26 de octubre de 2026 13:12 hs

Durante el período de gobierno de la Coalición Republicana se llevó adelante el proceso de reforma de la Seguridad Social que estaba pendiente puesto que era necesario avanzar en ese tema ante el grave riesgo de un proceso creciente de insostenibilidad financiera de nuestro régimen previsional.

En 2020, con el Gobierno de Coalición, se instaló una Comisión de Expertos plural y amplia con representación de todos los partidos políticos, los actores sociales y representantes del Poder Ejecutivo. Esa Comisión trabajó primero en el diagnóstico y luego en una propuesta que se puso a consideración de los partidos políticos y terminó aprobándose en el Parlamento con los votos de la Coalición de gobierno.

Esa transformación previsional estableció una fórmula gradual pero decidida para revertir la insostenibilidad y dar garantías de que el sistema previsional pudiera proyectarse hacia el futuro.

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Uno de los pilares de la reforma fue la aprobación de una modificación de la edad de retiro que, lejos de consagrarse de manera radical y repentina, se iría modificando gradualmente hasta consolidarse en los 65 años.

Conviene recordar que, dadas las características demográficas de nuestro país, la fijación de los 65 años como edad de retiro era ineludible y, por otro lado, es la regla generalizada en casi todos los países de América Latina y Europa, incluso en algunos países europeos ya se está situando en 67, 68 o hasta 70 años.

En nuestras sociedades modernas se extiende de manera muy significativa la esperanza de vida de las personas y se reduce con similar intensidad la natalidad. Esta combinación produce la necesidad permanente de ajustar las normas previsionales para que el sistema sea sostenible.

Sin embargo, el actual Gobierno anunció la incorporación de una modalidad de jubilación anticipada con 60 años edad y 30 años de aporte.

Esta es una señal que, si no está bien definida y limitada, puede abrir una puerta en el sentido inverso de la tendencia demográfica y de la sostenibilidad financiera del sistema.

Es más, uno de los asuntos que los organismos internacionales observan con particular importancia a la hora de tomar decisiones de cooperación internacional, refiere a las características del sistema previsional por lo que se debe ser muy cautos al anunciar esta iniciativa.

Por eso es importante que se haya anunciado que la “edad normal” de jubilación se mantendrá en 65 años, lo que en buen romance significa que van a mantener la columna vertebral del sistema vigente, a pesar de todas las críticas que impulsaron cuando estaban en la oposición.

En segundo lugar, el que quiera podrá jubilarse con 60 años, siempre que tenga aportes por 30 años, lo que dicho sea de paso reduce la chance de muchos, pero, además, con un monto de jubilación mucho menor que el que tendría si se jubilara a los 65 años.

Se ha dicho que el valor de la jubilación será de alrededor del 35% del ingreso en actividad, muy lejos de la tasa de reemplazo de la jubilación a los 65 años que se ubicará como piso mínimo en 45%, pero que en promedio se sitúa entre el 55% y el 63%.

Además, se ha anunciado que esta causal de jubilación anticipada no será compatible con la continuidad del trabajo.

Hay que recordar que a partir de la ley aprobada en 2023 un trabajador puede jubilarse y continuar trabajando, sin embargo, en esta nueva modalidad propuesta esta opción no estará permitida.

La paradoja es que una persona que se jubila más joven y, por lo tanto, con mayor energía para seguir trabajando, no lo podrá hacer; mientras que los que se jubilen a los 65 años, si así lo desean, podrán seguir trabajando, acumulando la jubilación con un salario.

A pesar de que el Gobierno lo ha negado, resulta evidente que este régimen será un incentivo a la informalidad. Una persona podrá jubilarse a los 60 años, pero su jubilación será muy baja y además no podrá trabajar formalmente, por lo tanto, es muy probable que aumente el número, ya elevado, de los que trabajen de manera informal.

En síntesis, este anuncio no tiene otro objetivo que cumplir con una bandera demagógica que el Frente Amplio lanzó durante toda la discusión de la Reforma Previsional.

Ahora en el gobierno debe cumplir con su promesa, pero como saben que es inviable, presentan esta iniciativa que, en caso de aprobarse traerá graves problemas a quienes opten por esa alternativa y al régimen general previsional que abrirá opciones que podrían impactar negativamente en las finanzas públicas.

Pero lo más preocupante es que se engaña a la ciudadanía “vendiendo espejitos” de jubilaciones tempranas pero que no dicen que serán muy bajas y promotoras del “trabajo en negro”.

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