Contexto
¿Qué buscaba lograr la Ley de Emergencia Pediátrica?
La ley tenía como objetivo principal declarar una emergencia sanitaria en el ámbito pediátrico a nivel nacional. Esto permitiría la asignación de partidas presupuestarias especiales para la compra de insumos, equipamiento y la mejora de la infraestructura hospitalaria. Además, buscaba una recomposición salarial para los profesionales de la salud pediátrica, con el fin de mitigar el impacto de la creciente demanda de atención por enfermedades respiratorias, especialmente en centros de referencia como el Hospital Garrahan. La propuesta había surgido a raíz de los reclamos y movilizaciones de los trabajadores de la salud.
¿Cuáles son los principales argumentos del Gobierno para vetar la ley?
El Gobierno justificó el veto a la ley basándose en su política de déficit cero y ajuste fiscal. El decreto argumenta que la norma carece de un financiamiento genuino y su implementación tendría un "impacto fiscal directo" de $115.030.000.000 debido a la recomposición salarial. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, este gasto no solo es "desmedido e irresponsable" sino que, además, forzaría la desfinanciación de otros programas sanitarios esenciales. En un intento de contextualizar la cifra, el Gobierno comparó el monto con "un tercio del calendario total de vacunas" o "tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales", argumentando que pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria tanto de la Nación como de las provincias. El decreto también señala que la ley tiene una "redacción ambigua" que podría generar distorsiones salariales en el sistema de salud.
¿Qué otras medidas vetó el Gobierno recientemente y por qué?
Este veto a la Ley de Emergencia Pediátrica se suma al reciente rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario, otra normativa aprobada con amplio consenso en el Congreso. La postura del presidente Milei se mantiene firme en la intransigencia frente a cualquier iniciativa que implique un costo fiscal y comprometa el equilibrio presupuestario. Esta posición generó lo que la Casa Rosada denomina "ruidos internos" y una creciente tensión con los gobernadores, que esperan gestos de "negociación" en medio de un contexto político complejo, especialmente después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno intentó mostrar señales de apertura con la organización de una mesa de diálogo y la designación de un nuevo ministro del Interior, pero la posibilidad de un veto a la ley de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) sigue generando incertidumbre.
¿Cómo reaccionó la oposición ante el veto presidencial?
El doble veto presidencial ha provocado una ola de críticas tanto en el ámbito político como sindical. La oposición, incluyendo al peronismo y otros sectores, condenó la decisión de frenar dos leyes con amplio apoyo. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó la medida como un "ataque despiadado". Por su parte, los gremios universitarios ratificaron un paro nacional con movilizaciones al Congreso para repudiar el veto a la ley de financiamiento. Asimismo, asociaciones de profesionales de la salud, como la del Hospital Garrahan, expresaron su preocupación, señalando que "los hospitales pediátricos no pueden esperar" por un debate presupuestario y que se necesitan respuestas inmediatas para atender la creciente demanda.
Cómo sigue
Una vez formalizado el veto, la Ley de Emergencia Pediátrica será devuelta al Congreso de la Nación. En este punto, los legisladores tendrán la posibilidad de insistir en su aprobación. Para ello, deberán reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos en ambas cámaras. La oposición ya comenzó a trabajar en esta estrategia, buscando replicar el éxito que tuvieron semanas atrás al rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este posible enfrentamiento legislativo se dará en un contexto de alta tensión política y económica. Por su parte, el presidente Milei buscará reforzar su postura fiscal y económica al presentar el lunes el Presupuesto 2026 en cadena nacional. Este evento será clave para el Gobierno, ya que le permitirá defender el ajuste fiscal y su visión económica de cara al próximo año. La intransigencia del Ejecutivo frente a iniciativas con costo fiscal y la búsqueda de evitar nuevos "fracasos" en el Congreso marcan un escenario de polarización. La posibilidad de un veto a la ley de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) sigue latente, lo que podría profundizar el conflicto con los gobernadores.
