La norma sustituirá a la NIC 1 e introducirá cambios en la estructura de los estados financieros, con el objetivo de mejorar la comparabilidad entre empresas y brindar información más clara a los inversores. Entre sus principales modificaciones, establecerá una clasificación de los resultados en categorías operativas, de inversión y de financiación, además de exigir subtotales estandarizados.
También incorporará mayores requerimientos para explicar y conciliar las medidas de desempeño definidas por la gerencia. Esto incluye indicadores como el EBITDA ajustado o los ingresos ajustados cuando se utilicen para comunicar el desempeño de una compañía y no estén presentados de la misma forma en sus estados financieros.
Renard advirtió que la implementación requerirá revisar procesos y sistemas contables, especialmente para aquellas empresas que actualmente no separan determinados resultados. Uno de los principales desafíos será el tratamiento de las diferencias de cambio, que deberán clasificarse según el activo o pasivo que las origine.
La preparación deberá comenzar antes de la entrada en vigor, ya que la norma exigirá presentar información comparativa del ejercicio anterior. Por ejemplo, los estados financieros correspondientes a 2027 deberán incluir cifras de 2026 preparadas de acuerdo con los nuevos criterios.
“Esta es la norma que entendemos que genera más desafíos a partir del año que viene”, indicó Renard, quien planteó que las empresas deberían avanzar en la evaluación de sus impactos para poder detallar los efectos previstos en sus estados financieros.
El especialista también repasó otras normas aprobadas con vigencia futura, entre ellas la NIIF 19, que permitirá a determinadas subsidiarias reducir sus requerimientos de información a revelar cuando cumplan las condiciones previstas, y la NIIF 20, sobre activos y pasivos regulatorios, cuya entrada en vigor está prevista para 2029.
Los cambios previstos de la NIIF para las pymes
Por su parte, Juan José Cabrera, socio de Auditoría & Assurance de Deloitte, analizó las novedades contables en el ámbito local y los posibles cambios asociados a la tercera edición de la NIIF para las pymes, emitida en 2025.
El especialista indicó que en Uruguay se está evaluando introducir un nuevo decreto para actualizar el marco normativo local. De aprobarse, la modificación incorporaría cambios en áreas como los estados financieros consolidados, los instrumentos financieros, el reconocimiento de ingresos y las combinaciones de negocios.
Entre las novedades se encuentra la incorporación de criterios más alineados con las NIIF completas para determinar cuándo una empresa controla otra entidad, así como modificaciones en el tratamiento de los instrumentos financieros y en la medición del valor razonable.
La nueva versión también incorporaría un enfoque para el reconocimiento de ingresos similar al de la NIIF 15, con ciertas simplificaciones. Esto implicaría identificar las obligaciones asumidas con los clientes y distribuir el precio de una operación entre los distintos bienes o servicios comprometidos cuando corresponda.
Según Cabrera, el efecto dependerá de las características de cada negocio. Las empresas que venden un producto y cumplen su obligación con la entrega podrían experimentar cambios limitados, mientras que aquellas que ofrecen garantías, servicios adicionales o condiciones variables de precio podrían necesitar un análisis más detallado.
El socio de Deloitte también abordó otro proyecto que se encuentra bajo análisis en relación a la posible introducción de un decreto vinculado con los aportes de capital de los accionistas. La propuesta busca establecer criterios para evitar que los aumentos de capital perjudiquen a los accionistas que no participan de ellos, mediante mecanismos como la prima de emisión contable cuando corresponda.
Cabrera sostuvo que las empresas deberán evaluar los efectos de las modificaciones en función de sus operaciones y circunstancias particulares, en caso de que ambos proyectos prosperen en los próximos meses.
Pilar II y los efectos de la Ley de Presupuesto
La dimensión tributaria estuvo a cargo de Ana Méndez, socia de Tax & Legal de Deloitte, quien analizó la implementación del impuesto mínimo global impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El régimen apunta a que determinados grupos multinacionales queden sujetos a una tasa efectiva mínima del 15% en las jurisdicciones en las que operan. En términos generales, alcanza a grupos con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros que cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
Méndez explicó que el impuesto mínimo complementario doméstico quedó vigente en Uruguay para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025. La especialista dijo que el decreto reglamentario había sido publicado el día anterior al evento, por lo que las empresas debían revisar sus cálculos y las posiciones adoptadas para ese ejercicio a la luz de las nuevas disposiciones.
El análisis cobra especial relevancia para compañías que acceden a beneficios fiscales, como los vinculados con zonas francas, el régimen de software, la actividad forestal o determinados proyectos de inversión. Estos beneficios pueden derivar en tasas efectivas de imposición inferiores al 15%.
La especialista también repasó los cambios relacionados con los mecanismos de estabilidad fiscal. Explicó que las empresas que entiendan que el impuesto afecta beneficios garantizados podrían solicitar un crédito, sujeto a las condiciones y los procedimientos que establezca la normativa. Sin embargo, la posibilidad de acceder a ese tratamiento dependerá de las circunstancias de cada grupo y de si el impuesto puede compensarse en otras jurisdicciones.
Otro de los aspectos señalados fue la complejidad de compatibilizar la información contable y tributaria necesaria para calcular el impuesto. Las empresas deben considerar los impuestos locales, los estados financieros utilizados para la consolidación internacional y los ajustes correspondientes al régimen de Pilar II.
Méndez también recordó que, desde el 1.º de enero de 2026, cambiaron las condiciones para determinar la retención aplicable a determinadas distribuciones de dividendos, por lo que las compañías deberán analizar el tratamiento fiscal correspondiente al país del primer beneficiario.
La sostenibilidad también llega a la gestión financiera
El evento cerró su agenda temática con un panel sobre sostenibilidad y criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por su sigla en inglés), liderado por Benjamín Dreifus Lewowicz, socio de Auditoría & Assurance de Deloitte. Participaron Cristian Toro, gerente senior de Sostenibilidad de la firma, y Gabriel Storch, director ejecutivo de DERES.
La conversación abordó cómo integrar los factores ESG en la gestión financiera, la elaboración de información y la toma de decisiones empresariales, con especial atención a los riesgos y las oportunidades que pueden afectar el desempeño de las organizaciones.
Cristian Toro, Gabriel Storch, Benjamín Dreifus Lewowicz.
Toro sostuvo que la mejor forma de vincular la sostenibilidad con las finanzas es analizar sus impactos sobre el medioambiente, las personas y la economía, y determinar cómo se reflejan en el desempeño financiero de cada organización.
“¿En qué partecita del estado financiero se ve reflejado un riesgo o una oportunidad?”, planteó el especialista al explicar la necesidad de traducir los asuntos de sostenibilidad al lenguaje financiero.
Por su parte, Storch presentó el trabajo de DERES, organización que reúne a más de 100 empresas públicas y privadas interesadas en incorporar la sostenibilidad en su estrategia y gestión. También destacó la importancia de involucrar a los responsables financieros en estas decisiones.
“Lo que no se presupuesta finalmente no se hace”, afirmó Storch, al señalar que la integración de estos temas requiere que los responsables de las finanzas comprendan su relevancia y participen en su desarrollo.
La jornada reunió así tres ejes que atraviesan la gestión empresarial: la adaptación a nuevas exigencias contables, la evaluación de los efectos tributarios de los cambios regulatorios y la incorporación de la sostenibilidad en las decisiones financieras.
