Entre enero y setiembre de 2026, Uruguay registró 312 homicidios, un 13% más en comparación con los 275 del mismo período en 2025. Y si ajustamos la lupa al tercer trimestre del año, fue el registro de asesinatos más alto en los últimos 15 años, desde que el Ministerio del Interior lleva estas estadísticas de forma oficial.
La explicación del ministro del Interior, Carlos Negro, apunta a la cruenta disputa de territorio entre bandas criminales. Un enfrentamiento marcado por armas cada vez más potentes y una violencia que ni los anuncios de medidas que se están tomando, ni el plan nacional a largo plazo, ni las caídas de varios de sus líderes han logrado apaciguar. ¿Por qué demoran tanto en verse los resultados? De esto te hablaré en esta entrega de EnClave.
Lo señalaba con claridad el académico colombiano Santiago Tobón (director del Centro de Estudios Valor Público de la Eafit de Medellín) en su paso por Montevideo: enfrentamos al crimen organizado con las herramientas equivocadas porque el Estado no está diseñado para tratar a estas estructuras como lo que realmente son, empresas ilegales, afirmó en entrevista con La Diaria.
En ese sentido dijo que “el crimen organizado se ha vuelto la mayor amenaza al desarrollo de América Latina. La región pasó a ser una plaza consumidora de cocaína al mismo nivel que Estados Unidos o Europa. ¿Por qué? Porque las bandas expandieron sus mercados a nuestras ciudades. Aunque el margen de ganancia en el sur sea menor que el europeo, el riesgo operativo para las organizaciones es infinitamente más bajo”.
En esa misma línea se expresó esta semana el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Chris Andino, al presentar un programa de cooperación bilateral en seguridad de US$ 6,5 millones para su primer año a cinco periodistas, entre los que estuve.
Al señalar al Primer Comando de la Capital (PCC) como la principal amenaza transnacional, afirmó: “Los nombres cambian, pero los verbos no. Hoy es el PCC, mañana puede ser otra sigla. Lo crucial es tener sistemas aptos para cualquier estructura criminal”. Y para que una estructura criminal golpee con fuerza en Uruguay, no precisa instalar un comando centralizado con sede en Montevideo; le basta con la logística local, los actores afiliados y, por encima de todo, el lavado de dinero y la red financiera.
El diagnóstico ratifica lo que ya sabemos: Uruguay está consolidado como país de tránsito, operando el Puerto de Montevideo como un punto crítico de salida. La delincuencia transnacional aprovecha las fricciones burocráticas, las fronteras porosas y los espacios grises en el Río de la Plata para actuar.
A eso se suma la dificultad operativa para incautar activos digitales o criptomonedas si no se avanza en marcos legales como la Convención de Budapest sobre ciberdelito.
Pero el punto más débil al que hacía mención el experto norteamericano pasó por señalar cómo operan nuestras agencias estatales. En pleno siglo del big data, la inteligencia estratégica y el cruce de información en Uruguay siguen dependiendo en buena medida de la voluntad personal y las buenas relaciones informales. "Es lindo y útil tener el número de WhatsApp del colega de otra agencia, pero estamos en la era del big data", ironizó Andino.
La propuesta pasa por automatizar e integrar las bases de datos de la Policía, la Armada, el Ejército y Aduanas en tiempo real. Ante la imposibilidad física de abrir todos los contenedores del puerto sin paralizar el comercio exterior, la respuesta es el software de inteligencia de datos que detecte patrones de riesgo. Como planteaba Andino, se trata de conectar nuestros sistemas en una suerte de "mamushka" institucional que encastre la inteligencia local con plataformas regionales e internacionales.
El banquillo político y las recetas repetidas
Ministro Carlos Negro asiste a la comisión de seguridad de Diputados.
Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Mientras la burocracia estatal intenta ponerse a tiro con la velocidad del delito transnacional, la política doméstica insiste en dar vueltas sobre el mismo plato, de un lado y de otro.
Este jueves el ministro Negro compareció una vez más ante el Parlamento, donde hizo una serie de anuncios sobre acciones que se están tomando. El ministro hizo referencia a que "la demanda y el tráfico de drogas se encuentran en expansión global y regional, lo que exige al Estado repensar continuamente sus estrategias combinando investigación criminal, control de armas y persecución de economías ilícitas".
Luego hizo una serie de anuncios sobre que en noviembre se hará el llamado para la incorporación de mil policías para la Jefatura de Montevideo (previstos en la ley de Presupuesto) y el incremento de la flota de patrulleros.
Además destacó que en su gestión ya han sido detenidos unos 35 líderes de bandas y ejecutadas más de 140 operaciones contra el lavado de activos.
Se refirió a operativos focalizados: el Atenea para incrementar patrullaje e investigación en zonas de mayor violencia letal (afirmó que en esas zonas se logró reducir un 42 % los homicidios y un 27 % los heridos por arma de fuego), que se complementa con Argos (intervención en zonas con hechos violentos recientes) y Dominio (respuesta inmediata en territorios tras enfrentamientos armados).
También dijo que están profesionalizando la investigación criminal para mejorar el esclarecimiento de los homicidios (que bajó de 68% a 58%) y que para ello se capacitó a más de 90 funcionarios de distintas unidades del país en inteligencia y geointeligencia aplicadas a la investigación y se está formando a 50 oficiales, con preparación para conducir investigaciones complejas, analizar información y coordinar trabajo con fiscales.
Sin embargo, los legisladores de la oposición le mencionaron que los operativos a los que refirió el ministro se concentran en "cuadrantes" reducidos que abarcan solo el 0,5 % de la superficie de Montevideo y el 2 % de la población. Cuestionaron que, mientras los homicidios bajaron en esa zona, del Cerro, donde también se puso en marcha el plan Más barrio, se dispararon y desplazaron hacia otras áreas de la capital, como Flor de Maroñas y Villa García, donde se concentró el aumento del trimestre.
Por otra parte, los diputados Gabriel Gurmendez y Adriana Balcarcel consultaron explícitamente sobre el impacto y despliegue de los blindados y tanquetas, que había sido un anuncio del propio Negro como una solución para poner orden en el territorio. Le preguntaron cuántos vehículos se utilizaron simultáneamente, cuántas horas de vigilancia efectiva realizaron, en qué barrios operaron y qué evaluación objetiva existía de ese recurso, a lo que el ministro respondió con evasivas, sin dar detalles, y cerró diciendo que, dada la hora avanzada y la extensión del cuestionario planteado, respondería a esas preguntas por escrito.
También le hicieron notar que en el departamento de Montevideo las rapiñas y los hurtos aumentaron por primera vez después de mucho tiempo en este período (se registraron 188 denuncias de rapiñas más entre enero y setiembre y 1.386 denuncias de hurtos más).
Del lado opositor se exigen respuestas inmediatas, se cuestiona la falta de rumbo y se reclama la cabeza del ministro ante la falta de resultados. Una escena repetida y sin sorpresas. Pasaba con Eduardo Bonomi —aunque en su caso llevaba varios años en la cartera y Negro apenas año y medio—.
Lo llamativo no es el pedido de renuncia, sino la poca originalidad de las alternativas. La única propuesta concreta que hicieron quienes exigen un recambio de autoridades es volver a insistir con los allanamientos nocturnos. Una herramienta que es cierto que resultaría de utilidad y cuenta con el respaldo de buena parte de jueces y fiscales, pero que la ciudadanía ya votó y no aprobó una reforma constitucional.
Que esa sea la panacea o la única bandera en la agenda de la oposición denota de la falta de ideas globales.
Atacar el negocio, cortar el flujo de dinero, profesionalizar la inteligencia policial (junto con atacar la corrupción que atenta contra los resultados) e integrar los datos, parecen ser las claves que el sistema político uruguayo debería sumar a sus propuestas.
Las autoridades que gobiernan y tienen el mando represivo no deben olvidarse tampoco del vecino que sufre las consecuencias de las balaceras en su barrio, de las víctimas colaterales, de la intranquilidad con la que viven.
