de las denuncias de corrupción en la ANDIS.
En este caso, a ofensiva parlamentaria tiene como punto de partida la crisis en la ANDIS. La historia es conocida. En agosto se difundieron audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, donde se lo escucha vincular a Karina Milei con supuestos pagos irregulares en licitaciones de medicamentos e insumos.
El Gobierno apartó a Spagnuolo el 21 de agosto, pero el caso escaló: la Justicia ordenó allanamientos y el juez Sebastián Casanello levantó el secreto de sumario, lo que habilitó el análisis de audios, celulares y registros contables.
Rechazo a los vetos
En paralelo a la investigación que lleva adelante la Justicia, distintos bloques opositores presentaron proyectos de resolución para que los funcionarios expliquen ante el Congreso su versión de los hechos.
El contexto para dar la discusión, no es el mejor. Si bien el Gobierno promulgó la emergencia pediátrica tras el rechazo al veto, también aclaró que no ejecutará la norma. La excusa es que no hay plata y el artilugio legal es que los legisladores no señalan en el texto sancionado desde donde surgirán los fondos para financiar los gastos previstos en la norma.
Según cálculos oficiales, la aplicación demandaría en 2025 unos $2,1 billones, equivalentes al 0,26 % del PBI, y en 2026 treparía a casi $4,7 billones (0,47 % del PBI).
En ese marco, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y algunos legisladores opositores denuncian un “veto encubierto”.
Interpelación a Karina Milei
Más allá de la discusión que atraviesa lo fiscal y las estrategias legales que intentarán los actores para poner en marcha la norma más allá de la decisión del Ejecutivo, el universo político pone la mirada en la posible interpelación a Karina Milei en el tramo final de la campaña electoral.
En ese marco, al término de la jornada habrá por lo menos una certeza. Se sabrá si la hermana del Presidente debe comparecer ante el Congreso. Lo que no estará definido será la fecha. Para eso habrá que esperar un poco más.
